La exhibición pública de los imputados de la trama Pretoria, esposados y recogiendo las bolsas con sus pertenencias antes de ser conducidos ante Garzón, ha causado hondo malestar en ambientes judiciales y políticos, hasta el punto de que el propio presidente de la Audiencia Nacional ha ordenado una investigación para aclarar lo sucedido. Acostumbrada al trato exquisito que se dispensa a otros presuntos delincuentes, cuya dignidad se preserva con capuchas y acelerando a empujones su entrada en los juzgados, la ciudadanía está soliviantada. Por si fuera poco, y para aumentar la conmoción, las televisiones no advirtieron a la audiencia con algún sobreimpresionado del tipo "si usted es un político, estas imágenes pueden herir su sensibilidad". Está visto que ya no se respeta nada.

Esto sucede en un país que se ha consagrado a la causa de preservar los derechos fundamentales de los detenidos. Puede entenderse que algo así ocurra en Estados Unidos, como cuando Michael Jackson fue acusado de abusos a menores, se entregó, llegó a prestar declaración esposado a la vista de todos y una hora después fue puesto en libertad tras pagar una fianza. Pero aquí los detenidos son sagrados, y más aún si son inmigrantes sin papeles, a los que, llegado el caso, se expulsa con casco y camisa de fuerza para respetar su honor y su integridad. Y, por supuesto, no se les graba con la chichonera puesta, porque se vela por su buen nombre y para que no se les confunda con la Vuelta Ciclista.

La difusión de las imágenes de Alavedra, Prenafeta y Bertomeu Muñoz esposados ha causado además un daño irreparable al PP, a quien injustamente se ha arrebatado el monopolio de mostrar encadenados a sus cargos públicos. Así que toca buscar culpables de la misma forma que se hizo en Mallorca, cuando los policías debían presentir que a un político no se le ponen nunca grilletes, a pesar de que una instrucción de diciembre de 2007 les confiere la potestad de decidir cómo se traslada a un detenido.

Falta un protocolo exhaustivo que recoja, por ejemplo, que si el imputado es un político, en activo o retirado, ha de ser conducido ante el juez en coche oficial de gran cilindrada y no en un vulgar furgón, que desprestigia mucho. Y en vez de bolsas, samsonites con ruedas. Con estas normas básicas y un buen biombo, no hay robo que empañe una reputación ganada a pulso.