Cuando el desenlace parecía inevitable, esto es la suspensión en sus funciones como juez por la inminente apertura de juicio oral por prevaricación, Garzón se ha sacado de la manga una petición de trasaslado temporal a la Corte Penal Internacional que le permitirá eludir el oprobio de su apartamiento. A La Haya siempre quiso ir Garzón como presidente del Tribunal pero, tal y como estaba el panorama, poder convertirse en asesor del fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, es una oportunidad nada despreciable. A falta de amigos en el infierno, nunca viene mal tener uno en Holanda para irse por la tangente.

Con su petición de excedencia, Garzón reconoce implícitamente que su futuro judicial pinta en bastos, aunque el acoso al que ha sido sometido no ha resultado gratis. En el caso de los crímenes del franquismo, el juez ha ganado la batalla de la opinión pública en España, y fuera de ella ha concitado apoyos unánimes de la prensa internacional más prestigiosa, esa a la que el Tribunal Supremo pensó en convocar para explicar que no era un instrumento del fascismo y, de paso, abrillantar su enmohecida imagen. Para la inmensa mayoría, Garzón no es el culpable sino la víctima de una Justicia que daba lecciones acerca de la imprescriptibilidad de los crímenes de otros y mira para otro lado con los cometidos aquí, a la vuelta de la esquina.

Además de cierto alivio psicológico, poner tierra de por medio deparará a Garzón indudables beneficios económicos. A un juez suspendido se le aplica el artículo 363 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limita su salario a las retribuciones básicas, y el sueldo base de un magistrado, según las últimas tablas aplicables, es de 22.755,96 euros brutos anuales, o lo que es lo mismo 1896,33 euros al mes. No corría peligro Garzón de morir de hambre, pero es de suponer que la Corte retribuya bastante mejor a sus asesores.

A Garzón le resta esperar y conocer mundo si, como parece, sus nuevos cometidos le llevan al Congo o a Colombia. El magistrado ha alegado recientemente la vulneración de sus derechos fundamentales para garantizarse el recurso ante el Tribunal Constitucional si el Supremo sentencia en su contra, algo bastante predecible a tenor de sus pronunciamientos. Y esa será otra historia en la que todo está por escribir.