Opinion · Tierra de nadie

Sánchez se acuerda de Santa Bárbara

De las tropecientas reformas de la Constitución que el PSOE ha planteado en los últimos tiempos, resulta que la más urgente, la imprescindible, la que propondrá ipso facto si por un casual le renuevan el contrato de alquiler de la Moncloa es que sea la lista más votada la que gobierne en caso de bloqueo de la investidura. Pues sí, también en el artículo 99 se equivocaron nuestros ‘padres fundadores’ cuando inspirados por algún espíritu santo creyeron redactar la Biblia y, a medida que pasa el tiempo, se confirma que sólo era una novela romántica con pretensiones. Por razones que luego se explicarán, al PP le ha parecido estupenda la iniciativa y sólo por imposibilidad física Casado no se ha puesto a dar palmas con las orejas.

Se confirma una vez más que los socialistas sufren una curiosa bipolaridad entre su actitud en la oposición y la que experimentan al pisar las coloridas alfombras del poder. Hace algún tiempo lo urgente era incorporar a la Constitución mecanismos que garantizaran el Estado del Bienestar y fortalecieran los derechos sociales. Había que reformar el artículo 135 –el que Zapatero pactó con Rajoy en una merienda- para asegurar un nivel adecuado de gasto público con el que financiar servicios y prestaciones sociales. Había que reconocer como derechos fundamentales la protección de la salud y a las pensiones e incluir, incluso, el derecho a una renta o ingreso mínimo vital que asegure una vida digna. Había que mencionar expresamente la tutela judicial efectiva de los trabajadores en caso de despido injustificado y su derecho a la dignidad. Y ya puestos, urgía obligar a los poderes públicos a responsabilizarse del derecho a la vivienda, especialmente en casos de desahucio.

La cosa no quedaba ahí. Se pedía atribuir a “las personas” y no sólo a los españoles el derecho a la igualdad y a la no discriminación, además de una regulación expresa y específica de la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo la protección de ellas ante la violencia de género, además de eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Se reclamaba abolir la pena de muerte incluso en tiempos de guerra; consolidar la neutralidad religiosa de las Administraciones; actualizar el concepto constitucional de matrimonio con la referencia expresa al de personas del mismo sexo; limitar los aforamientos; suprimir la inmunidad parlamentaria; o incrementar la proporcionalidad del sistema electoral y desbloquear las listas.

¿Quieren más? Reformar el Senado para convertirlo en una cámara territorial; mejorar la cooficialidad de las lenguas; delimitar las competencias del Estado y las autonomías; reconocer las singularidades de algunas nacionalidades; y blindar un sistema de financiación autonómica basado en la suficiencia de recursos, la autonomía y la solidaridad interterritorial, entre otros cambios.

Pues bien, según parece, nada de lo anterior es más importante que conseguir que gobierne la lista más votada en caso de bloqueo que, por hablar de las circunstancias actuales, no es tal sino simple incapacidad de dos señores para ponerse de acuerdo en compartir las tortillas de patatas que suelen prepararse al final de los Consejos de Ministros como tentempié. Es verdad que para hacer posible la gobernabilidad primero hay que poder gobernar pero también que hay que hacerlo con algún objetivo, algo complicado cuando no se dispone de la mayoría necesaria para sacar adelante lo que se propone. En definitiva, nada hay más inestable e ineficiente que un Gobierno en minoría con la mayoría en contra.

Convertir esta reforma en una prioridad es acordarse de Santa Bárbara ahora que truena. Pero no sólo eso. Es intentar insuflar oxígeno al bipartidismo con bombonas industriales ahora que la ciudadanía ha decidido que prefiere contar con más sensibilidades y que alcanzar el poder sea fruto de la negociación y del acuerdo. Es por este salvavidas del bipartidismo por lo que el PP se ha sumado a la propuesta con inusitada velocidad y se ha agarrado al clavo ardiendo.

Es sabido que esto de cambiar la Constitución es un cachondeo mayor que el de la Justicia. O es imposible pasarla el tippex y sobrescribirla o se cambia a toda leche al amparo de la noche, según convenga. Para este caso, existe un requisito ineludible que es superar un trámite de investidura en el que, pese a los desencuentros notorios y públicos entre el PSOE y Unidas Podemos, se constata algún avance y flexibilización de posturas. Sánchez parece que por fin acepta ministros de Podemos siempre que no se apelliden Iglesias ni Montero. Algo es algo.

Así las cosas, no conviene tomar muy en serio el cambio constitucional que el presidente en funciones se ha sacado de la manga. Si gobierna, lo echará en el olvido, ese limbo en el que se encuentran todas esas reformas “imprescindibles” que se han mencionado anteriormente. Las prioridades son más mutantes que Mortadelo.