Sin Egipto, no hay Primavera Árabe posible. Pero en Egipto es invierno, y amenaza con ser muy largo.

Semioculta entre los despliegues informativos sobre la crisis de Ucrania y la catarsis nacional por la muerte de Adolfo Suárez, ha pasado bastante desapercibida la noticia de la sentencia de muerte por asesinato dictada el pasado lunes por un juez de la ciudad egipcia de Minya contra 529 supuestos miembros o simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, la organización hoy ilegalizada y perseguida del depuesto y encarcelado presidente Mohamed Mursi. Otro juicio –en el mismo lugar y con el mismo magistrado- sentó en el banquillo el martes a otros 683 detenidos, aunque el veredicto no llegará hasta abril. Con el anuncio de otros dos macrojuicios, el número total de imputados o condenados en Minya asciende a 2.150.

En ambos procedimientos, resueltos casi en cuestión de horas, los acusados –muchos de ellos procesados en rebeldía- no han contado con las mínimas garantías de defensa. El delito por el que se condena a los primeros 529 es la muerte de un policía en el asalto a una comisaría en protesta por el derrocamiento de Mursi y el posterior y mortífero aplastamiento de las protestas de sus partidarios. Se da la circunstancia de que la misma viuda del policía cree que los únicos culpables de la muerte de su marido son dos médicos –hoy fugitivos- del hospital al que fue conducido tras resultar herido durante los enfrentamientos.

No hay constancia de que el juez haya obedecido en este caso las órdenes de la oficiosa cadena de mando que se salta la teórica independencia de los tres poderes básicos y que tiene en lo más alto al hombre fuerte del país, el mariscal y casi seguro próximo presidente Al Sissi (ayer mismo dimitió como ministro de Defensa para ser candidato), pero está claro que la sentencia está en consonancia con la brutal represión militar desatada contra los Hermanos Musulmanes. Catalogados como grupo terrorista, sus organizaciones –incluso las caritativas- han sido disueltas, se les ha privado de sus fuentes de financiación, sus medios de comunicación se han eliminado, y sus dirigentes, militantes y simpatizantes son perseguidos, detenidos y encarcelados. Más de 16.000 se hacinan, sometidos a malos tratos, a la espera de juicio.

Es cierto que la sentencia, por su propia desmesura, supone una propaganda negativa para el régimen que es lo último que le conviene cuando pretende ofrecer un perfil moderado de cara al exterior. Por eso es más que probable que no sea ratificada cuando sea recurrida, como ha dado a entender el propio ministro de Exteriores. Sin embargo, constituye un reflejo evidente del camino sin retorno que supuso el golpe de julio, y de que no hay posibilidad de pacto con la que fue la fuerza política triunfadora en las urnas y que luego se ganó a pulso el rechazo de buena parte de la población. También muestra que una parte importante de la judicatura –que formó parte esencial del Estado profundo construido por Hosni Mubarak- ha desarrollado un ansia de revancha contra Mursi y la Hermandad, a los que no perdona el intento de controlarla y recortar sus privilegios.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el juicio de Minya, que se cerró con un número de condenados a la pena capital "sin precedentes en la historia reciente", no cumplió las condiciones mínimas para ser considerado justo y estuvo "repleto de irregularidades de procedimiento que violan el derecho internacional". Para Amnistía Internacional, fue "un ejemplo grotesco de las insuficiencias y la naturaleza selectiva del sistema de justicia egipcio", que entre tanto deja sin investigar la muerte de centenares de manifestantes contra el golpe militar del pasado julio y que, todo lo más, ha condenado a un policía a una pena de prisión por la muerte de 37 detenidos. La última ejecución en Egipto de la que se tiene noticia se produjo en octubre de 2011, cuando fue ahorcado el asesino convicto de seis cristianos coptos y un policía musulmán.

La sentencia constituye una burla a la justicia que, aunque no sea el resultado directo de una cadena de mando que llegue de los militares al magistrado, desenmascara el carácter arbitrario del régimen surgido de la acción del Ejército que derribó un Gobierno que cometió errores de bulto que lesionaron en parte su legitimidad moral, pero que emanaba de un proceso democrático irreprochable. Con un guion que meses después se seguiría al menos en su arranque también en Ucrania, y tras una oleada de multitudinarias y heterogéneas protestas populares, Mursi pasó de ser un jefe de Estado legítimo y reconocido internacionalmente, a un reo de asesinato y alta traición en espera de sentencia y abandonado con escasas excepciones por la comunidad internacional.

Como en Ucrania, quienes derribaron un régimen legítimo emprenden un proceso de normalización democrática, que excluye a la Hermandad y que recuerda la toma del poder por los militares en Argelia cuando el Frente Islámico de Salvación estaba a punto de hacerse con el poder en las urnas. La consecuencia en el país magrebí fue una terrible guerra civil que se cobró en torno a 200.000 vidas.

Este es el modelo de democracia que se impone e incluso se aplaude desde Occidente cuando desagrada el rumbo que está tomando el gobierno de un país situado en una zona caliente y de gran importancia geoestratégica: la voluntad popular expresada en elecciones libres y multipartidistas aunque con distorsiones por los errores o malas prácticas de los Gobiernos así legitimados, no se somete a la ratificación o rechazo en la siguiente cita electoral, como sería lo natural. Por el contrario, se rectifica antes incluso de forma violenta mediante procesos calificados de "revolucionarios", basados en movimientos de masas en lo que técnicamente no puede calificarse sino como golpes de Estado. La coartada es que, al final del camino, la revolución se legítima en las urnas, que lo mismo sirven a una cosa que a la contraria, a un bando y al otro, con todos ellos enarbolando la bandera de la democracia auténtica.

Mientras tanto, el mismo Obama que se espanta por la secesión de Crimea y su unión a Rusia, en el caso de Egipto mira hacia otro lado para no ver la deriva de la represión militar, satisfecho porque los intereses de EE UU –y de su aliado israelí- están a salvo con una hoja de ruta que traiciona el espíritu de la revuelta del Tahrir que derribó la dictadura de Mubarak . Y silba, como sus aliados europeos.