Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de DMD

Apenas se ha conocido en nuestro país que el parlamento de la provincia de Quebec (Canadá) está trabajando en su ley de eutanasia.  Lo importante es que en 2015 las personas con una enfermedad incurable podrán solicitar ayuda médica para poner fin a su vida y morir con dignidad. Así lo manifestaba hace unos días la ministra de Sanidad  Véronique Hivon.

Se ha concluido ya la etapa de  lectura-estudio en comisión de los artículos del proyecto de ley  sobre los cuidados al final de la vida. Los parlamentarios no han tenido reparo en reconocer el "clima sereno y  constructivo" que ha habido en el trabajo de la  comisión  parlamentaria. Esta ley cuando sea aprobada permitirá a los enfermos en fase terminal disponer de su vida  con ayuda médica  y se espera que la aprobación será cuestión de un año. Parte de la oposición apoya el texto de ley; queda, sin embargo, salvar la postura reacia del Partido liberal de Quebec pues más de la mitad de sus diputados no están de acuerdo con el texto, aunque según cálculos parlamentarios,  estos adversarios de la proposición de ley no podrían bloquear la ley.

Si echamos la vista hacia atrás,  vemos cómo en diciembre de 2009 la actual ministra siendo diputada en la oposición  lanzó una propuesta de creación de una comisión  para estudiar el problema de morir con dignidad. De entonces acá ha habido audiciones públicas en la Asamblea Nacional (parlamento), informes y memorias, sesiones de debate en diversas  ciudades. La presentación del proyecto de ley fue en junio de 2013,  y al poco tiempo la votación en la Asamblea para adoptar el proyecto a estudio.

A grandes rasgos la ley se sustenta en que, si todos los ciudadanos  tienen derecho a  contar  con la asistencia médica que cuide su salud y mitigue sus dolores y enfermedades,  de igual manera tiene que tener derecho  a recibir ayuda cuando el paciente no quiere seguir  vivo, puesto que quien decide sobre  su vida y el desarrollo de su personalidad  es el ciudadano autónomo. Son razones sencillas, pero políticamente -en sentido fuerte- profundas las que alega la ley: la persona  necesita la ayuda social porque no puede morir por si mismo y los demás como Estado somos solidarios de dicho ciudadano.

Los motivos del proyecto de ley no se andan por las ramas de un moralismo de corto alcance. El texto de la ley es claro al asentar su fundamento jurídico y se limita a dar una razón imperativa: "asegurar a las personas que están al final de su vida los cuidados respetuosos con su dignidad y autonomía". Frente a los que pretenden reprimir o coartar la libertad de la persona  proclamando que la ‘dignidad de la vida’ veta todo intento de eutanasia, los quebequenses  apuestan por  el respeto a la ‘dignidad de la libertad humana’, del ser libres en la vida hasta el último momento. Así el proyecto indica  que el médico que atienda al enfermo y "le administre la ayuda le acompañará hasta el momento de su fallecimiento".

Estas noticias  crean en cualquier ciudadano sensato una sana envidia...  y también -por qué no- un suficiente ánimo para  el futuro próximo. Los quebequenses tienen todavía hoy un código penal que, como el nuestro en su artículo 143,  penaliza la eutanasia y el suicidio asistido, pero con voluntad política su  parlamento casi en su totalidad sabe dejar atrás el represivo prohibicionismo y ponerse manos a la obra para generar una ley de respeto a la voluntad del enfermo terminal que quiere morir y de concienciar a la sociedad de que hay que prestarle la ayuda que necesita. La población y en su representación los parlamentarios saben y reconocen que no basta que una Constitución y las leyes reconozcan  que el ciudadano es libre y autónomo sino que hay que, en un primer paso, remover los obstáculos que representa el Código Penal y, en segundo lugar, ayudarle para que pueda ejercer su autonomía  como ciudadano libre. Solo basta la voluntad política de los legisladores y partidos que  les apoyan. En España por  desgracia  es lo que falta pues los ciudadanos ya han expresado con creces  su voluntad de que haya una ley reguladora al estilo de la Quebec.