De todos los dedos de la mano, el índice sigue siendo imprescindible en política desde los tiempos en los que Cánovas y Sagasta acordaron turnarse en el poder a la muerte de Alfonso XII. Fue el nacimiento oficial del clientelismo y de la cesantía, un fenómeno este último del que ya daba cuenta Galdós en la piel de Ramón Villaamil, que acabó comprobando que lo único que funcionaba en aquella España era el revólver con el que se pegó un tiro. Como los tiempos avanzan una barbaridad ya no se habla de clientelismo sino de cargos de libre designación, esa ingente marea de asesores y personal eventual que van y vienen al ritmo de los cambios de Gobierno en las distintas administraciones como una sincronizada marea.

En estos relevos estamos a la cabeza de Europa junto a Turquía y Chile, según un reciente informe de la OCDE. La alternancia, tan democrática, es un incesante rodar de cabezas que afecta a directores generales, subdirectores, gerentes de hospital, embajadores, presidentes de empresas públicas, altos y bajos comisionados y un largo e incontable etcétera. Politiquillos del dedo índice y hasta toreros en busca de plazas de primera sobrevuelan la estructura funcionarial, resignada a su aterrizaje en puestos para los que carecen de preparación, lo que fuerza en muchas ocasiones a los empleados públicos a elegir bando para, al menos, beneficiarse del ascenso al poder de los suyos.

Los ejemplos más burdos de este baile de Carnaval han tenido lugar en Madrid, que para algo es el rompeolas de las Españas. En Móstoles, su alcaldesa Noelia Posse, socialista ella, ha creado un puesto a su hermana Laura, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, a razón de 52.000 euros al año para que coordine los mensajes y las redes sociales del Consistorio. Paralelamente, ha promocionado a su tío, que de auxiliar administrativo en Cultura ha pasado a ser director técnico de Deportes, con 1.600 euros más al mes de sueldo. La justificación de la regidora ha sido de una simpleza conmovedora: son cargos de confianza y la que tiene en su familia es absoluta.

El asunto ha revelado hasta qué punto el nepotismo ha colonizado las administraciones. No hay ninguna ley que impida a un alcalde o al propio presidente del Gobierno nombrar a su primo si le viene en gana para un cargo de libre designación, de tal manera que difícilmente se podría expedientar en su partido a la regidora de Móstoles por atenerse escrupulosamente a la legalidad. ¿Que los nombramientos no son estéticos? Bueno, para gustos los colores.

Simultáneamente, hemos asistido al juego de la silla que ha protagonizado la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, promocionada por el PP en Madrid en su línea habitual de instrumentalización de las víctimas del terrorismo, a las que ha convertido en figuritas de porcelana con las que adornar su escaparate. Lo de Pedraza ha adquirido tintes surrealistas al punto de batir un récord Guinness: nadie en el mundo ha ocupado tantos cargos públicos en menos tiempo, en concreto tres en solo mes y medio.

La de la AVT fue designada en octubre del pasado año comisionada de las Víctimas del Terrorismo, aunque por razones que se desconocen fue removida del puesto para ocupar otro comisionado, el de la Cañada Real Galiana, una zona deprimida y chabolista de la periferia de Madrid. Desde ese puesto, Pedraza, exempleada de El Corte Inglés y especializada en el comercio minorista, debía coordinar las actuaciones sociales y urbanísticas que se pretenden poner en marcha para acabar con uno de los mayores focos de venta de drogas de la capital.

Como a Pedraza no le convencía su nuevo destino, puso pie en pared y reclamó otro cargo a la altura de sus expectativas. Ante el escándalo que hubiera supuesto su abrupta salida de la Administración regional, se le ha concedido el cargo de gerente del 112 donde cobrará cerca de 94.000 euros al año sin importar que su experiencia en la gestión de emergencias se limite a haber hecho frente a alguna avería en las cañerías de su casa. Según el PP, su nombramiento es un ejemplo de la promoción de las víctimas del terrorismo, y no le falta razón.

La España del siglo XXI se parece tanto a la del XIX que si Galdós reviviese volvería a hacer que el protagonista de Miau, condenado a mendigar un puesto de trabajo tras ser removido de su empleo en el Ministerio de Hacienda, se pegara otro tiro a bocajarro. Vivimos en la inmoralidad pero dentro de la ley.