El lío de las fincas de la infanta que no eran de la infanta ha dado pie a toda suerte de conjeturas sobre el beneficiario último del error. ¿Qué se pretendía desde Hacienda con el envío al juez de una relación falsa de compra-ventas de terrenos de los que la hija del Rey era la supuesta propietaria? ¿Había una mano negra en la Agencia Tributaria que pretendía acelerar la proclamación de la República? ¿Se quería desprestigiar al magistrado y sembrar la semilla de una posterior anulación de la causa? ¿Estábamos ante la venganza de algún funcionario que se ha quedado sin la paga extra?

Tras días de sesudas reflexiones no hubo consenso, ya que para que toda conspiración pueda construirse ha de quedar claro quién sale ganando, y aquí el cui prodest latino sigue sin tener respuesta. En esas estábamos cuando, por fin ayer, salió Montoro a la palestra para explicar con su verbo fácil que aún no tenía ninguna explicación que darnos. De lo que dijo, no obstante, se dedujo algo más terrible todavía.

Según el relato del titular de Hacienda, el error inicial tuvo que producirse forzosamente en la carga de datos de la Agencia Tributaria. Es decir, allá por el año 2005 se introdujo en Rita, el Gran Hermano que nos vigila, las operaciones según las cuales la hija del Rey habría obtenido 1,4 millones de unas ventas que nunca se efectuaron.

Ahora bien, supongamos que Hacienda tiene constancia de que usted ha vendido una propiedad que no ha declarado porque ni la propiedad es suya ni ha podido transmitir algo que nunca le ha pertenecido. ¿Qué haría entonces Rita con cualquier contribuyente con un DNI de más de dos dígitos? Pues lanzar automáticamente una paralela y darle un plazo para que se presentara en su delegación de la Agencia Tributaria para retratarle de frente y de perfil, y ya de paso escupir la liquidación con la multa correspondiente.

Con Hacienda y sus funcionarios las cosas no son sencillas pero lo más probable es que el afectado lograra desfacer el entuerto, tras demostrar que las únicas tierras que posee están en las macetas de los geranios. No sería posible en definitiva que ocho años después las supuestas transmisiones patrimoniales formaran parte de una informe que se remite a un juzgado.

Es obvio, en consecuencia, que la infanta no pudo aclarar en su momento que no tenía finca alguna en Alicante, Ciudad Real y Barcelona y que, por tanto, no pudo venderlas. Nadie la requirió información, ningún ordenador lanzó una paralela, nadie investigó las operaciones. En resumen, el Fisco no actuó contra la poseedora del DNI número14Z cuando según los datos que obraban en su poder debía haberlo hecho. En la medida en que los procedimientos tributarios están automatizados, cabe suponer por tanto que Hacienda somos todos menos algunos. He aquí el verdadero escándalo de las fincas de la infanta que no son de la infanta.

Se entiende ahora mejor la total comprensión hacia el error mostrado por Miquel Roca, el abogado de la hija del Rey, y su renuncia a emprender acciones judiciales por el daño causado a la honorabilidad de su cliente. Se entiende además por qué Montoro ha tardado cuatro días en comparecer para decirnos que un día de éstos le detallarán lo que ha pasado y que, cuando lo hagan, seremos los primeros en enterarnos. Lo que no se comprende es que todavía no hay dimitido nadie, aunque conociendo este país y a este Gobierno eso es lo que mejor se entiende.