La naturaleza de las cosas determina que el escorpión termine picando a la rana que le ayuda a cruzar el río, que los perros, generalmente, ladren -salvo algunos que salen cantantes y ponen vídeos en Youtube- y que la Gestora del PSOE intente por todos los medios que Susana Díaz se haga con las riendas y haga ondear en Ferraz la bandera del sultanato. Atribuir a Javier Fernández la condición de árbitro imparcial es como pretender que el escorpión sea el padrino de boda de la rana y lleve los puros para los invitados. Lo que no puede ser no puede ser y es imposible, como todo el mundo sabe.

Aclarado este punto, la última ocurrencia de la Gestora de imponer un sistema para controlar las donaciones a los precandidatos a la secretaría general y saber así quiénes son sus benefactores y en qué gastan lo recibido sólo cabe ser interpretado como un intento más de favorecer a la madre de Andalucía, que no es las que se ponen a jugar al póquer sin marcar antes la cartas. El argumento de que los crowfoundings de los aspirantes han de canalizarse a través de cuentas de titularidad compartida con el propio PSOE porque así lo determina la ley de financiación de partidos políticos es simplemente un disparate.

Los sanchistas crearon una asociación sin ánimo de lucro denominada Bancal de rosas –un nombre florido pero ciertamente mejorable- para articular la campaña de micromecenazgo. Tal ha sido su éxito –quería recaudar 28.000 euros al mes para sufragar los gastos de su sede y de los actos públicos del resucitado y en quince días lleva más de 80.000- que la reina del sur ha pedido a sus fontaneros que usen la llave inglesa para cortarle el grifo. De salirse con la suya, cualquier donante de Sánchez, especialmente si es afiliado del PSOE, se lo pensará antes de hacer cualquier ingreso, porque Roma no pagaba traidores pero Sevilla los fusila al amanecer.

Según juristas consultados este humilde juntaletras, para que a Bancal de rosas le fuera de aplicación la ley de financiación de partidos debería cumplir un requisito: ser una entidad dependiente del PSOE. Y resulta evidente que ni depende del partido, ni éste ha contribuido a crearla, ni es una de sus fundaciones. Su finalidad declarada es financiar la campaña de un candidato y las donaciones de las que se alimenta ya están reguladas por el Código Civil.

Es más, si los de Sánchez entregaran sus aportaciones a una cuenta de la que el PSOE fuera cotitular y con ello pusieran en su conocimiento la identidad de los donantes, se estaría vulnerando la ley de Protección de Datos, que obliga a impedir el acceso de terceros, garantizar la seguridad y el secreto profesional, especialmente en casos como éste donde pueden revelarse aspectos especialmente salvaguardados como es la ideología de los rumbosos. Según establece la propia ley, su cesión sin que medie consentimiento expreso y por escrito de los afectados, constituiría una infracción grave para la que se establecen sanciones de 300.000 a 600.000 euros. En resumen, que Sánchez y los suyos tendrían que hacer otro crowfounding para pagar la multa.

Se avecina el primer conflicto antes incluso de que las primarias hayan sido convocadas con el escorpión meneando el aguijón sobre la rana. ¿Que qué pasaría si los de Sánchez se negaran a pasar por el aro? Pues cualquier cosa, porque lo que aquí está en juego no sólo es la vajilla de los abuelos, sino los abuelos mismos, los jarrones chinos, los sobrinos jetas que han puesto tiendas en provincias, los que viven del bote, los que aspiran a hacerlo y, por supuesto, el dios de cabellos blancos y sus sumos sacerdotes.

Pudiera ser, por ejemplo, que la Gestora entendiera que toda financiación ajena a su control es ilegal y que, en consecuencia, si un afiliado se beneficiara de ella debería ser objeto de un expediente disciplinario que le acarreara la suspensión de militancia. ¿Que no se atreverían a tanto? Pongan a prueba al árbitro de un partido amañado y protesten por el penalti injusto y la tarjeta roja.