Opinión · Espejos extraños

La justicia trampeada

El sistema judicial ha estado frecuentemente en el filo de la navaja. Pero la desesperanza que hoy lo embarga es más profunda y pone en entredicho los principales pilares del sistema judicial en un Estado democrático: la independencia de los jueces, la autonomía del Ministerio Público y la confianza social. Tres son las principales trampas: troika, tibieza y tensión.

La ministra de Justicia de Portugal, Paula Teixeira, anunció recientemente que había agotado ya “todas las medidas del Memorando de la troika”. No es de extrañar que el desarrollo de las reformas haya desestimado los estudios previos y una creíble supervisión, ya que se determinaron la agenda y términos de referencia, faltando apenas ejecutarlos. La llamada Guía para la Reforma del Estado va poco más allá del Memorando. La única innovación reside en “la apertura del Gobierno para reformar la arquitectura institucional del sistema judicial”. Este es un anuncio preocupante. ¿De qué habla el Gobierno? ¿Del fin del Tribunal Constitucional, transformado en peligrosa “fuerza de bloqueo”? ¿De la reducción de la autonomía del poder judicial? ¿Y por qué es necesario reformar la arquitectura del sistema judicial? ¿Cuáles son los bloqueos subyacentes?

Hace más de dos décadas producimos, en el Observatorio Permanente de Justicia, estudios de evaluación del desempeño funcional del sistema de justicia, identificando bloqueos y presentando propuestas de solución. La arquitectura del sistema judicial nunca ha sido, ni por nosotros ni por otros estudios, identificada como un bloqueo a la eficiencia y a la calidad de la justicia. Sá Carneiro, Salgado Zenha, Almeida Santos, Cunha Rodrigues, Laborinho Lúcio, entre otros, diseñaron un sistema de justicia elogiado internacionalmente, fuente de inspiración de otros países, capaz de garantizar la autonomía y la independencia de los tribunales como órganos de soberanía. La degradación y el descrédito que la justicia vive no es consecuencia de su arquitectura, pero sí de otros factores que debilitan cada vez más el acceso al derecho y a la justicia y la organización y el funcionamiento de los tribunales.

La justicia es un bien público que debe estar al servicio de la profundización de la democracia y del desarrollo económico y social. La justicia portuguesa está lejos de cumplir este objetivo. Las reformas anunciadas, además de tibias, no sólo no ayudan a aproximar la justicia a dicho objetivo, sino que tienen el potencial de profundizar en su alejamiento. Temas como el acceso al derecho y a la justicia, reclutamiento, formación y evaluación y progresión de la carrera de los magistrados, calidad y transparencia de la justicia o están ausentes o son tratados  desde una perspectiva puramente financiera. Estamos en un momento de retroceso, de construcción demagógica de eficiencia, como el tan propagado descenso de las resoluciones de la acción ejecutiva, que tanto habrá impresionado a la troika, cuando todos saben que se trataba, en su gran mayoría, de falsas resoluciones. Como dice Rui Cardoso, del Sindicato de Magistrados del Ministerio Público, de procesos que “ya estaban muertos”. La carga ideológica neoliberal en la reforma de la Educación y de la Seguridad Social no es trasladable en su plenitud a la justicia, pero puede trampearla, volviéndola aun más rehén de su laberinto, deslegitimándola cada vez más a ojos de los ciudadanos. No es por casualidad que el poder político no se canse de destacar las cualidades de eficiencia del arbitraje, una justicia privada de élites.

El sector de la justicia vuelve, menos de 10 años después, a ser un fuerte foco de tensión social, con representantes de las estructuras sindicales de los magistrados y funcionarios admitiendo la realización de huelgas. Lo que diferencia este momento de otros es que la tensión institucional no es entre las instituciones del poder judicial, pero sí entre éstas y el poder político. Los ciudadanos sólo pueden observar esta tensión a través del prisma mediático: el descontento se debe a los recortes salariales. El conflicto muestra la preocupación por la degradación de las condiciones de funcionamiento de la justicia, con las amenazas a la autonomía y a la independencia del poder judicial, con el alejamiento de los agentes judiciales del proceso de reforma. Los tribunales aún gozan de un capital de expectativas positivas que no pueden desperdiciar. Y los ciudadanos necesitan, más que nunca, del sistema de justicia, que no pueden dejar de defender.