Ser santo ya no es lo que era

Aunque la Iglesia ha hecho siempre de su capa un sayo elevando a los altares a quien más le ha convenido, al menos hasta 1983 mantenía la ficción de que toda canonización —y sus dos pasos previos de venerabilidad y beatificación— debía someterse al escrutinio de un abogado del diablo cuya misión era indagar en los aspectos más dudosos del candidato a ascender a los altares.

Con la reforma implantada ese año por Juan Pablo II, que eliminó la figura de ese fiscal, ser santo es algo que, sin apenas subterfugios ni justificación expresa, depende de la soberana voluntad del Pontífice, que la ejerce con una liberalidad cuando menos sorprendente. El propio Karol Wojtila se benefició de este cambio legislativo, ya que, transcurridos apenas nueve años de su muerte en 2005 fue canonizado por Francisco —junto a Juan XXIII, fallecido en 1963—, al culminar el proceso puesto en marcha en 2009 por Benedicto XVI, su sucesor, al que no sería nada extraño que le esperase el mismo glorioso destino. ¿Y por qué no también al papa Bergoglio? No parece fácil echar el freno de mano una vez que se coge velocidad. Wojtila impulsó 483 canonizaciones, Ratzinger 45, y Bergoglio 842, de ellos 815 de una sola tacada.

Definitivamente, ser santo ya no es lo que era.

Al relajar las normas para proclamar a sus figuras más dignas de veneración, el Vaticano tira piedras contra su propio tejado y devalúa el concepto de santidad. Mete en el mismo saco a perfiles tan diferentes como curas fusilados durante una guerra civil, el papa que impulsó el histórico y renovador concilio Vaticano II, el que forjó su currículo en la lucha contra el comunismo y la teología de la liberación, y figuras tan polémicas como la madre Teresa (Skopie 1910-Calcuta 1997). Según sus críticos, la santa de los pobres, más que curarles les ayudaba a bien morir, convirtió a miles de ellos in extremis a la verdadera fe, fundó centenares de conventos pero ni una clínica en Calcuta, fue amiga de tiranos, luchadora impenitente contra el aborto —“la principal amenaza a la paz mundial”— y, en general, se convirtió en abanderada del ala más conservadora de la institución.

La ausencia en todos estos casos de un auténtico abogado del diablo, que suponga un contrapunto a la desmesura hagiográfica, es muy llamativa, si no escandalosa. El Vaticano ni siquiera se siente obligado a cumplir sus propias reglas, como la que prescribe que al menos han de pasar cinco años desde la muerte del postulado para que se inicie el procedimiento. En el caso de la monja de los Balcanes solo pasaron dos, y en apenas tres más, fue beatificada, en 2002, en una ceremonia multitudinaria.

Otro punto esencial en el que el mecanismo de canonización hace aguas es el cumplimiento de los milagros demostrados atribuidos a los candidatos a la santidad. Deben ser un mínimo de dos, pero como no hay regla sin excepción a Juan XXIII le bastó con uno. Los aceptados para Wojtila y la madre Teresa no fueron del fuste de resucitar a los muertos, convertir el agua en vino o multiplicar los panes y los peces. En el primer caso, consistieron en la curación de una religiosa francesa enferma de Parkinson y una mujer costarricense que sufría aneurisma cerebral. En el segundo, los beneficiados de la intercesión divina tras encomendarse a la santa de Calcuta fueron una bengalí con un tumor abdominal maligno y supuestamente irreversible y un brasileño con una infección cerebral y desahuciado.

Como cabía esperar, los abogados del diablo oficiosos, los que van por libre y que en cierta forma sustituyen a los que la Iglesia ha suprimido, cuestionan estas sanaciones que en algún caso consideran un fraude —el tumor de la bengalí sería un simple quiste— y en otros no más inexplicables que las milagrosas recuperaciones de enfermos supuestamente incurables de las que, quien más quien menos, ha oído hablar alguna vez.

Podría argüirse que no es legítimo cuestionar las decisiones de una institución como la iglesia católica si no se forma parte de ella, lo que supuestamente descalificaría a quienes desde diferentes puntos de vista, casi siempre laicos, señalan los claroscuros de la labor de Teresa de Calcuta. Pero lo cierto es que su relevancia es tan universal, tan extendido su perfil de modelo de conducta, que es lógico que su figura se someta al escrutinio público. Más aún, cuando a la canonización asistieron delegaciones extranjeras como la española, encabezada por Sofía de Grecia, consorte del rey emérito, y de la que formaban parte la presidenta del Congreso y el ministro de Asuntos Exteriores. Una muestra flagrante de la interpretación que hace este Gobierno de la naturaleza aconfesional del Estado.

Teresa de Calcuta no es una más entre los centenares de santos que los últimos papas han proclamado, aunque oficialmente no sea ni más ni menos que el resto de los que en los últimos años abarrotan el santoral hasta el límite del absurdo. La monja de Skopie tiene un valor inapreciable para una iglesia en horas bajas como icono universal y modelo de conducta, y no solo para los católicos. Sin embargo, el exceso de hagiografía, el afán por ocultar las sombras de su biografía y de su labor, no solo es inútil en un mundo globalizado en el que la información circula sin barreras, sino también contraproducente. Sería mejor una figura de barro, pero cercana, que una de cartón piedra y lejana. Aunque eso la descalificase como santa.  Después de todo, ser santo ya no es lo que era.