El tablero global

La socialista Adrover entrega la Policía Local de Palma a mandos afines al PP... procesados por organización criminal

Tras la publicación en este diario de sendas exclusivas consecutivas, constatando que quince policías locales procesados por la mafia de la Policía Local de Palma patrullan la ciudad con sus armas y uniformes y que el jefe de ese cuerpo, José Luis Carque Vera, ha ascendido a los dos comisarios procesados por la trama mafiosa de Cursach, Joan Miquel Mut y Antoni Morey, la regidora de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Joana Maria Adrover, ha respondido a través del Diario de Mallorca negando rotundamente que estos mandos hayan sido ascendidos y aseverando que su reincorporación se debe simplemente a que "se han levantado las medidas cautelares" que impuso el juez y ella muestra "máximo respeto" a esta decisión judicial.

Como quiera que ambas afirmaciones de Adrover son falsas, es de justicia que se esclarezcan estos hechos, puesto que, además, la reestructuración de la Policía Local por la que Carque ha designado a Mut y a Morey a los dos más altos cargos por debajo de él mismo se ha ejecutado de forma totalmente irregular e inválida: se han dispuesto numerosos movimientos de recursos humanos –nuevos nombramientos y destinos– mediante una simple "Instrucción de Servicio", cuando legalmente se requiere que se convoque concurso-oposición para cubrir esos puestos y esas nuevas responsabilidades. Es más: la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha emitido reiteradas sentencias judiciales instruyendo de ello al propio Ayuntamiento de Palma, en los casos de otras instrucciones de servicio también irregulares que fueron denunciadas por los sindicatos, de forma que se podría decir que esta remodelación se ha efectuado a sabiendas de que se está empleando un método que no es acorde a derecho. Vamos, mediante injustificados nombramientos a dedo.

Pero volvamos a las dos afirmaciones de la regidora:

1) Por supuesto que han sido ascendidos, tanto Mut como Morey, a pesar de estar ya a la espera de que se señale la fecha del juicio en el que se sentarán como imputados por su presunta "pertenencia a organización criminal" y por otros 16 delitos correspondientes a las clásicas actividades de una red mafiosa: "cohecho, prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, trafico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos cometida por funcionarios, contra la salud pública [narcotráfico], obstrucción a la justicia, encubrimiento, contra la administración de justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos".
Mut ha sido ascendido, ni más ni menos, a "Adjunto a la Prefectura" –es decir, a número dos de la jefatura del cuerpo– cuando llevaba muchos meses (desde su reincorporación) dedicado a tareas administrativas en un despacho y careciendo de destino concreto. Es ahora cuando se le ha incorporado de nuevo al organigrama (y como segundo del propio Carque) al serle levantada la suspensión disciplinaria por decisión de la autoridad administrativa correspondiente (la regidora).
En cuanto a Morey, no sólo ha sido ascendido sino incluso destinado de nuevo al Cuartel de San Fernando desde la Comisaría Oeste, donde había sido apartado al reincorporarse al servicio activo tras su suspensión de empleo y sueldo forzada por las medidas cautelares del juez –que les impedía acercarse a menos de 300 metros de las instalaciones policiales para evitar una posible destrucción de pruebas o de intimidación de testigos–.
Y no sólo eso: Morey ha sido nombrado jefe de la Comisaría de Personal y Apoyo Logístico, con mando sobre nueve áreas clave de la Policía Local, incluidos el armamento, el parque móvil, el taller, el mantenimiento... ¿No es un ascenso?

2) Es falso de toda falsedad que estos dos nombramientos (firmados este último 19 de febrero) para la "incorporación de la nueva Prefectura" –como lo define Carque en su "instrucción de servicio"– se deban a que se han levantado ahora las medidas cautelares judiciales, ya que éstas fueron levantadas el 7 de marzo de 2019 (Mut) y el 27 de marzo de 2019 (Morey), hace casi un año, por el juez Miquel Florit –quien, precisamente, se sentará este próximo jueves en el banquillo por presunta prevaricación en el célebre escándalo de los móviles incautados a periodistas–.
Pero no sólo eso, sino que tampoco su reincorporación, poco después, al servicio activo se debió a la necesidad de cumplir el levantamiento de esas medidas cautelares, ya que la legislación y la jurisprudencia disponen que las decisiones sancionadoras de las autoridades administrativas no dependen en absoluto de ello, sino que pueden ser tomadas –y prolongadas hasta la conclusión del procedimiento penal con una sentencia firme–, tal como también han sentenciado los Tribunales Superiores de Justicia de más de una comunidad autónoma. Por ejemplo, el TSJ de Madrid sentenció que la suspensión (administrativa) de empleo de un funcionario público es "una medida preventiva que podrá abarcar la duración de todo el tiempo de procesamiento" de un encausado empleado por la Administración, como es el caso de Mut y de Morey.
Además dicha resolución del TSJM citaba, a su vez, la sentencia del 9 de mayo de 1991 del Tribunal Supremo que en el caso de miembros de los cuerpos de seguridad recomienda la "suspensión administrativa cautelar de funciones en base al auto de procesamiento hasta que la sospecha no desaparezca", sin perjuicio de la presunción de inocencia, para que "sea evitada la negativa repercusión que tendría ante la sociedad" que un mando policial en activo estuviera al mismo tiempo procesado por delitos de gravedad. ¿Y qué delito puede ser más grave para un policía que el de pertenencia a una organización criminal?

Queda jurídicamente claro, pues, que la decisión de reincorporar a Mut y Morey al servicio activo no era en absoluto requerida tras el levantamiento de las medidas cautelares judiciales sobre ellos, sino que fue tomada bajo criterio de la autoridad municipal correspondiente. También queda más que demostrado que ambos han sido ascendidos en sus funciones y responsabilidades, dentro de una reorganización interna decidida casi un año más tarde, y que sus nuevos destinos forman parte de una "redistribución de responsabilidades" diseñada "con el fin de ir trabajando en la dirección marcada por la Regiduría de Seguridad Ciudadana", tal como escribe el propio jefe de la Policía Local, José Luis Carque Vera, en su "Instrucción de Servicio 014/20".

Más todavía: el mismo comisario Joan Miquel Mut García ya perdió en los tribunales su demanda de ser reincorporado a su puesto de comisario pese a las medidas cautelares, ya que la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJB dictaminó –mediante la sentencia 190/2019 que zanjó el recurso 425/2018– que "no existe norma alguna que obligue al Ayuntamiento a reubicar al recurrente en otro puesto de trabajo".

En consecuencia, la regidora Adrover es quien ha tomado dichas decisiones a criterio propio y sin verse en absoluto constreñida a ello por normativas ni resoluciones judiciales algunas. Al contrario, la doctrina del Supremo imperante desde 1991 recomienda que los mandos policiales inmersos en un procedimiento judicial –como Mut y Morey– sean apartados del servicio como "medida preventiva" durante "todo el tiempo del procesamiento" para que "sea evitada la negativa repercusión que tendría ante la sociedad". Como no podría ser de otra manera, pensarán ahora muchos ciudadanos de Palma de Mallorca.

Ahora bien, y para finalizar, hay que subrayar además que ambos promocionados en la cúpula de la Policía Local han sido reconocidos como afines al Partido Popular –incluso definidos como mandos policiales que estaban al servicio del PP– en un sinfín de documentos e informes judiciales, fiscales y policiales que forman parte del macro-sumario del caso Cursach. Por ejemplo, en la página 210 del informe de 725 folios de la UDEF sobre la pieza correspondiente a la manipulación de oposiciones en la Policía Local, durante casi dos décadas, se puede leer, literalmente, una cita del "Anexo 2, pág. 137" que dice así:

"Joan MUT es nombrado en mayo de 2014 Jefe de Policía, a pesar de que la normativa no lo permitía como posteriormente se verá. Es decir, Alvaro GIJÓN [Carrasco, regidor del PP desde 2003 y primer teniente alcalde de Palma del 2011 al 2015], por órdenes estrictas de José Mª RODRÍGUEZ [Barberá, barón del PP en Baleares del 2003 al 2012], había reconducido nuevamente la situación y volvía a "controlar" el cuartel de la Policía Local, controlando con Jaime Pía, con Guillermo Mascaró y con Joan Mut, todas las unidades que fueran de su interés".

Público ha podido saber que también Guillermo Mascaró –quien fuera coordinador de Seguridad Ciudadana con el PP– ha sido promovido al puesto de secretario personal de José Luis Carque, de forma que acompañará a todas las reuniones al jefe de la Policía Local de Palma. Aunque como su cargo no está previsto en el organigrama, simplemente no aparece ese nombramiento en ningún escrito oficial.

Se acaban de cumplir cinco años desde que el sindicato CCOO emitiera un comunicado exigiendo "el cese del concejal de Seguridad, Guillermo Navarro, el jefe de la Policía Local, Joan Mut, y el mayor Guillermo Mascaró por sus responsabilidades en el caso de presunta corrupción" de ese cuerpo policial. En concreto, CCOO atribuyó a Mut "inoperancia y pasividad" ante el "secreto a voces" de que el amaño de la oposición de ascensos "no era más que la punta del iceberg de un problema mucho más grave" de corrupción de policías con el amparo de sus superiores.

Ahora queda por cerrar la instrucción de la pieza que investigó aquel amaño de oposiciones y ascensos, de los que (según el citado informe de la UDEF) se aprovechó el propio Mut, y cabe pocas dudas de que estos mismos comisarios claramente afines al PP serán también procesados en esa causa, la tercera ya. Así que, ¿cómo se explica el empeño de la regidora Adrover en dejar en sus manos el control de la Policía Local? ¿Pretenderá que sigan al mando del cuerpo de Seguridad Ciudadana de Palma mientras estén sentados en el banquillo respondiendo al tribunal juzgador por esa retahíla de graves delitos?