Opinion · Tierra de nadie

La aberración de Egunkaria

Más allá del simple ejercicio del voto, que no es inusual ni en las más férreas dictaduras, lo que distingue a la democracia es su respeto radical a las ideas, cuyo amparo exige que no puedan ser oprimidas ni mucho menos ilegalizadas. Lo perseguible es el delito y sus autores, que tienen nombre y apellidos y no siglas. Son de carne y hueso. Por eso la ley de partidos es una anormalidad democrática, aunque haya sido presentada como un mecanismo de autodefensa contra quienes tratan de destruir la convivencia y haya recibido las bendiciones del Tribunal de Estrasburgo. Por aberrante que a alguno pueda parecerle, en democracia caben las ideas de Batasuna y hasta las de Falange. Lejos de debilitar al sistema, lo fortalecen.

La democracia florece en el contraste de ideas y en su libre difusión, de ahí que la libertad de expresión sea un derecho fundamental que goza de protección especial. Los medios de comunicación no son sujetos penalmente responsables. Lo serán sus propietarios, sus administradores o sus periodistas. Si un medio aplaude en sus editoriales el asesinato de negros, la Justicia debe procesar a su director y meterlo en la cárcel; si desvía fondos a ETA, los encausados habrán de ser sus dueños o sus financieros. De la misma forma que no se suprime un cargo por el hecho de que quien lo ocupaba sea un corrupto, un diario no debería clausurarse por los delitos que se atribuyen a sus responsables.

En su devenir, la democracia ha de vacunarse contra los prejuicios. Se puede ser pobre y no atracar joyerías y se puede hablar en vasco y no ser un terrorista e, incluso, militar en el PP. La culpabilidad no se supone; se demuestra. En el caso de Egunkaria se han sobrepasado todos los límites imaginables. Se cerró un diario con el argumento de que estaba patrocinado por ETA por el simple hecho de estar redactado en euskera. Se acusó sin pruebas a sus directivos, que han denunciado torturas de la Guardia Civil. Y se consintió que el proceso continuara, pese a que el fiscal pidió reiteradamente su archivo.

La Audiencia Nacional absolvió ayer a los cinco directivos de un periódico que ya no existe. Han pasado un calvario de siete años, en los que han conocido la cárcel y el descrédito. Nada podrá compensarles del daño que se les ha causado. ¿Es esa la democracia que queremos?