Con este Gobierno siempre fue difícil saber a qué carta quedarse. Cualquier declaración oficial, por muy solemne que ésta sea, puede ser corregida en el siguiente telediario. Jamás hay certezas. Ocurrió con el fin de la venta de armas a Arabia Saudí, con el sindicato de prostitutas -oficializado incluso en el BOE- con la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza, con la convocatoria de elecciones, con el Valle de los Caídos, con el impuesto al diesel o con la devolución de inmigrantes, que ya no fueron en caliente pero sí muy templaditas. Si las rectificaciones son prueba inequívoca de sabiduría, el Ejecutivo no tiene nada que envidiar a los cien tomos del Espasa con sus anexos correspondientes.

El propio Pedro Sánchez se sumó con entusiasmo a esta tendencia, de manera que la "a" que pronunciaba no tardaba en ser "b" y el digo un rotundo Diego. Como es natural y por eso de la jerarquía, era el propio presidente el que se enmendaba la plana a sí mismo y con tanta frecuencia que resultaba inexplicable cómo podía leer este hombre de corrido con tantos tachones. No ha resultado extraño, por tanto, que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya tenido que correr en su auxilio y pasar el típex a su aserto sobre la inviolabilidad del Rey, una prerrogativa que, según Sánchez, se ha quedado vieja y podría ser suprimida en una hipotética reforma constitucional con las bendiciones del monarca.

El caso es que la aquiescencia de nuestro coronado no debía de ser tal porque el ministro se apresuró a matizar que no existía propuesta en tal sentido y que lo expresado por el presidente debía entender como una opinión personal de esas que se lanzan en una cena de amigos a la tercera copa. El titular de Fomento y secretario de Organización del PSOE sumaba así a sus cargos el de fe de errores del Gobierno, que no es lo mismo que de erratas, también  abundantes en las notas oficiales.

La inviolabilidad el Rey es la monda lironda. Tal como se ha venido practicando excluye de responsabilidades penales y civiles al jefe del Estado, que bien podría asesinar al mayordomo de palacio por servirle fría la sopa o comprarse un ático con vistas al Retiro y no pagarlo sin que se pudiera actuar judicialmente contra él. La ausencia de responsabilidad civil fue, por ejemplo, la que permitió escapar a su padre a lo largo de su reinado de varias demandas de paternidad, y más tarde también, cuando dejó de ser inviolable para ser solamente impune.

Fue causa, además, de uno de los mayores ridículos del Consejo de Estado cuando tuvo que pronunciarse sobre este precepto y decidir si impedía a España firmar su adhesión al Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre cuyas disposiciones está la de poder juzgar a jefes de Estado y de Gobierno por crímenes de genocidio y lesa humanidad aun cuando su conducta se hubiera limitado a encogerse de hombros ante actos ejecutados por sus subordinados.

Para evitar proclamar que la inviolabilidad era un disparate y recomendar en consecuencia eliminarla de la Constitución, los ‘ancianos’ del Consejo tomaron por la calle de en medio. Según su dictamen no había colisión entre el Estatuto de la Corte Penal y la Carta Magna porque, llegado el caso, la responsabilidad correspondería a quien hubiera refrendado al irresponsable, que es a quien habría que cargarle los muertos. Por llevar el razonamiento al absurdo, ante la decisión de exterminar a todos los independentistas catalanes, el Rey se iría de rositas por eso de la inviolabilidad, pero también los ejecutores, ya que no es previsible que la decisión se adoptara por decreto y fuera publicado en el BOE con la firma de un cabeza de turco al que identificar como culpable.

Nadie discute que el jefe del Estado disfrute de un fuero especial respecto de aquellos actos realizados en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Lo que es un atentado al sentido común es que, a efectos legales, sea considerado un niño de cuatro años. Somos un país de traca. Ante la posibilidad de que un psicópata no pudiera ser juzgado por atropellar ancianitas en los pasos de cebra, nuestros gobernantes dieron hace tiempo la solución perfecta: eliminar los pasos de cebra.