Opinion · Tierra de nadie

Debates electorales por ley

A Rajoy, que ahora estará convocando juntas e inscribiendo apoderamientos, se le criticó mucho por su exasperante pasividad y sus siestas con pijama. Sin embargo, ese quietismo suyo, cuya paternidad habría que certificarle con una exención completa de tasas, parece haber creado escuela en la política española. El Don Tancredo es a un tiempo el lance del temerario y del pasota, recreado magistralmente por Fernando Fernán Gómez en El Inquilino. “Usted no tiene que hacer nada. Con estarse quieto el toro llega, le huele, escarba, bufa y amaga”, le decían. “¿Y le parece a usted poco?”, respondía el Evaristo de la película.

Pedro Sánchez, que antes de la moción de censura había entablado una relación casi fraternal con el hoy registrador, parece haber absorbido algo de ese espíritu perezoso e indolente en sus citas en Moncloa. No hacer nada también es hacer algo, y esa es la filosofía que ha empezado a aplicar en campaña. Haciendo la estatua no se avanza pero se evita tropezar con las piedras.

Los debates de campaña son algunas de esas rocas del camino. Sánchez, al que las encuestas dan por ganador, prefiere evitar los contratiempos y de ahí su decisión de participar en uno solo de ellos. Le llevarán en su pedestal, le colocarán frente a la cámara y dejará que sean los otros, especialmente el trío de Colón, los que se despedacen entre ellos. Reglados tiempos y temas, el mayor de sus peligros es que le caiga alguna cagada de paloma en la cabeza, nada que el mármol no pueda soportar a pequeña escala.

Es una vergüenza que tras cuarenta años de democracia sigamos al albur de la conveniencia particular de un candidato. Los debates no pueden ser una opción o una cortesía del favorito de las encuestas sino una obligación indeclinable ante el electorado, al que se privaría de un instrumento vital para decidir su voto si se le hurta el contraste de ideas. El poder es radiactivo y a nadie en su sano juicio se le ocurriría poner al frente de una central nuclear a alguien que se negara a demostrar su capacidad para manejar el reactor o sus conocimientos sobre la fisión del átomo.

Durante años se reflexionó sobre otras ventajas de los debates, especialmente el del ahorro que supondría en las campañas, basadas esencialmente en el acarreamiento de militantes y convencidos para servir de cla en los mítines cuando no en un bombardeo publicitario que equipara la elección del gobernante al proceso de decisión de compra de un lavavajillas. Por lo que se ve, poco hemos avanzado.

Es urgente que una ley establezca un número de debates obligatorios y su formato, ya sea con la presencia de todos los candidatos que puedan acreditar un porcentaje determinado de intención de voto, que para algo debe servir el CIS, o de los líderes de las dos principales fuerzas en un cara a cara. Dichos debates tendrían que realizarse en la televisión que pagamos todos, de manera que no sirvan para incrementar los ingresos o las audiencias de una emisora privada o para dar pábulo a pensar que si Sánchez acepta sentarse ante las cámaras de Atresmedia es porque una editorial del grupo le acaba de publicar un libro.

Los políticos deben pasar estos exámenes y someterse a las preguntas de los medios, de los ciudadanos o a la inquina de sus adversarios. Han de convencernos de que están preparados. Han de ganar el concurso. Aquellos que se nieguen deberían ser descalificados. Así de simple.