Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

La Corte Suprema de Canadá ha invalidado en una sentencia la prohibición del suicidio asistido. En su sentencia afirma que el ‘derecho a vivir’ no puede transformase en la ‘obligación de vivir’ y por ello el enfermo en circunstancias trágicas podrá decidir morir siendo asistido por un médico. La sentencia del alto tribunal permite en Canadá el suicidio asistido -que está prohibido por ley- de modo que la ayuda médica aceptada consiste en la prescripción mediante receta de los fármacos que deberá tomar el paciente para morir; será, por tanto, el enfermo quien se administre la combinación de fármacos.

En 1993 el mismo tribunal por cinco votos contra cuatro decidió mantener la prohibición. El voto unánime de los actuales jueces miembros del alto tribunal no quita para que en la sociedad haya sectores contrarios a esta decisión judicial. Pero el porcentaje de opositores será relativamente escaso ya que hace unas semanas la cadena CBC publicaba una encuesta en que el 84% de la población estaba a favor de la legalización de la eutanasia; y es preciso tener en cuenta, hablando de libertades, que este malestar social no tiene razón de ser ya que la sentencia solo levanta la prohibición y respeta la libre opción del ciudadano tanto del que decida el suicidio asistido o de quien prefiera la continuación de su estado de vida.

Hace unos meses se temió que, al subir los conservadores al gobierno federal y tener mayor fuerza legislativa en el parlamento, hubiera un conflicto de competencias al haber aprobado el parlamento de la provincia independiente de Quebec la ley que legalizaba la eutanasia y el suicido asistido. Pero ahora no solamente la sentencia de la Corte Suprema canadiense sienta jurisprudencia sino que la sentencia otorga 12 meses al Parlamento federal para aprobar la ley que corresponde a la sentencia dada. Los legisladores tendrán que tener en cuenta que en la sentencia se dice que el artículo del Código Penal de Canadá va en contra de varias libertades que están protegidas por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Es más, la sentencia añade que, si tal ley no se lleva a cabo, la Corte no perseguirá judicialmente a los médicos que ayuden al enfermo.

Un poco más al sur en EE UU ha sido noticia frecuente en los dos últimos meses que ya varios Estados tienden a legalizar el suicidio asistido de modo que enfermos incurables puedan terminar su vida con asistencia médica. Este movimiento no ha surgido por generación espontánea. Tenemos que recordar la persona de Britanny Maynard, la joven que programó su muerte por suicidio asistido para comienzos de noviembre pasado y meses antes juntamente con la asociación Compassion & Choices (en defensa de la muerte digna) emprendió una campaña de opinión para extender por EE UU las leyes que permitan la muerte por suicidio asistido que por el momento solo se dan en los Estados de Oregón, Washington, Montana, Nuevo México y Vermont. Ella se vio obligada a cambiar de su ciudad en California a Portland (Oregón) para poder morir por suicidio asistido. La campaña no se debía a un afán de notoriedad sino, según sus palabras, "porque quiero que todo el mundo tenga acceso a una muerte digna, como yo tendré", que las personas desahuciadas puedan tener una muerte "digna y pacífica" y por decisión propia.

En días pasados un grupo de profesionales sanitarios –médicos y enfermeras- y cuatro enfermos desahuciados presentaron una petición a la Corte Suprema de Nueva York para solicitar la legalización del ‘suicidio asistido’. Una de las abogadas que representan a los demandantes, Kathryn Tucker, manifestó que la razón de la demanda es que algunos enfermos viven atrapados en un proceso terminal que consideran "insoportable".

Y parecidas historias a favor del suicidio asistido están teniendo lugar en los Estados de California, Colorado, Nueva Jersey donde se trabaja a favor de la muerte libre y digna de enfermos atrapados en dolores y sufrimientos no superables. La crónica de los movimientos a favor del suicidio asistido en EE UU significa que existe una fuerte preocupación en la población que por lo general se ha mantenido hasta ahora latente y que el caso Maynard ha hecho aflorar el sufrimiento de tantos enfermos desahuciados y en consecuencia surge el movimiento de denuncia de la situación y de búsqueda legal de solución.