El Gobierno ha convertido la prórroga del estado del alarma en una cuestión de vida o muerte y ha advertido de que de su continuidad depende evitar que el país acabe sumido en el caos sanitario y económico. Es evidente que con el fin de la excepcionalidad el Gobierno perdería su condición de mando único en la crisis, como lo es que con el único sostén de la legislación ordinaria mantener el confinamiento obligatorio y generalizado será imposible. En cambio, no es tan obvio que ello implique, como se amenaza, que el escudo social puesto en pie para paliar los efectos de la pandemia tenga necesariamente que decaer también. De hecho, son numerosos los expertos que no ven vinculación jurídica alguna entre la alarma y las medidas económicas decretadas en las últimas semanas, por lo que relacionar ambas cosas suena bastante a chantaje.

Más evidente aún es que anteponer las estrategias partidarias y los intereses electorales a la salud de la población es una inmoralidad, a la que estaríamos abocados si no se pusiera en marcha con ella una siniestra ruleta rusa a la que difícilmente se querrá jugar. Por explicarlo más claramente, no es previsible que el PP consume su escarmiento al Gobierno tumbando con su voto en contra la prórroga del decreto de alarma porque tendría que asumir el coste de un hipotético repunte de la pandemia y los muertos correspondientes. Así que se limitará a abstenerse para desgastar al Ejecutivo y dejar claro quién debe asumir en exclusiva el coste político de cómo se ha gestionado la crisis. Le basta con transmitir este mensaje: abandonado por todos, incluidos sus socios, el Gobierno está solo y si algo sale mal, el culpable será Sánchez, la coalición social-comunista, el populismo bolivariano o su deriva totalitaria.

De hecho, a excepción de Vox que está en otra liga completamente delirante,  ni los que se disponen a rechazar la prolongación del estado de alarma cuestionan que el confinamiento haya resultado útil para contener los contagios. De lo que discrepan es de que sea el Gobierno quien lleve la batuta. No se discute el caos sanitario que se profetiza en el momento en que la libertad de circulación no pueda ser restringida con carácter absoluto porque entienden que serán ellos en sus respectivos territorios los que podrán decretarla si lo creen oportuno. En consecuencia, no se trata de un canto a la libertad individual, que conceptualmente podría estar justificado, sino una pugna por el poder y por las competencias.

La conclusión es preocupante. De una forma o de otra, nuestros representantes están convencidos de que los ciudadanos somos un hatajo de irresponsables que necesitamos ser controlados por un solo mando o por diecisiete, ese es el debate, aunque llegado el caso sean ellos los que públicamente se salten las cuarentenas u organicen fiestas de mascarillas con reparto de bocadillos de calamares incluido. Puede que el pobre concepto que se tiene de la población esté justificado y que, en efecto, bastaría con abrir la mano para que reinara el cachondeo, nos diéramos a la exaltación de la amistad y a los cánticos regionales y tuviéramos que volver a la casilla de salida como en el juego de la oca.

La impresión, que es casi una certeza a la vista de cómo algunos se han pasado por el forro todas las recomendaciones sanitarias a la menor oportunidad, es que la nuestra es una sociedad infantilizada e insolidaria que sólo atiende a razones cuando pesa sobre ella la amenaza del castigo. Es inevitable asumir que algunas ideas filosóficas sobre el ciudadano que nacieron de la Revolución francesa, aquel ser dueño de su destino pero abierto a la cooperación con los demás para construir un mundo mejor, son poco más que propaganda bienintencionada. Seguimos sujetos al palo y a la zanahoria y consideramos preferible el susto de la sanción para evitar que ese libre albedrío, que suponemos alocado e imprudente, nos lleve por delante.

No es algo que nos afecte sólo a los españoles por algún misterioso gen que compartimos y que nos hace diferentes del resto. Basta con comprobar las medidas contra la pandemia que se han puesto en práctica en otros países, que han basado su éxito en el confinamiento primero y en el control telemático de los movimientos personales después, es decir, en la desconfianza absoluta en las personas y en su responsabilidad individual. Quizás Suecia, que desistió de los encierros obligatorios y apeló a la conciencia social para mantener eso que se llama ahora la vieja normalidad, permita desterrar el principio de que somos nuestra principal amenaza. Está por ver, pero nada invita al optimismo antropológico.