Tierra de nadie

La secta de Laffer

Ha presentado el Gobierno a Bruselas el plan cuatrienal de estabilidad que tiene muy soliviantados a nuestros liberales de cabecera porque plantea subidas de impuestos y de la presión fiscal hasta el 40,7% del PIB en 2022 desde el 38,9% actual. Se trata de los habituales adoradores de la curva de Laffer, aquel señor que sostenía para deleite de los más pudientes que la mejor manera de aumentar la recaudación era hacer justamente lo contrario, es decir, bajar los tipos impositivos porque ello, indefectiblemente, incrementa la actividad, atrae la inversión extranjera, aumenta el consumo por eso de que se dispone de mayor renta y hace que aflore la economía sumergida y reduce el fraude. A Laffer le atribuía Galbraith una desbordante imaginación y le concedía incluso el mérito de haber demostrado que una manipulación evidente puede resultar utilísima para algunos, esencialmente para los ricos. "Nadie en su sano juicio –remataba- puede tomarse en serio ni la curva ni sus conclusiones".

Es pronto para evaluar el alcance de este plan que recoge una subida de impuestos de poco más de 5.650 millones aunque, por primera vez en muchos años, se apunta en la dirección correcta. Si se pretende mantener un Estado del Bienestar que financie adecuadamente Sanidad, Educación y pensiones es imprescindible contar con más recursos y empezar a equipararnos a los países de nuestro entorno, cuyos ingresos fiscales, de media, superan en seis puntos a los nuestros. O lo que es lo mismo, no renunciar voluntariamente a disponer de más de 60.000 millones al año, lo que indica lo desprendidos que somos o lo imbéciles que podemos llegar a ser.

Suenan, por tanto, a broma algunas críticas y sus advertencias sobre la inminente llegada del fin del mundo en forma de crisis, recesión y hasta de quiebra. Quienes ya hablan de política confiscatoria deberían explicarnos qué es lo que viene sucediendo en Francia, donde su recaudación fiscal ronda el 53% del PIB o, sin llegar tan lejos, en Alemania o Italia, con porcentajes superiores al 45%. ¿Es un disparate pretender que nuestra presión fiscal supere el 40% en cuatro años?

El plan, ya esbozado antes de las elecciones y contenido en el malogrado proyecto de Presupuestos, propone cosas tan revolucionarias como que las grandes empresas y los grupos consolidados se retraten a Hacienda por un 15% efectivo de su base imponible. Esto quizás sea muy bolchevique pero los de la secta de Laffer siguen sin explicar cómo es posible qué la recaudación por IRP supere ampliamente a la registrada en 2007 y la del Impuesto de Sociedades esté 20.000 millones por debajo cuando los beneficios duplican en crecimiento a los salarios.

Se pretende también añadir dos nuevos tramos del IRPF a los salarios superiores a los 130.000 y 300.000 euros, que pasarían a tributar por el 47 y el 49% respectivamente. Es discutible que estemos hablando de subir los impuestos a las clases medias, pero habrá que convenir que algo de progresividad si entraña la subida. ¿Es razonable que el tipo marginal de los que ahora ingresan 60.000 euros al año sea idéntico del que los quintuplican? ¿Es justo?

Otro tanto ocurre con la llamada fiscalidad del ahorro, que es la manera fina de referirse a las plusvalías. En la actualidad, alguien que, tras un año de trabajo, gana 30.000 euros tributa al 19% por los primeros 12.450 euros y al 24% por el resto. Otra persona que obtenga esa misma cantidad por una operación de Bolsa lo hace al 23%. ¿Es un disparate que si esa plusvalía supera los 140.000 euros tenga que pagar al Fisco un 27% por esas ganancias?

Sobre la creación de dos nuevos tributos, una tasa sobre las transacciones financieras y otra sobre determinados servicios digitales, también se ha puesto pie en pared, con el argumento de que sólo serían efectivas si su marco fuera el del conjunto de la UE. Es decir, que entre tanto habría que resignarse, por ejemplo, a que las grandes tecnológicas eludan tributar por su cifra real de negocios, que más que un escándalo es una tomadura de pelo. Y así.

Los impuestos, como aquí se ha dicho alguna vez, tienen ideología, pero a lo que estamos asistiendo desde algunos sectores neoliberales que nutren el corpus económico de nuestras derechas es a una banalización de las obligaciones tributarias, con el mensaje de que el sostenimiento de las arcas públicas es poco menos que un atraco legal y que lo mejor es que el dinero esté en manos de los contribuyentes para que le den el uso que crean más conveniente. Llevado al absurdo, lo confiscatorio no sería pagar un 45% o un 49% sino un 1%, ya que es sabido que las carreteras, los hospitales, los colegios, las pensiones o los subsidios de desempleo suelen caer del cielo en forma de tormenta. Sólo habría que esperar, por tanto, a que lloviera.

Para hacer bueno a Laffer y a su imaginaria curva tendríamos que acostumbrarnos a que los asalariados, que apenas si representan la mitad de la renta nacional, sigan sufragando el 90% del gasto público y que la inmensa mayoría del empresariado declare ingresos de mileurista. O a que sigan existiendo grupos de privilegiados a los que las leyes actuales consienten esquivar sus responsabilidades tributarias. O a que el fraude se corrija por sí solo porque el nivel impositivo sea tan ridículo que haga rentable aflorar una economía sumergida que se traga anualmente el 20% de la riqueza.

A otros, en cambio, les parece que los impuestos deben dejar de ser un instrumento electoral porque no se inventaron para atraer votos sino para corregir las desigualdades y asistir a los más desfavorecidos, y para orientar la actividad económica con el único criterio del bien común. Ese es el dilema.