9 abril 2009

Si cometer crímenes de guerra desde la autoridad del Estado es algo execrable, ¿cómo podríamos calificar el chantaje a las autoridades para encubrir crímenes de lesa humanidad?
Pues eso es exactamente lo que están haciendo los congresistas republicanos en EEUU, al amenazar a la Casa Blanca con bloquear en el Capitolio nombramientos clave del presidente Obama en el Departamento de Justicia, en caso de que se hagan públicos los memorandos que demuestran que los más altos cargos de la Administración de Bush ordenaron a la CIA que se cometiera tortura. Los informes internos que se pretenden ocultar también constituyen pruebas fehacientes de que los que impartieron esas órdenes conocían perfectamente que con ello violaban las leyes internacionales sobre tratamiento de prisioneros, así como los compromisos diplomáticos firmados por el Gobierno estadounidense.
El nuevo fiscal general, Eric Holder, se disponía a hacer públicos esos informes incriminatorios el pasado 2 de abril, pero no lo hizo porque el partido republicano amenazó con una guerra de filibusterismo. Esa táctica parlamentaria permite, en EEUU, prolongar indefinida y artificialmente los debates de la Cámara e impedir la aprobación de una medida determinada. En este caso, lo que los diputados opositores amenazan con bloquear es la aprobación de dos nombramientos cruciales: Dawn Johnsen como jefe de la Oficina Legal de Justicia, y Dean Harold Koh, como asesor jurídico del Departamento de Estado.
La justificación esgrimida por los republicanos es que son demasiado "izquierdistas", pero la realidad es que ambos se han manifestado radicalmente opuestos a la doctrina elaborada por los anteriores consejeros jurídicos de la Administración de Bush, con la que se justificaron torturas, detenciones ilegales, encarcelamientos sin derecho a defensa, y muchas otras violaciones de los derechos humanos cometidas en Guantánamo y en las cárceles secretas de la CIA. Precisamente por esa causa está presentada ante la Audiencia Nacional española una querella criminal contra los seis expertos que diseñaron esa doctrina jurídica, incluido el ex fiscal general Alberto Gonzales.

La causa de la Audiencia –adelantada en exclusiva por Público– ha levantado un tremendo revuelo en EEUU, donde políticos y comentaristas han empezado a exigir a la Casa Blanca que investigue los abusos de la anterior Administración antes de que Washington se vea avergonzado por la necesidad de investigar en otro país crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades estadounidenses.
A principios de marzo ya fueron desclasificados varios memorandos que demuestran que esos mismos asesores legales de Bush redactaron argumentaciones jurídicas para justificar poderes presidenciales extraordinarios en violación de la Primera y la Cuarta enmiendas de la Constitución (las que establecen los derechos inalienables de libertad de expresión y reunión, y de protección contra registros y detenciones arbitrarias). "Fue un asalto en toda regla contra los mismos fundamentos de nuestra legislación", explica Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales. "Como si 200 años de nuestra historia y nuestras leyes pudieran ser eliminados de un plumazo ante un ataque terrorista".
Lo que ahora está en juego es la impunidad de los que ordenaron actos anticonstitucionales. Otro de los que intentan encubrir esos crímenes es el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, ostensiblemente para proteger a sus estrechos colaboradores, que estaban al cargo de operaciones clandestinas en la Agencia Central de Inteligencia cuando comenzó el programa de torturas.
Más aún: según los informes confidenciales del Comité Internacional de la Cruz Roja, las responsabilidades llegaron mucho más arriba, hasta el vicepresidente y quizás hasta el mismísimo presidente.
¿Se verá obligado Obama a promulgar una ley de punto final para proteger a su antecesor?