Presento mi candidatura a figurar en la lista de los peores profetas del siglo XXI. Todavía estoy dándome golpes de pecho por la afirmación que hice en mi columna de la semana pasada de que el Frente Nacional tenía casi garantizado gobernar al menos en dos importantes regiones francesas, aquellas en las que se había impuesto por amplia mayoría en la primera vuelta y en las que eran candidatas Marine Le Pen y su sobrina Marion. Que el resto del artículo conserve su validez no me sirve de excusa. Mea culpa.

Si vuelvo con el tema es porque pocas veces he estado más contento de equivocarme. El frente republicano formado por los socialistas y el centroderecha, responsables en buena medida de los barros que trajeron estos lodos, ya había frenado en otras ocasiones el ascenso del FN, sobre todo cuando lo dirigía el patriarca Jean-Marie. Esta vez, sin embargo, parecía mucho más real la posibilidad de que la formación ultraderechista y xenófoba se hiciera con el gobierno de varias regiones con millones de habitantes. El peligro se ha conjurado, aunque de su dimensión da idea que, en el conjunto del país, el FN fue el partido más votado en la primera vuelta, con casi el 28% de los sufragios.

A evitar el cataclismo Le Pen ha contribuido de forma clara el aumento en más de ocho puntos del porcentaje de participación en la segunda ronda, que ha llevado a las urnas a muchos desencantados de los partidos tradicionales que en la primera habían optado por la abstención. El resultado constituye una magnífica noticia, aunque habría mucho que discutir sobre quien ha ganado y quien ha perdido.

No se trata de defender el sistema electoral francés, ni mucho menos de propugnarlo para España, donde el contexto es muy diferente, sobre todo por la inexistencia de un partido de extrema derecha. Pero sí conviene hacer notar que, en este caso, ha sido precisamente ese sistema el que ha permitido parar los pies al FN. Si en estos comicios hubiera regido el criterio tan defendido por Mariano Rajoy de que debe gobernar la lista más votada, hoy habría 6 de 13 regiones francesas con administraciones del Frente Nacional –aquellas en las que contó con más apoyo en la primera vuelta-, lo que le habría dado por vez primera una sólida base de poder y una presencia en las instituciones que propulsaría las posibilidades de Marine Le Pen de llegar algún día a la presidencia de la república.

Incluso con la fórmula con la que se especula y que suprimiría la segunda vuelta en los casos en que un partido alcanzase en la primera al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado, Marine Le Pen sería hoy presidenta de Norte-Paso de Calais-Picardía y su sobrina Marion en Provenza-Alpes-Costa Azul. Ambas sobrepasaron esos límites. En otra región, Alsacia-Champagne-Ardenas, el FN, con el 36,06%, superó también en 10 puntos al centroderecha encabezado por Sarkozy, que se quedó en el 25,83%.

No estaría mal que Rajoy dijera claramente si lo que defiende para España  –con una falta de concreción que deja muchas dudas en el aire- lo defiende también para Francia donde, en el caso de las regionales, hay segunda vuelta excepto en el caso de que una lista obtenga mayoría absoluta en la primera. A la ronda definitiva no pasan dos, sino todas las que hayan superado el umbral del 10% de los votos, lo que suele restringir la contienda a tres (ultraderecha, centroderecha y centroizquierda), aunque puede haber excepciones, como la de estos comicios en Córcega, donde seis partidos superaron la barrera.

En realidad, no hay una fórmula magistral que determine si un sistema garantiza los mínimos democráticos, por lo que son la eficacia con la que funciona y el grado de consenso los que conceden o no auténtica legitimidad al que se utiliza en cada país, donde circunstancias diferentes pueden aconsejar fórmulas diferentes. En Argentina, por ejemplo, apenas se cuestiona que el presidente sea elegido, sin necesidad de segunda vuelta, con el 45% de los votos, o con el 40% si saca al menos 10 al segundo más votado. Y tampoco es motivo de debate la fórmula empleada en Estados Unidos, donde la concesión en cada uno de los Estados de todos los compromisarios al candidato que quede en cabeza, aunque sea con una mínima ventaja, hace posible que el más votado no se convierta en presidente, lo que por cierto ha ocurrido en alguna ocasión.

Lo preocupante en que en un país como España, donde el máximo problema del sistema electoral es la carta blanca que deja a las cúpulas partidarias para formar sus listas, se propugne cambiarlo –sin que exista consenso- por motivos partidistas y coyunturales. Y sin otro detonante que el hecho de que la emergencia de Ciudadanos y Podemos ha desvanecido de forma generalizada las posibilidades del PP de reeditar mayorías absolutas, lo que en importantes comunidades y capitales ha permitido coaliciones que han echado del poder a los populares. Nada dijo Rajoy de cambiar las reglas del juego cuando, en 2011, se benefició de ellas al obtener una cómoda mayoría absoluta de escaños en el Congreso con sólo el 44% de los votos.

Según el presidente del Gobierno, más allá de lo que estipula hoy la ley, lo más lógico y natural desde el punto de vista democrático sería que gobernase "quien ganase la elecciones", o sea, según él, el partido más votado. Eso deslegitimaría que dos o más partidos "perdedores" pudieran unirse nunca contra el que ha quedado en primer lugar. Es cierto que no ha ocurrido nunca en democracia tras unos comicios legislativos, pero eso no implica que no pueda ocurrir ahora, sin que suponga una perversión del sistema. En cualquier caso, un cambio en profundidad de la ley electoral debería ser fruto de un amplio consenso y, si quiere responder a las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos, su prioridad no debería ser favorecer en exceso a una minoría, más allá de algún ajuste para facilitar la gobernabilidad, en claro perjuicio de la mayoría

Con la misma vara de medir que esgrime Rajoy, no debería haberse constituido una coalición de izquierdas en Portugal, que su correligionario, el presidente Cavaco Silva, se empeñó en impedir con una energía digna de mejor causa. Y, en la misma línea, Sarkozy y Hollande deberían haber asistido impasibles al triunfo de Le Pen, en lugar de sumar fuerzas frente al enemigo común.

La irritación y el miedo de Rajoy por los frentes anti-PP tras las municipales y autonómicas y, sobre todo, por lo que pueda ocurrir tras el 20-D, recuerdan la rabia mostrada por la líder del FN ante lo que considera un indigno escamoteo de su victoria en las regionales.

El cortafuegos electoral impuesto en Francia, precisamente para  frenar a Le Pen, ha funcionado de nuevo con precisión, gracias sobre todo a la renuncia de los socialistas a librar batalla en las regiones en las que no tenían posibilidades de triunfo y a su llamamiento a apoyar las candidaturas de los Republicanos. Lo mismo ocurrió en las elecciones departamentales del pasado marzo, en las que la misma alianza coyuntural de fuerzas por lo demás rivales enconadas en su disputa del poder permitió que el centroderecha se impusiera en 535 de los 538 enfrentamientos directos de segunda vuelta con el FN.

Con la actual normativa, una formación con casi el 30% de los votos a nivel nacional puede quedar fuera de las instituciones, lo que en otros escenarios y circunstancias podría conducir a resultados perversos. Por ejemplo en Turquía donde, en aras de una estabilidad más que cuestionable, y con la ley electoral aprobada tras el golpe de 1980, un partido que no alcance el 10% de los votos queda de forma automática fuera de la Asamblea Nacional. Esa circunstancia, unida a la prima al vencedor, ha perjudicado al principal partido kurdo (que solo este año ha superado por fin la barrera fatídica) y ha beneficiado de forma rotunda en los últimos 13 años a la formación islamista del hoy presidente Erdogan, cuyo objetivo último es ejercer el poder sin cortapisa alguna.

Los votantes del Frente Nacional, que ven como sus votos apenas sirven para nada, se consideren víctimas de una conspiración antidemocrática y se preparan para el próximo asalto, que pasa por acceder a la segunda ronda de las presidenciales de 2017, lo que a estas alturas parece seguro.

Como se ha demostrado en las regionales, la opinión de una amplia mayoría de los franceses es que hay más ventajas que inconvenientes en esta anomalía electoral. Por eso se han movilizado en masa para derrotar a quien consideran que persigue dinamitar las bases morales del arraigado modelo de convivencia.