Opinion · Tierra de nadie

El cambalache

No está claro cuál es el mejor procedimiento para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial pero es razonable pensar que si uno hace lo mismo una y otra vez no puede esperar resultados diferentes. El asunto, claro, es saber qué resultado se busca y si quienes se llenan la boca hablando de la necesaria independencia de los reguladores, incluido el órgano de gobierno de los jueces, realmente la persiguen o sólo la reclaman cuando están en la oposición. La libertad de criterio siempre se ha valorado mucho cuando te da la razón.

Se consumaba hoy el cambalache para la elección del nuevo CGPJ tras una ardua negociación entre PSOE y PP, que en esta ocasión otorga la mayoría a los llamados progresistas a cambio de ceder la presidencia al conservador Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal y al que se considera ideólogo de la línea más dura contra los líderes soberanistas catalanes. ¿Que cómo es posible que se sepa ya quién será el presidente del cónclave de estas 20 personas tan justas si es a ellos a quienes corresponde elegirlo? Pues por eso, porque son independientes a carta cabal desde ese útero materno que es la lista de aspirantes.

Teóricamente, estamos ante un sistema de elección mixto. Doce de los vocales proceden de una lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones judiciales, y los ocho restantes son seleccionados directamente por los partidos entre juristas de reconocido prestigio. Su designación por una mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras depende del acuerdo que antes logren las fuerzas mayoritarias, PP y PSOE, para repartirse el Consejo, que es lo que han vuelto a hacer ahora. Bipartidismo en estado puro.

Tradicionalmente, la derecha siempre estuvo inclinada a que fueran los propios magistrados los que eligieran al Consejo, convencida de que los jueces son conservadores por naturaleza y su afinidad se daba por supuesta. Por la misma razón, pero a la inversa, la izquierda defendía que fuera el Poder Legislativo quien tuviera la última palabra sobre la elección, como salvaguarda ante el sesgo reaccionario que se presumía si eran los de las togas quienes se autodeterminaban. Finalmente se consagró el actual trapicheo quinquenal en el que nos encontramos y al que parece que se sumará Podemos, pendiente de su cuota y de las migajas que caigan del mantel.

El CGPJ es una fruta muy golosa. No sólo es que decida sobre los nombramientos, ascensos y traslados, lo que traducido al cristiano significa que corresponde a este órgano decidir quiénes serán los que juzguen, llegado el caso, a los mismos políticos que han pactado su composición. Es que puede convertirse en una oposición alternativa al Gobierno de turno, como ocurrió en la primera etapa de Zapatero, cuando se puso a hacer informes que no le correspondían o que nadie le había pedido como si no hubiera un mañana. De aquellos tiempos se recuerdan algunas reuniones de los llamados vocales conservadores en la sede del PP para recibir instrucciones en otro alarde más de su inveterada independencia.

Con todo, lo peor es esa fuerza de la costumbre que nos lleva a aceptar como inevitable lo que es una disfunción nada espontánea. Del pacto ya se coligen derivadas, especialmente referidas a Marchena, que como nuevo presidente del GGPJ y del Supremo deberá abandonar la Sala de lo Penal que juzgará a los independentistas catalanes y que no podrá ser, obviamente, el ponente de la sentencia. ¿Cambiará en algo la situación de los reos? La pregunta ofenderá a gente tan imparcial e independiente aunque muchos darían un brazo por conocer la respuesta.