Uribe pretende dinamitar el acuerdo de paz en Colombia

 

En un mes el de agosto que ha ofrecido en Brasil el lamentable espectáculo de un Senado repleto de corruptos juzgando a una presidenta que muy probablemente se saltó la ley, pero que no se metió un real en el bolsillo, el acuerdo de paz entre la guerrilla comunista de las FARC y el Gobierno colombiano constituye sin duda una excelente noticia. Por supuesto, el sentimiento que debe predominar es el de la satisfacción, ya que supone un hito trascendental para liquidar un conflicto que se ha cobrado más de 200.000 vidas y ha provocado el desplazamiento forzoso de siete millones de personas. Sin embargo, no hay que confundir un acuerdo de paz, por esperanzador y positivo que pueda resultar, con la misma paz, porque queda por delante un arduo camino, repleto de obstáculos, y que no excluye la posibilidad de descarrilamiento.

Para que el compromiso entre en vigor debe superar la prueba de un plebiscito, el próximo 2 de octubre, en el que, contra lo que podría pensarse desde una perspectiva externa, el triunfo del no está en absoluto garantizado. El ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe y sus numerosos partidarios se oponen a muchas de sus cláusulas y presentan una enmienda a la totalidad contra lo que consideran una emanación del castrochavismo. De manera especial, están que trinan porque la aplicación del acuerdo no metería entre rejas a los guerrilleros culpables de secuestros, extorsiones y delitos de sangre, sino que, con tal de que reconozcan sus fechorías ante un tribunal especial, tan solo sufrirían durante un máximo de ocho años una “restricción de libertad” que supondría la prestación de servicios comunitarios.

Uribe apenas dice nada, por cierto, de que, al menos en teoría, la misma suerte correrían los paramilitares y miembros del Ejército responsables de atrocidades durante una guerra que él mismo dirigió con mano de hierro cuando estuvo en el poder, en la primera década de este siglo. Fue una ofensiva generalizada en la que no brilló el respeto a los derechos humanos, que minó el potencial de la guerrilla –que apenas cuenta hoy con 7.000 efectivos fuertemente armados- y casi la expulsó de los grandes núcleos urbanos, donde el conflicto tiene hoy más de eco lejano que de impacto directo.

No es que Uribe no quiera un acuerdo con las FARC. Lo quiere, pero no entre iguales, sino de vencedor a vencido. No le sirve nada que no sea una rendición incondicional. Prefiere que siga la lucha, que se arrincone aún más a la guerrilla, que se la lleve al borde del exterminio y se le despoje de toda capacidad de negociar incluso que sus líderes no terminen entre rejas. Quizás esa perspectiva no sea del todo utópica, pero sería difícilmente asumible el costo adicional en vidas humanas, la factura que la continuación de la guerra supondría para una población que en muchas zonas del país se encuentra al borde de la extenuación, el retraso en poner en marcha los mecanismos para reparar siquiera parcialmente el daño causado y allanar el camino para convertir Colombia en un país normal que se centre en la modernización y la recuperación económica, que ya es muy visible, al menos en las grandes cifras, aunque muy desigualmente repartida.

Uribe, líder del partido Centro Democrático, está imbuido de un designio propio de un iluminado, convencido de que tiene una misión que cumplir y que considera al presidente Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa, como un traidor al que poco menos que prestó el poder, pero que luego lo utilizó para seguir una línea diametralmente opuesta a la suya en la búsqueda de la solución del conflicto. Buena parte del país, sobre todo en las ciudades –que ven lejana la guerra- está de acuerdo con él, hasta el punto de que los sondeos pronostican un resultado muy ajustado.

El no puede darse por descontado, y ya abundan los análisis sobre lo que podría ocurrir el día después del no, desde la vuelta pura y dura a la lucha armada hasta la renegociación del texto del acuerdo, que Uribe, por supuesto, querría dirigir para evitar la “rendición” del Estado ante una banda de “terroristas y narcotraficantes”. Parece olvidar que el acuerdo que se someterá a los votantes el 2 de octubre es el resultado de un encaje de bolillos negociado durante cuatro largos años en La Habana, y que tocar ahora incluso una simple coma amenazaría con descabalar todo el delicado engranaje.

Gobierno y guerrilla quedarían muy tocados si se impusiera el no. Para Santos, sería una humillante derrota que marcaría su mandato. Para la guerrilla, supondría el riesgo de una vuelta al punto de partida para la que ya no está preparada, porque mientras se negociaba el acuerdo se ha producido una progresiva desmovilización, resultado del convencimiento  de que la lucha armada cada vez tiene menos sentido y que, de una u otra forma, está condenada a desaparecer. O peor aún, a verse despojada de su justificación política y de su esencia original de lucha contra la injusticia y la oligarquía para convertirse en algo más parecido a una organización criminal que más que proteger a los más desfavorecidos les utiliza como carne de cañón.

Hoy tocaba hablar de los palos que Uribe pone en el carro del proceso de paz, pero no estará de más resaltar la dimensión del reto que supondría la aplicación de un acuerdo de paz que ni siquiera incluye a la totalidad de los grupos armados ilegales, desde las bandas de paramilitares, a los ejércitos de narcotraficantes y al segundo más importante grupo insurgente. El ELN sostiene que también está dispuesto a negociar, pero entre tanto hay indicios de que se prepara a llenar los huecos que el desarme de las FARC deje en las zonas selváticas que controla y en el negocio de la cocaína con el que se ha financiado durante buena parte de sus 52 años de lucha.

Si triunfa el sí, la aplicación del acuerdo no será tarea fácil. Cuesta creer que el desarme de la guerrilla sea total, y que no haya disidentes que continúen la lucha armada como ya ocurrió en anteriores procesos de desmovilización de grupos insurgentes en Colombia. El proceso de verificación, aun contando con la colaboración internacional, será extremadamente difícil y no necesariamente satisfactorio. La incorporación a la vida civil de los combatientes, muchos de los cuales no han conocido otra vida que la de la insurgencia, será compleja, costosa y exigirá un compromiso político que no solo tendrá que asumir la actual Administración, sino también las que le sigan. La conversión de las FARC en un partido convencional, pese a la garantía de una representación mínima durante dos legislaturas, será difícil que se produzca de forma automática y sin graves distorsiones.

Cuesta imaginar cómo se hará justicia con los millones de desplazados, los despojados de sus tierras, los familiares de los asesinados por guerrilleros y militares. O como se regenerará la economía de las zonas rurales arrasadas por la guerra y se erradicará (una utopía) el cultivo de coca y la producción de cocaína, convertidos en una industria que mueve decenas de miles de millones de dólares al año. Y aún quedará una tarea titánica para eliminar el poso de injusticia que un día permitió la emergencia de las FARC y la lanzó a una guerra sin cuartel contra el Estado que hoy, 52 años después, tiene por fin su mayor esperanza de pasar a la historia por la vía del acuerdo, y no de la rendición incondicional.