Opinion · Espejos extraños

Brasil: las izquierdas y las elecciones de lo desconocido

Traducción de Antoni Aguiló

Se están acelerando las urgencias típicas del inicio de un ciclo electoral que se prolongará entre finales de agosto y finales de octubre. Estas urgencias son particularmente desafiantes para las izquierdas brasileñas porque su principal candidato, de todos el mejor posicionado en las encuestas, está preso y puede llegar a ser considerado inelegible.

Las irregularidades obvias del proceso Lula da Silva han tenido algunos efectos sorprendentes. La obsesión punitiva fue en este caso tan excesiva que el sistema judicial degradó su imagen y su legitimidad, tanto nacional como internacionalmente, a un nivel y con consecuencias que, por ahora, son difíciles de evaluar. A su vez, la imagen política y humana de Lula salió de esta hybris político-judicial fuertemente fortalecida y mejorada. Víctima de una flagrante injusticia y, para muchos, un preso político, Lula da Silva (tal vez el preso político más famoso del mundo) vio aumentar exponencialmente su crédito político y su popularidad entre las clases populares. Paulatinamente, los errores o desaciertos de los gobiernos del PT por él hegemonizados en el periodo 2003-2016 fueron siendo minimizados u olvidados (a lo que también contribuyó el agravamiento de la crisis y económica y la política de austeridad que entretanto recayó sobre las clases populares) y Lula da Silva se fue consolidando como el precandidato con diferencia mejor posicionado para ganar las próximas elecciones presidenciales. Ello a pesar de estar preso, no poder conceder entrevistas ni grabar videos y ser muy probablemente inelegible en los términos de la llamada ley Ficha Limpia.

Si el objetivo político-judicial era destruir la imagen del expresidente, todo lleva a creer que la estrategia seguida por la élite conservadora falló y que incluso fue contraproducente. Sin embargo, ha alcanzado con éxito su objetivo principal: retirar a Lula da Silva de la próxima contienda electoral y hacerlo sin una alteración cualitativa del régimen político y sin niveles incontrolables de perturbación social. Aunque este objetivo podría haberse alcanzado tan solo parcialmente. En efecto, queda la duda sobre la influencia que el expresidente puede tener en la elección del próximo presidente de la República y en la gobernación del país en el próximo ciclo político.

Más allá de este factor de imprevisibilidad, deben considerarse otros dos: el endurecimiento general del régimen político y las dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda.

El endurecimiento general del régimen político

En los últimos meses el régimen político se ha endurecido considerablemente. Ha aumentado la violencia política, de la que la manifestación más visible fue el asesinato de la diputada municipal Marielle Franco el 14 de marzo de este año. Además, han ocurrido otras ejecuciones de líderes políticos locales, ha aumentado la violencia contra líderes sociales, sobre todo en el medio rural, se ha acentuado el verdadero genocidio de jóvenes negros y pobres de las periferias urbanas, se ha decretado la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, se han perseguido judicialmente a profesores e investigadores con acusaciones sorprendentes contra los resultados de su investigación científica (por ejemplo, en el ámbito de los efectos dañinos para la salud pública derivados del uso irregular de agrotóxicos en la agricultura industrial).

El golpe institucional que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, a la prisión a Lula da Silva y a la gestión global de la operación Lava Jato ha consolidado un régimen de excepción que, de forma similar a lo sucedido en otros países, parece ocurrir en una supuesta normalidad democrática. Sin cambiar cualitativamente, el régimen político ha acentuado sus rasgos reaccionarios y autoritarios, hasta el punto de que es plausible considerar a Lula da Silva un preso político a pesar de que esto ocurra en un régimen formalmente democrático. He defendido que la democracia brasileña, ya de por sí una democracia de baja intensidad, se ha transformado en una democracia de bajísima intensidad. Esto significa que el carácter socialmente excluyente y políticamente restrictivo de las libertades democráticas se ha acentuado en los últimos tiempos. Sin convertirse en un régimen dictatorial de tipo fascista, ha abierto espacio a fuerzas políticas neofascistas, fuerzas de extrema derecha que usan los instrumentos políticos que restan de la democracia para hacer apología de prácticas típicas de la dictadura (apología de la tortura, justificación de la violencia extrajudicial contra poblaciones pobres racializadas, retórica de violenta intolerancia contra líderes políticos de izquierda, etc.). La cara más visible de esta pulsión neofascista es Jair Bolsonaro, militar en la reserva, diputado federal. Después de Lula da Silva es el precandidato a presidente de la República mejor posicionado en las encuestas. Se trata de un populista de extrema derecha tan mal preparado para dirigir el país y tan improbable vencedor de las elecciones como lo era Donald Trump pocos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016.

Otros rasgos del endurecimiento del régimen político se refieren al modo en que se ha acentuado el protagonismo del sistema judicial en detrimento del Legislativo y del Ejecutivo y a la consiguiente judicialización de la política. El Poder Judicial es hoy en Brasil el principal factor de la inseguridad jurídica que afecta a todos y sobre todo a las grandes mayorías que más necesitan un sistema judicial accesible y comprometido con los objetivos constitucionales de defensa de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Este endurecimiento no se puede explicar sin considerar el papel de la crisis económica, una crisis de rentabilidad del capital que impuso el fin de la política de conciliación de clases que los gobiernos del PT, y muy particularmente Lula da Silva, habían defendido y practicado (el llamado lulismo o «lulapetismo»).

Las élites dominantes, con el apoyo activo del imperialismo estadounidense y del capital financiero global, estimularon (cuando no provocaron) la crisis financiera y política del Estado para imponer una versión más agresiva del capitalismo, socialmente más excluyente y más dependiente de la creación de poblaciones desechables, en la práctica, subhumanas, a través del recrudecimiento de la dominación colonialista (racismo, exterminio de jóvenes negros, colonialismo interno, violencia contra quienes luchan por la tierra y por el territorio, ya sean campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, poblaciones ribereñas y piscatorias) y de la dominación patriarcal (aumento de la violencia contra las mujeres, liquidación de las conquistas de los años más recientes por la igualdad y por el reconocimiento de la diferencia).

Esta fue la condición impuesta por las élites nacional e internacionalmente dominantes para no recurrir a un régimen explícitamente dictatorial. Cabe señalar que el contexto en el que se produjeron los fascismos en Europa era muy distinto. En ese momento se trataba de contener un movimiento obrero muy militante y muy organizado o de neutralizar el «peligro» comunista. Las amenazas a la dominación capitalista se percibían entonces como portadoras de una dimensión existencial que hoy no tienen. Por el contrario, la dominación capitalista, colonial y patriarcal parece hoy temer menos que nunca posibles enemigos. Consiguió, al menos aparentemente, una hegemonía por vía de la cual el lema de las izquierdas de los años 1920 —«socialismo o barbarie»— se sustituyó por el lema «capitalismo o barbarie», al mismo tiempo que las barbaridades cometidas por el capitalismo se vuelven cada vez más evidentes y peligrosas, atentatorias del más elemental derecho humano, el derecho a la vida, por no hablar siquiera del derecho a una vida digna.

Dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda

Históricamente, las fuerzas políticas de derecha siempre mostraron más unidad en los momentos decisivos que las de izquierda. A menudo, ni siquiera tuvieron que preocuparse de detallar las condiciones de su unidad porque siempre contaron con un apoyo sorprendente para la conquista o el mantenimiento del poder político: la división entre las fuerzas de izquierda. Esta asimetría no deriva de una deformación intrínseca que impida a las izquierdas realizar diagnósticos correctos en los «momentos decisivos» y tener en cuenta las perspectivas a medio plazo en las urgencias de  autopreservación a corto plazo. Deriva más bien de otra asimetría  constitutiva de las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en las que vivimos puesto que la opción (consensual) por el régimen político democrático dejó de poder contemplar la opción por un régimen económico alternativo al capitalismo, el socialismo. A partir de entonces, la derecha, cuando gobierna, detenta el poder político, económico y social, mientras que la izquierda, cuando gobierna, detenta el poder político, pero no el poder económico ni el poder social. Esta asimetría permite a la derecha tener, en general, más certezas en los «momentos decisivos», por ejemplo, la de mantener intacto el poder económico y social incluso cuando se ve obligada a perder el poder político. Por el contrario, las fuerzas de izquierda tienden a sobrestimar su poder cuando están en el gobierno (como si el poder político, por sí mismo, conllevase el poder económico y social) y a subestimarlo cuando están en la oposición (la pérdida del poder político se ve como una pérdida total e invita a refugiarse en estrategias aislacionistas de supervivencia partidaria). Este desequilibrio es factor de confusión y miopía oportunista en los momentos en los que la clarividencia de objetivos estratégicos jerarquizados sería más importante.

En Brasil, esta asimetría es hoy más visible que nunca, aunque se deben tener presentes los antecedentes que llevaron al suicidio de Getúlio Vargas en 1954 y al golpe militar diez años después. En la crisis que se instauró tras las elecciones de 2014, la derecha estuvo siempre más unida que la izquierda. En el momento en el que, debido a la crisis internacional, tuvo claro que su poder económico estaba en peligro decidió que, para salvaguardarlo, era preciso reconquistar en pleno el poder político, es decir, poner fin a la política de alianzas con los gobiernos del Partido de los Trabajadores que había mantenido desde 2003. De ahí el golpe institucional que llevó al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, a la prisión injusta de Lula da Silva y al desmantelamiento rápido y agresivo de las políticas más emblemáticas del periodo anterior. La facilidad con la que la derecha quitó de en medio al petismo muestra que el periodo anterior se asentó en un equívoco. Lo que para el PT era una política de conciliación de clases más o menos duradera, para la derecha era una mera política coyuntural de alianzas. El odio clasista y racista que se propagó de inmediato como gasolina ardiendo es prueba de ello.

Pero también se hizo evidente que la unidad de las fuerzas de derecha era sobre todo una unidad negativa, es decir, una unidad para eliminar la presencia del petismo de la escena política. La unidad para construir una alternativa positiva (la configuración específica de las relaciones entre el poder político, el poder económico y el poder social) tendría que tener otro ritmo, el ritmo del ciclo electoral de 2018.

Tomadas por sorpresa (lo que, en sí, ya es significativo), las fuerzas de izquierda tardaron cierto tiempo en reaccionar, sobre todo porque ya venían divididas en lo que respecta a la evaluación de las políticas y las prácticas de gobierno de los gobiernos petistas. Sin embargo, los «excesos» de la contrarreforma facilitaron la emergencia de una unidad entre las fuerzas de izquierda, de igual forma una unidad negativa: el consenso de repudio al ritual sacrificial del que fue víctima Lula da Silva y, en consecuencia, el consenso en la campaña «Lula Libre» y en la reivindicación de su derecho a ser candidato en el ciclo electoral de 2018.

El ciclo electoral está entrando en su fase decisiva y las asimetrías anteriormente anotadas están, de nuevo, bien presentes. En lo que se refiere a la derecha, muchos analistas subrayan la falta de una unidad positiva patente en la ausencia de un candidato obvio para el liderazgo político del próximo periodo político. En mi opinión este análisis está equivocado. La aparente falta de unidad es una trampa bien urdida para garantizar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se juegue entre dos candidatos de derecha. En el momento en que esto ocurra, la derecha dejará bien claras sus opciones. A menos que las condiciones económicas internacionales se deterioren acentuadamente, optará por una política conservadora sistémica en detrimento de una política de ultraderecha con una pulsión antisistémica. Obviamente, no está garantizado que esta estrategia resulte plenamente. Las dinámicas de la política del resentimiento actualmente en vigor pueden liberar los demonios del populismo de extrema derecha. En cualquier caso, esta solución garantizará lo principal, la congruencia mínima entre el poder político democrático de bajísima intensidad y el poder económico y social de carácter particularmente excluyente y represivo.

En lo que se refiere a las fuerzas de izquierda, a medida que se intensifica la lógica electoral, la falta de unidad positiva (para garantizar una alternativa política mínimamente de izquierda) se vuelve cada vez más patente. La lógica tacticista de supervivencia partidaria a corto plazo parece dominar y la paradoja más chocante para cualquier observador atento parece escapar a los líderes de los partidos: la paradoja de pregonar la unidad de las izquierdas en la segunda vuelta y, al mismo tiempo, hacer cualquier cosa para que no haya candidatos de izquierda en la segunda vuelta. En este ámbito, la responsabilidad del PT es particularmente fuerte por ser el principal partido de izquierda y tener como precandidato al político más aventajado en las encuestas, aunque esta precandidatura no pueda convertirse en candidatura. Las asimetrías entre izquierda y derecha que he señalado arriba son ahora particularmente dramáticas.

Si es cierto lo que afirmé arriba —que lo que el PT vio como conciliación de clases era, para, la derecha, una mera alianza política coyuntural—, resulta particularmente incomprensible que se insista en políticas de alianza con las fuerzas de derecha que apoyaron el golpe institucional, cuando es evidente que ahora no hay ninguna condición para la conciliación de clases, ni siquiera como ilusión creíble. Es decir, las condiciones que permitieron al PT ser la izquierda hegemónica en el periodo anterior dejaron de existir. Por tanto, tendría sentido que la hegemonía se reconstruyese sin alianzas con la derecha y, por el contrario, con alianzas construidas horizontalmente con otras fuerzas de izquierda y centroizquierda. En cambio, impera el tacticismo de la supervivencia partidaria en el próximo ciclo político, aunque ello implique desperdiciar la oportunidad de elegir un presidente de la República que detenga el vértigo de la exclusión y la represión que se abate sobre las mayorías empobrecidas y racializadas. Sin embargo, esta posición es más compleja que el puro tacticismo. Constituye el núcleo de la identidad política que Lula da Silva forjó para el PT en las últimas décadas. El hecho de estar actualmente preso hace que Lula da Silva sea ahora más que nunca el garante de esa identidad. El poslulismo y el lulismo no pueden coexistir. De algún modo, el PT es rehén de Lula y Lula es rehén… de Lula.

No obstante, cabe señalar que Lula da Silva es un líder con genio político. A partir de una celda está influenciando de manera decisiva la conducción de la política brasileña. No es fácil encontrar en la historia contemporánea otro líder carismático que logre ampliar su aceptación popular (subir de manera tan espectacular en las encuestas) a pesar de estar preso desde hace varios meses y tras sufrir una campaña de demonización mediática y judicial sin precedentes. Ciertamente dice mucho sobre Lula de Silva, pero también revela algunas complejidades insondables de la estructura social brasileña y del modo en el que el público recibe los mensajes mediáticos que se difunden.

La apuesta de Lula da Silva es la más arriesgada de todas las que ha hecho hasta ahora. Consiste en permanecer en la disputa electoral el mayor tiempo posible y confiar em que, en caso de ser declarado inelegible, habrá una transferencia masiva de votos al candidato que él indique, ciertamente el candidato a vicepresidente en su chapa electoral, Fernando Haddad. Probablemente solo así se garantizará la presencia de un candidato de izquierda en la segunda vuelta. La hipótesis más segura para esto ocurriera habría sido un entendimiento entre Lula da Silva y Ciro Gomes (PDT), una hipótesis que se descartó (¿definitivamente?). Si la apuesta de Lula tiene éxito, la derecha tendrá que reevaluar la eficacia y los costes políticos del golpe institucional, ya que sin él tal vez asumiera el poder en estas elecciones de manera más segura y limpia. En caso de decidir no adulterar aún más el juego democrático, seguramente deberá invertir todo en agravar los costes políticos de la reversión de las leyes (la contrarreforma) que logró aprobar durante el interregno del golpe institucional.

Si la apuesta de Lula falla y un candidato de derecha resulta elegido, las clases populares van a ver aún más agravadas sus condiciones de vida y con ello el genio político de Lula no podrá dejar de cuestionarse. Se seguirán intensas disputas en el seno del PT y probablemente algunas escisiones. Se abrirá entonces el periodo pos-Lula.

A la luz de los acontecimientos, todo indica que, sobre la base del PT, no será posible, por ahora, pensar en una renovación de las fuerzas de izquierda a partir de una nueva política de construcción de hegemonía. Fuera de la izquierda hegemonizada por el PT, el PSOL está construyendo una alternativa junto com el movimiento Vamos, procedente del Frente Pueblo Sin Miedo, el MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), la APIB (Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil) y el Partido (PCB) Brasileño. Los candidatos a la presidencia de la República son Guilherme Boulos (presidente) y Sonia Guajajara (vicepresidenta). Esta candidatura apuesta por la renovación de las izquierdas con base en nuevas lógicas de alianza y articulación programática, con la excepción de alianzas con las fuerzas de derecha. Parece, pues, estar sacando las conclusiones correctas de todo lo sucedido en los últimos años. Sin embargo, debe ser cada vez más consciente de que tal renovación solo es pensable tras las elecciones de 2018 y su construcción es totalmente contingente, en la medida en que dependerá de los resultados electorales, por ahora imprevisibles, y de las consecuencias sociales que de ellos se deriven. En el plano de la contingencia, ciertamente debe estar incluida la posibilidad de la creación de un nuevo partido, un partido que sea también un partido de nuevo tipo, un partido-movimiento, construido internamente por mecanismos de democracia participativa para ser verdaderamente nuevo e innovador en el ámbito de la democracia representativa. En la base de ese partido estarán eventualmente movimientos y organizaciones sociales, así como los sectores más movimentistas del PSOL y los sectores de izquierda del PT y de otros partidos. Para que esta apuesta tenga sentido es necesario que el trabajo político de base de las fuerzas sociales y políticas de izquierda siga siendo posible en el próximo ciclo político. La ausencia de las amenazas al capitalismo que existían hace cien años parece indicar que se mantendrá el régimen democrático de bajísima intensidad. Sin embargo, debe considerarse una incógnita perturbadora. Al fin y al cabo, el fascismo y el neofascismo tienen razones que la razón desconoce.