Parecía imposible superar la crueldad de los "falsos positivos"; el asesinato masivo de campesinos y sindicalistas colombianos cometido por militares con el objetivo de obtener ascensos y recompensas al fingir que eran miembros de la guerrilla. La aparición de fosas con cientos, incluso miles, de cadáveres demuestra que durante el mandato de Uribe el ejército de Colombia ha cometido crímenes de guerra, hecho que no desalienta a los que firman tratados de libre comercio con él y trae sin cuidado a los que continuamente lo
ponen como ejemplo de gran valedor de la democracia.
Si queda probado en sede judicial que fue el propio Uribe quien ordenó emprender esa estrategia de exterminio premeditado de los que denunciaban su régimen de terror, no bastaría que se sentase en el banquillo de los acusados en Bogotá, sino que debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero los candidatos a sucederle ya han advertido de que nunca lo entregarán a la Justicia universal.
¿Permitiremos que esos crímenes queden impunes?
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