La maternidad subrogada es uno de esos temas espinosos que produce extraños compañeros de viaje, ya que decir de cama sería improcedente. En su rechazo a la regulación de una práctica que consideran éticamente injustificable y una violación de los derechos de mujeres y menores está la Iglesia y la derecha más conservadora, pero también gran parte del feminismo y amplios sectores de la izquierda. En el otro vagón, el del apoyo a la regulación, hay también feministas, gente de izquierdas, grupos LGTB y neoliberales, tal que Ciudadanos, que quiere que una ley establezca los límites de una práctica legal en otros países.

Sobre este asunto sería conveniente un debate abierto y sin apriorismos pero aquí eso es un imposible metafísico. ¿Estamos ante un simple negocio de compra venta de bebés y es un eufemismo llamar gestación subrogada a lo que es una simple alquiler de vientres? En algunos casos, sí. ¿Hay altruismo en esta maternidad interpuesta? También en otros casos. ¿Hay explotación? Puede haberla, pero también existe en las relaciones laborales y lamentablemente sigue sin prohibirse ir a trabajar.

La realidad es que, a falta de una normativa sobre el particular, se ha ido construyendo un entramado cuasi mafioso en torno a intermediarios que organizan viajes a los futuros padres a lugares donde no existe la prohibición, y en el que participan médicos y bufetes de abogados. Se promueve de esta forma el tráfico de úteros y esas granjas de mujeres que denuncian muchas feministas agrupadas bajo el lema No somos vasijas.

La maternidad subrogada enfrenta al feminismo a contradicciones similares a las que mantiene en torno a la prostitución. Nuevamente, el factor clave, el que ha de determinar la legalidad o la ilegalidad, es la explotación, que no debe confundirse con lo que puede ser un simple acuerdo económico.

Siempre desde la óptica feminista, no parece muy razonable prohibir a una mujer dar a luz el hijo de familiares o amigos en aquellas situaciones en las que la gestación está médicamente contraindicada o es físicamente imposible. Pero, más a más, ¿por qué debería estar proscrita esa maternidad si es fruto de un pacto entre iguales a cambio de una contraprestación en dinero? ¿Acaso no se gratifica a las donantes de óvulos? ¿Qué fue de aquello de nosotras parimos, nosotras decidimos? ¿O de las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no se mete? ¿Quién es el Estado para impedir a una mujer libre decidir sobre su útero?

Ni el debate es abominable ni tendría que ser tabú establecer los límites de una futura ley, que en cualquier caso debería ser extremadamente garantista. Una norma muy restrictiva podría imponer, por ejemplo, que no hubiera compensaciones dinerarias o en especie, que las gestantes acreditaran cierto nivel de ingresos para asegurar que el motor de su decisión no es el económico, una edad mínima o, incluso, que sólo quienes ya hubiesen pasado por la experiencia de ser madres pudieran subrogarse en la maternidad de otros.

No es un tema sencillo. Es cierto que la legalización podría ser un acicate a la comercialización, pero es que ni una prohibición a escala mundial -a la que, por cierto, se llega tarde- impediría lo que ahora mismo es un negocio que explota mujeres y reserva la posibilidad de tener hijos por esta vía a quienes disponen de los recursos necesarios. La regulación legal es un camino a explorar frente al deseo imposible de poner puertas al campo.