Convocados por la Asociación Profesional de la Magistratura, un cuarta parte de los jueces secundaró ayer el segundo paro de su historia o, cuando menos, llevó la toga al tinte ya que, según el Consejo General del Poder Judicial, no existe soporte normativo para que sus señorías puedan ejercer tal derecho. Les ocurre lo mismo que a los diputados, que no pueden declararse en huelga aunque a veces lo parezca. La protesta era atípica por otro motivo: la convocante fue la única que no se sumó a la huelga anterior y experimentó una sangría de asociados; ahora, con una negociación en marcha y un plan de modernización sobre la mesa, debe de querer cauterizar la herida.

Como se recordará, los jueces se liaron virtualmente la pancarta a la cabeza a raíz del caso Mariluz, que se saldó con una niña muerta y con el magistrado que dejó de ejecutar una sentencia a su asesino multado con 1.500 euros. A sus ilustrísimas no les supieron bien las críticas y, a partir de ese momento, descubrieron que tenían sin ejecutar 270.000 fallos judiciales, lo cual era debido a que había pocos jueces y secretarios judiciales, a que los interinos no distinguían una providencia de un auto y a que sus ordenadores eran una castaña. Del marasmo judicial podía culparse a todo el mundo -empezando por el Gobierno- menos a los jueces, quienes sufrían en silencio sus penurias y, al tiempo, daban ejemplo de ahorro energético porque jamás se ve una luz encendida por la tarde en los despachos de muchos de ellos.

Es evidente que la Justicia es decimonónica y lenta, y es una vergüenza que en siglo XXI haya más informática en una bolera que en un juzgado. Pero también es verdad que el plan a tres años, que prevé aumentar en 750 nuevos jueces la actual plantilla de 4.600, e inversiones de 600 millones de euros en modernización tecnológica es un avance importante. Aludir a que estamos ante un simple fogonazo que no resuelve nada es un argumento endeble de quienes siempre callaron a condición de que se les subiera el sueldo.

Cada huelguista debía acreditar ayer con un papelito su condición. No se vio ninguno en el Supremo y sólo uno de la Audiencia Nacional, el de Eloy Velasco. Es de esperar que, a diferencia de lo ocurrido en febrero, el Ministerio de Justicia les descuente el salario de un día o institucionalice por ley el paro gratis total. Verían entonces.