Gran parte de los pragmáticos republicanos de izquierdas que estos días engrosan por motivos prácticos y coyunturales las filas monárquicas utilizan dos argumentos: que este país tiene hoy demasiados problemas graves como para que merezca la pena correr los riesgos de abrir el melón del cambio de la forma de Estado y que, si se proclamase la república, el remedio podría ser peor que la enfermedad.

En tertulias televisivas, reuniones de amigos y discusiones familiares hay una pregunta que se repite de forma machacona: ¿Qué prefieres, Felipe rey o Aznar presidente de la república? Así pertrechados, los lúcidos gamberros de El Intermedio se echaron a la calle y constataron que la perturbadora perspectiva de ver al hosco integrante del Trío de las Azores en el cargo de máxima representación del Estado convertía automáticamente en monárquicos a la mayoría de los republicanos a los que se ponía un micrófono delante.

Sin embargo, para centrar el debate en lo esencial, hay que olvidarse del ejemplo extremo, hacer de tripas corazón, optar por la coherencia y declarar, por mucho que se deteste al ex jefe de Gobierno: "Preferiría a Aznar presidente de la república". Porque en cuestiones de este calado, cuando hay tanto en juego, hay que ir al meollo y no camuflarlo con la discusión sobre personas concretas.

Felipe VI podrá ser (o no) un rey culto, de su tiempo, de profundas convicciones democráticas, de sólida formación política, discreto, tolerante, prudente, decidido a no repetir los errores de su padre, a dedicar su vida de forma altruista al servicio del país y a no pasarse un pelo del mínimo papel que se atribuye en una monarquía  parlamentaria. Podrá ser (o no) ese dechado de virtudes con el que le aureolan desde hace semanas la mayoría de los medios de comunicación y de la clase política, en el más apabullante despliegue de adulación de la historia de la España democrática.

Y Aznar (por poner un ejemplo extremo), podrá ser (o no) ese tipo soberbio, sectario, reaccionario, hosco, alhumorado y desagradable que hace que más de media España tuerza el gesto en cuanto abre la boca.

Podrá ser (o no) el prototipo de lo que la inmensa mayoría de los lectores de Público y el autor de esta columna creen que no debería ser un dirigente político.

Sin embargo, eso no tiene por qué descalificarle a priori como eventual presidente de la república porque, con independencia de la catadura de un personaje en concreto, la legitimidad del cargo debería tener un origen  democrático, resultado (por elección directa o indirecta) de la confrontación entre diversos candidatos y de expresión de la voluntad popular, que debería estar por encima de la sangre y la herencia, rancias claves de la institución monárquica.

El mandato del presidente, además, tendría una duración definida y su extensión dependería de que lo permitiese la ley y, de ser ése el caso, de si desempeña su labor de forma satisfactoria, pero siempre según un guion democrático. En cambio, con el rey, bueno o malo, nos guste o no, hay que tragar –si no cae antes por su propio peso- hasta que él mismo quiera, como ha hecho su padre, y en ese caso sólo para legar el trono a su hija, con independencia de si la flamante princesa de Asturias está o no dotada para ejercer el cargo, la adornen o no todas esas virtudes que, con gran ligereza y escaso contraste, se atribuyen a Felipe VI. Y sin que ni los ciudadanos puedan decir esta boca es mía.

Lo deseable, además, sería que opciones tan polémicas como la de Aznar quedasen descartadas en la práctica, y que las leyes o cuando menos la prudencia política facilitasen la elección de un candidato de consenso que, con independencia de su adscripción política (aunque mejor que no la tuviese), gozase de un amplio y generalizado respeto que le facilitase un papel mediador y de búsqueda de la convergencia que podría ser muy útil en situaciones extremas.

La actual monarquía parlamentaria debería abrir paso a una república del mismo carácter, en la que el poder ejecutivo siguiese encarnado en un Gobierno que gozase del respaldo de las Cortes. Está claro que el ejemplo a seguir no sería el de Francia o Estados Unidos, sino más bien el de Alemania o Italia. En este último país, ex comunista como el anciano Giorgio Napolitano ha sabido utilizar sin condicionamientos ideológicos su escaso poder legal y su amplio poder moral para influir en la solución de una crisis política de extrema complejidad y evitar quizás el colapso del sistema.

Por supuesto, se antoja imposible que alguien tan soberbio y sectario como Aznar pudiese hacer otro tanto, pero resultaría aún más absurdo que ese papel lo ejerciera el rey Felipe, cuyo único atributo y legitimación para ser jefe de Estado es ser hijo de su padre, quien, por cierto, debía su corona no tanto a ser hijo del suyo como al capricho y la conveniencia política de un dictador siniestro y vengativo. Aunque la monarquía estuviera dentro del paquete constitucional que se votó en diciembre de 1978, en circunstancias en las que se imponía la prudencia, 36 años después, y sin existir ya aquellos riesgos potenciales, no hay motivos claros para mantener una institución absurda, anacrónica y, por su propia naturaleza, antidemocrática.

Las encuestas apuntan a que, de celebrarse hoy un referéndum sobre el modelo de Estado, se impondría con holgura la opción monárquica, cosa nada extraña dado el jabón que políticos y medios de comunicación están derrochando con Felipe VI. No está tan claro que fuera ese el resultado si el asunto llegase efectivamente a las urnas tras una campaña abierta pero, aunque ocurriera así, por lo menos se dotaría a la institución de una legitimidad democrática de la que ahora carece, por mucho que se pretenda que está consagrada en la Constitución.

Los republicanos tendrían que aceptar el resultado, aunque sin dejar de preparar el próximo envite. Por eso no se entiende la resistencia a convocar la consulta. Es como si se quisiera evitar que la institución monárquica se infectase con un virus, el de la democracia, que algún día, si hay un poco de lógica en este país, terminará por destruirla.