El mundo es un volcán

Cuestión de doble rasero: maldita Venezuela, bendito Egipto

La próxima semana, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, será recibido en España con todos los honores. A finales de enero, el rey Felipe VI se entrevistó con él en Addis Abbeba con ocasión de la cumbre de la Unión Africana, y a mediados de abril el ministro de Industria, José Manuel Soria, le transmitió en El Cairo el apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy al proceso de transición política y la solidaridad en su lucha contra el terrorismo. Ni una palabra sobre el hecho de que Al Sisi derribó con un golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente, ilegalizó a su partido y persiguió con saña a sus miembros.

De forma casi simultánea, el Congreso de los Diputados, con respaldo unánime de populares y socialistas, aprobaba una proposición no de ley en la que se pedía la liberación inmediata de los opositores venezolanos "arbitrariamente encarcelados", con referencia expresa a Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. La resolución iba en línea con la del Parlamento Europeo de marzo, que contó con el rechazo entre otros de los diputados de Podemos. La formación de Pablo Iglesias justificó su actitud en que "la manera de solventar los conflictos es el diálogo" y no las sanciones a las que el texto podía abrir paso. El secretario de organización, Sergio Pascual, aclaró por su parte que esos encarcelamientos son "condenables y execrables".

La reacción del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que sabe muy bien lo que se hace pero que no se caracteriza por su continencia verbal, ha sido contundente: acusar al Gobierno español y al propio Mariano Rajoy de terrorismo y de promover un golpe de Estado para derribarle. A su vez, el Parlamento de Caracas declaraba persona non grata al ex presidente socialista Felipe González, en el punto de mira del régimen bolivariano por su decisión de colaborar en la defensa de Ledezma y López. A renglón seguido, España decidía llamar a consultas a su embajador en Caracas. Está servida la crisis más grave en las relaciones bilaterales que se recuerda, que deja en una minucia el famoso ¿Por qué no te callas? del rey Juan Carlos a Chávez. Y lo peor puede que esté aún por llegar.

Vaya por delante que no pretendo ni demonizar al régimen egipcio ni deificar al venezolano, sino dejar en evidencia una escandalosa muestra de doble rasero, como las innumerables que marcan la política internacional de Occidente. Cosa distinta sería si los políticos españoles fueran tan celosos de la defensa de los derechos humanos que tuviesen tras de sí un glorioso y noble historial que incluyera la condena institucional a Estados Unidos por la cárcel de la vergüenza de Guantánamo, a Arabia Saudí por la discriminación de las mujeres o la represión de cualquier signo de disidencia, a China por batir el récord mundial de ejecuciones o a Israel por acogotar al pueblo palestino y, de vez en cuando, machacar Gaza al precio de miles de vidas, en su mayoría civiles inocentes. Pero no es el caso, ni nadie espera que lo sea. Pragmatismo manda.

Puede que Nicolás Maduro sea una mala copia de Hugo Chávez, que su estilo (que no su sustancia) parezca desde la añeja Europa de la sutileza diplomática un tanto impropio de un jefe de Estado, que su idea de la democracia y del respeto de la pluralidad, de la independencia de la justicia, de la libertad de prensa y de los derechos humanos no sea la homologada en Estados Unidos y a este lado de charco, incluso puede que tenga su parte de culpa en el aumento de la inseguridad y en el despeñadero económico por el que se precipita su país. Y es más que probable que se haya pasado tres pueblos a la hora de meter entre rejas a Ledezma y López, incluso en su reacción a las bofetadas de los Parlamentos europeo y español.

Quizás haya algo o bastante de cierto en ello, pero hay también cosas imposibles de negar: que el chavismo se mantiene en el poder gracias a la voluntad popular libremente expresada en las urnas, sin que las eventuales irregularidades hayan desvirtuado los resultados; que los venezolanos (como los bolivianos o los ecuatorianos) tienen todo el derecho a poner en práctica su propia forma alternativa de democracia; que tampoco la practicada en España es como para lanzar cohetes, a la vista del estado de la corrupción que ha propiciado; que Chávez y Maduro han reducido drásticamente una desigualdad que ofende al sentido de la decencia y han sacado de la pobreza a millones de desheredados; que las dificultades económicas son en gran medida consecuencia de la drástica reducción del precio del monocultivo energético; y que en los disturbios de febrero de 2014 origen de la detención de opositores, la violencia no fue monopolio del poder, sino que también fue ejercida por los enemigos del mismo.

En el caso de Egipto, siempre clave para la estabilidad de Oriente Próximo, podría argüirse que un país de la dimensión económica y política del nuestro no puede permitirse el lujo de ponerse digno con otro de tanta importancia estratégica y en el que muchas empresas españolas tienen considerables intereses. Por desgracia, la diplomacia se rige por el pragmatismo, no por los principios. Si hubiera que atenerse a éstos sería muy difícil hacer negocios fuera y desarrollar una política exterior viable. Pero es justamente desde esa perspectiva desde la que resulta menos justificable la actitud del Gobierno de Rajoy, respaldada en este caso por la oposición socialista y con el protagonismo respetable pero un tanto sorprendente de Felipe González.

Si el pragmatismo puede explicar el hecho de mirar a otro lado para no ver la esencia podrida del régimen egipcio, aún resulta más difícil de entender que no se aplique el mismo criterio en el caso de Venezuela, donde el déficit democrático es mucho menor, en tanto que la penetración de las grandes empresas española es mayor. Conjugar principios e intereses suele ser complicado, pero en este caso la disonancia es brutal.

Frente a la crisis abierta con Venezuela, resulta oportuno recordar que el mariscal Al Sisi, al que se va a recibir en España con los brazos abiertos y la alfombra roja , accedió al poder tras un golpe de Estado que derribó a un Gobierno de los Hermanos Musulmanes democráticamente elegido. Su legitimación en las urnas tras quitarse el uniforme, homologada por Occidente, elude el hecho de que estuvo ausente del proceso electoral la fuerza mayoritaria, derrocada, ilegalizada y perseguida sin cuartel por las fuerzas de seguridad y por unos tribunales al servicio del nuevo poder.

Ayer mismo, la oleada de detenciones, juicios, condenas a muerte o a largas penas de prisión contra miembros de la Hermandad tuvo su expresión más simbólica hasta la fecha con la sentencia a 20 años dictada por un tribunal de El Cairo contra el ex presidente Mohamed Mursi. Aunque fue absuelto de asesinato premeditado, se le halló culpable de incitación a la violencia y de tortura con ocasión de los enfrentamientos frente al palacio presidencial de finales de 2012. Huelga decir que las mismas acusaciones podrían lanzarse contra Al Sisi y sus partidarios por su responsabilidad en los centenares de muertos por la violencia ejercida contra la Hermandad tras el golpe de Estado. Aunque, claro está, para eso haría falta, no ya cambiar los jueces –que han mostrado una camaleónica capacidad para adaptarse al nuevo escenario- sino que quienes hoy están en la cárcel recuperasen el poder. De la represión no se han librado ni muchos de los dirigentes de la revuelta popular que, con la bandera de la democracia enarbolada, estuvo en el origen de la caída del régimen corrupto y personalista de Hosni Mubarak que, en la práctica, ha restaurado Al Sisi, defraudando así todas las esperanzas suscitadas por una primavera árabe que no tardó en convertirse de nuevo en invierno, incluso más crudo y turbulento que en el pasado.

El presidente golpista representa un régimen cuya consolidación, tal y como están las cosas en Oriente Próximo, interesa sobremanera a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y puede que hasta la Unión Europea y España. Con Libia, Yemen, Siria e Irak en llamas, con el Estado Islámico convertido en una amenaza existencial, con la negociación sobre el programa nuclear iraní sin cerrarse, con el conflicto palestino-israelí enquistado, con tantos y tantos expedientes sin resolver, sería una catástrofe que el caos se extendiese a Egipto, el país sobre el que ha pivotado tradicionalmente la estabilidad de la región.

Como el pragmatismo manda, y como a fin de cuentas España no es sino una pequeña o mediana potencia sin gran peso en la escena internacional, no se trata de que, desde Madrid, se reclame al Parlamento de Estrasburgo o al de Madrid que promuevan una resolución que exija la liberación de Mursi y los miles de dirigentes y militantes de los Hermanos Musulmanes y de la revuelta de Tahrir; tampoco de pedir a Felipe González o a José María Aznar que, al igual que han hecho en el caso de Venezuela, promuevan o se sumen a una iniciativa de ex jefes de Estado que denuncie la "grave alteración democrática y constitucional" en Egipto.

El objetivo es más modesto: tan solo se trata de instarles a tener un poco de vergüenza ajena, a que disimulen su cinismo, a que no muestren de forma tan grosera la forma desequilibrada en que utilizan su vara de medir. Porque también es cuestión de dimensiones: sin por ello justificar algunas medidas y actitudes del régimen chavista, cualquiera que no sea un sectario tendrá que convenir en que media una distancia abismal con los modos dictatoriales y antidemocráticos con los que se ejerce el poder, no ya tan solo en Egipto, sino en otros países amigos de la región como Arabia Saudí o Israel, en este último caso contra el enemigo externo (¿) palestino.

¿O acaso tendremos que pensar que el auténtico motivo de este vergonzoso doble rasero y de la ofensiva contra el régimen chavista no es la defensa de los opositores detenidos –que ojalá sean liberados pronto-, sino la oportunidad que brinda este asunto, en el año de todas las elecciones, de atacar a Podemos, el enemigo que representa una amenaza existencial para el bipartidismo?