Los dirigentes del PP han tratado de convencernos durante toda la semana de que ese partido se dispone a poner en práctica un "gran ejercicio de transparencia", al que el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, instó encarecidamente a que se sumara también el PSOE, quizá porque los conservadores prefieren practicar ese deporte en compañía, ante la falta de entrenamiento en esa disciplina de que adolecen nuestros políticos, en general.

Pero ha pasado ya casi una semana desde que Mariano Rajoy anunciase su propia tabla de gimnasia transparente (la inmediata difusión de todas sus declaraciones de la renta y del patrimonio) y sigue sin traslucirse desde el Partido Popular ningún material probatorio (a menos que creamos que las cuentas de una Caja A demuestran la inexistencia de una Caja B) capaz de disipar las bien sólidas sospechas (actualmente en trámite judicial gürteliano) de que en su seno se han cometido cohechos durante décadas de gestión corrupta de su tesorería, siempre confiada a gerentes que acababan acaparando grandes fortunas personales.

Hasta el ministro Soria, ha admitido hoy (por fin, ha costado más de tres semanas) que "algo se habrá hecho mal cuando el tesorero acumuló más de 20 millones"... y eso que se queda corto, puesto que ya han aparecido más cuentas de Bárcenas en Suiza y la primera superaba los 22 kilos.

Lo que sí se ha orquestado durante esta interminable semana ha sido una ópera bufa de negaciones en sede judicial, o sede de cumbre germano-española, o de la propia UE, o de partidos, medios de comunicación y parlamentos, que sólo han contribuido a hacer aún más opaco el caso de los papeles de la supuesta Caja B popular. Porque eran negativas tan poco rotundas como la del presidente en Berlín ("todo es falso, salvo alguna cosa que han publicado los medios"); porque se limitaban a negar que los documentos publicados pudieran ser autentificados (así que nunca se podrá saber si son verdaderos o falsos); porque denegaban todas las peticiones de comparecencias (de Rajoy) o de investigaciones (del Congreso); o porque simplemente sostenían que la palabra del imputado Bárcenas tiene mucha más fuerza probatoria que el creciente cúmulo de indicios sobre la corrupción interna en el PP.

Y es que la palabra del tesorero es la ley, según los defensores del PP, cuando niega ser el autor de los manuscritos que aparentan ser de su puño y letra, pero en realidad no tiene valor ninguno ni siquiera cuando declara ante el juez, ya que un imputado está en su derecho de mentir para protegerse... motivo por el cual el magistrado le ha obligado a tomar un largo dictado a mano, para poder contrastar su escritura con la de los asientos contables incriminatorios.

Como los tan manidos papeles son apócrifos; se trata de fotocopias y los originales están en paradero desconocido; reflejan una contabilidad incompleta, e incluyen algunas entradas que coinciden con las cuentas oficiales del partido, la prensa de la derecha concluye que carecen de toda credibilidad. Quizá la mejor de todas las alegaciones de esa defensa numantina del PP es la de que la confirmación, por sus propios protagonistas, de numerosos casos de entregas de dinero reflejadas en esos papeles demuestra, precisamente, que esos mismos documentos son una falsificación.

Más todavía, dice la argumentación de la prensa conservadora, aun en el caso de que se hallaran los originales y se verificase su autenticidad, en su autoría y su elaboración a lo largo del tiempo, "eso no significaría, ni mucho menos, la resolución del caso", pues Bárcenas podría haber pergeñado falsamente todas esas anotaciones durante años, componiendo tablas que no se correspondían en absoluto con la realidad. Casi todo es posible, claro, pero apoyarse en el desmentido del tesorero para negar la validez de las notas y después dar por sentado que puede haber estado mintiendo por escrito durante decenios no parece una línea argumental deslumbrante.

En definitiva, pocos parecen querer esclarecer el origen ni la posible veracidad de las famosas fotocopias, pero casi todos buscan demostrar que –tanto si son falsas como si son auténticas– no pueden poner en tela de juicio de ninguna manera las protestas de inocencia de los presuntos implicados. Por mucho que, como bien acaba de subrayar el juez Garzón, se requiere "una mente diabólica" para haber fabricado semejante compendio de anotaciones verdaderas mezcladas con mentiras que acusan a toda la plana mayor del PP, y todo ello ejecutado con la ayuda de un diestro falsificador profesional de manuscritos.

De momento, los políticos bajo sospecha se han limitado a negar la mayor, hacer hincapié en que el listado no es prueba suficiente contra ellos, y desafiar a los del partido rival a que saquen a la luz sus propios trapos sucios.

Llamar a todo ello "transparencia" sí que es un auténtico ejercicio de imaginación desbordada. De todo el ruido provocado por quienquiera que fotocopiase esos catorce papeles sólo se trasluce que los afectados han reaccionado tratando de enturbiar el caso hasta que sea imposible vislumbrar la verdad con la más mínima claridad. Tendrán que ser, una vez más, los jueces quienes esclarezcan los tejemanejes de nuestros políticos, pero la lentitud de nuestra Justicia (han transcurrido ya más de cinco años desde la denuncia original de la trama Gürtel) permite vaticinar que cuando los tribunales saquen a luz la verdad, ésta ya estará empañada por el paso de los años.

¿Es así como pretenden nuestros gobernantes recuperar la confianza de los ciudadanos?