Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Hace veinte años en el Congreso la diputada Pilar Rahola lanzó esta afirmación política y exigente: "El Estado no debe inhibirse de la situación de indefensión en la que se hallan quienes, al igual que Ramón Sampedro, no pueden llevar a cabo el derecho a dimitir de la vida". De entonces acá nada ha cambiado. Los enfermos en proceso de morir siguen siendo invisibles y excluidos. Es que ni las instituciones ni los políticos tienen agallas para bajarse de sus escaños y acercarse a estos ámbitos de dolor y de indignidad humana, percibirla y sensibilizarse. Solamente de esta manera podrían conocer la situación, impactarse y cuestionar la situación jurídica de la prohibición de la eutanasia.

El lector recordará que la asociación por el Derecho a Morir Dignamente (ADMD) de Francia empapeló las grandes ciudades con paneles publicitarios donde aparecían los candidatos a las presidenciales francesas, que no llevaban en su programa electoral la propuesta de una ley de final de la vida, entubados y postrados en la cama de un hospital. Les lanzaban un adelanto de lo que podía ser su muerte y les recordaban a todos los enfermos que demandaban en esos momentos una libertad de morir.

Quizás con más sensibilidad y realismo DMD en España ha sacado de la invisibilidad u opacidad a tantas vidas muertas o secuestradas de su espacio normal de libertad y autonomía y encarceladas en el silencio y el sufrimiento físico y moral. Hace unas horas he podido ver en el Pequeño Cine Estudio de Madrid el estreno y proyección de "El anuncio más largo del mundo", una película que recoge los 1.500 minutos en la vida de un enfermo terminal llevados a la gran pantalla. Son 25 horas basadas en largas e interminables historias de dolor de muchos enfermos.

Nadie aguanta 25 horas de proyección -por cómoda que sea la butaca- de un anuncio que te publicita las largas horas y días de quienes esperan forzadamente la muerte cuando quisieran morir y tener paz lo antes posible y, sin embargo, el Estado con sus normas les condena a aguantar dolores, sufrimientos postrados en una cama a veces por años y años. Todos conocemos la lucha de Ramón Sampedro ante los tribunales para que le permitieran morir... y tras la proyección del anuncio advertimos que en estos momentos serán más de un centenar, sin duda más, los que desearían acabar de inmediato con la ayuda de un médico. Y tienen que aguantar porque los enfermos terminales en España no tienen un estatuto jurídico de libertad para morir, existe un vacío legal, pero un artículo del Código Penal que penaliza el deseo y la libertad para morir y, por consiguiente, el enfermo terminal carece de dignidad. Si a veces mueren cuando lo solicitan, es en la clandestinidad y con riesgos penales para el médico. Este desamparo se palpa a lo largo de la proyección de este anuncio tan largo que... -os digo la verdad- no he aguantado ni lo que dura una sesión normal de cine. Pero los enfermos terminales siguen aguantando dolores, sufrimientos, soportando un tiempo de una vida interminable que no les merece nada vivir.

Y llegando a casa me he puesto ante la pantalla del ordenador, he entrado en Charge.org y he firmado la carta al presidente del gobierno y a los representantes de los partidos políticos para apoyar el deseo de morir y la libertad para morir de centenares, tal vez miles de personas en nuestro país... "porque la vida es mucho más que esperar la muerte y desearla como una liberación". Y después de veinte años de espera política me atrevo a repetir las palabras de la diputada Rahola: "El Estado no debe inhibirse de la situación de indefensión en la que se hallan quienes, al igual que Ramón Sampedro, no pueden llevar a cabo el derecho a dimitir de la vida".