Tierra de nadie

A la caza del culpable

Sin que la inquietud por la súbita desaparición de los aviones que Isabel Díaz Ayuso había fletado en China hace cuatro días cargados hasta los alerones de material sanitario para combatir al coronavirus les haya hecho mella, políticos y medios de comunicación han vuelto por donde solían, esto es a identificar sin ningún género de dudas quienes son los responsables de que la pandemia se esté cebando con España. La caza de culpables está en nuestro acervo común, justo a la lado de la envidia, y se viene practicando en estos lares desde tiempo inmemorial. Siempre es posible encontrar uno o varios culpables de que los planes no salgan bien o, directamente, de que no existan ni planes. Cuando nos ponemos a dar leña al mono, no hay maltrato animal ni Cristo que lo fundó.

Sobre la propagación del virus ya se había apuntado a los objetivos con mira telescópica, pero en estas últimas horas es cuando se ha desatado el fuego graneado. En el paredón, lógicamente, está el Gobierno que, siempre, y esto no es una ironía, lleva la culpa en el sueldo, pero los disparos se están cebando con el director de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que a principios de febrero era un "supermédico" que había vencido al ébola y al zika, el hombre idóneo para llevar las riendas, y al que hoy, a coro, se tilda de inepto y hasta de indecente, ya sea por no haber previsto la ola de contagios en su bola de cristal epidemiológica o por ser un calzonazos con bata y haberse cruzado de brazos ante la inacción del Ejecutivo. El pobre no tiene escapatoria.

Desde hace días, semanas incluso, se tenía claro por ciencia infusa que la rápida expansión del bicho se había producido el día 8 de marzo gracias a las manifestaciones del movimiento feminista que, para algunos, es otro virus igual de peligroso al que hay que combatir. Se sugiere que, sin esas concentraciones, que debieron reunir a unas 200.000 personas tirando por lo alto, ahora mismo no estaríamos encabezando el ranking de víctimas mortales por lo que cabe presumir una responsabilidad criminal de quienes no las impidieron. La teoría, que para los francotiradores es una certeza, tendría el aval de una jueza que ha abierto diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de lesiones por imprudencia profesional. La magistrada se ha propuesto averiguar si era notorio el riesgo sanitario, si se hizo algún advertencia de ello y si los superiores del delegado, esto es, el Ejecutivo, conociendo el peligro gracias a un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, no hizo nada para evitarlo. Las manifestaciones, al parecer, solo tuvieron lugar en Madrid porque el resto de delegados del Gobierno ha escapado por el momento a la lupa de gran aumento de la Justicia.

Medios y partidos, algunos de ellos presentes en las marchas, saben la respuesta a todas estas cuestiones desde el 9 de marzo. Así, han establecido que por motivos ideológicos y, sabiendo de antemano que el virus que habitaba entre nosotros tenía predilección por el color morado, el Gobierno alentó a las masas hacia el matadero feminista de manera consciente y alevosa. El veredicto está más claro que el agua: culpable, culpable y culpable.

A toro pasado se hace difícil no reconocer la conveniencia de haber evitado este tipo de concentraciones multitudinarias. Pero, puestos a cazar, cacemos todos ya que sobran culpables en la sabana. A las mismas fuerzas políticas que eran conscientes de lo escurridizo del virus no se les ocurrió dar la voz de alarma ante las aglomeraciones masivas de personas en servicios que ellos mismos controlaban, tal que los transportes urbanos, o si lo hicieron se abstuvieron de reforzarlos para, al menos, evitar que la cercanía entre usuarios se midiera como mucho en centímetros. Algunos de los que siguen pidiendo hoy el confinamiento total se fueron en masa a Perpignan a rendir pleitesía al héroe de Waterloo sin sentirse responsables haber podido contribuir a la expansión del virus por Europa. Las preguntas se amontonan. ¿Solo hubo contagios en las marchas feministas y no en los partidos de fútbol y acontecimientos deportivos que se celebraron el mismo día 8 de marzo? ¿Es este un virus tan católico que no aprovechó las misas, bodas y bautizos para infectar a los creyentes? ¿Se abstuvo de acudir a lugares de ocio porque no marida bien con los gin tonics?

Los cazadores profesionales, epidemiólogos vocacionales, tienen meridianamente claro que la culpa de todo lo anterior es también del Gobierno y que los contagios masivos se habrían podido evitar si el estado de alarma se hubiera decretado mucho antes. Ahora bien, ¿qué se estaría diciendo si, tal que la última semana de febrero, que es la que se maneja como clave en la expansión, se hubieran tomado ya medidas de aislamiento social como las que vivimos actualmente pese a que en ese momento el número de afectados y víctimas no era relevante? Pues que el Gobierno sería culpable de hundir la economía a sabiendas y de llevar al país a la ruina.

Son evidentes, por otro lado, la responsabilidades del Ejecutivo en la carencia de medios de protección y detección con la que los profesionales sanitarios se enfrentan a la epidemia. Nadie entiende que no haya mascarillas, guantes, respiradores, trajes, gorros o test suficientes, que el reparto se haga a cuentagotas y que hayan tenido que pasar más de diez días hasta que se haya confirmado una compra masiva a China de estos materiales. ¿Hubo imprevisión del Gobierno? Sin duda, aunque pocos apuntan a que eran las comunidades autónomas quienes tenían las competencias sanitarias, ordenaban las compras y decidían, en muchos casos, que era mejor levantar una noria gigante en la ciudad que aumentar las plantillas de médicos y enfermeras tras los recortes de la última crisis. Díaz Ayuso, con esos aviones de China que no aparecen en el rádar, reconoce ahora que adquirir estos productos no es sencillo ni para ella, que en lo de ir de tiendas nunca tuvo rival.

Esas mismas autonomías, gobernadas por partidos de distinto signo, también eran competentes sobre las residencias de mayores, cuya gestión en muchos casos y para quitarse a los viejos de encima, había sido puesta en manos privadas, pero no para que obtuvieran beneficios sino para que se ejercitaran en el altruismo y la filantropía. A esas mismas comunidades que tanto se escandalizan por las muertes de ancianos era a quienes correspondía la inspección de estos centros haber establecido a tiempo cordones sanitarios sobre sus usuarios, sabiendo de antemano que eran la población más vulnerable.

El Gobierno es culpable, inequívocamente. Y las autonomías. Y los políticos con anticuerpos españoles contra los que un virus chino no tiene nada que hacer. Y los clubes deportivos, que podían haberse negado mucho antes a poner en peligro a sus jugadores y a sus aficiones. Y los curas por encomendarse a la Virgen y no salir corriendo ellos y sus feligreses. Y los dueños de los bares y discotecas que invitaban a la última. Y los empresarios que obligan a sus trabajadores a seguir en el tajo a cuerpo gentil. Y los que se tomaron el virus a broma en un primer momento porque era cosa de los asiáticos y de sus desayunos a base murciélago. Y esos cabrones que se saltan el aislamiento y pasean al perro hasta la provincia de al lado. Nos va a faltar banquillo cuando queramos juzgarnos a todos.