Laurence Arseguet
Soci@ctivista de DMD Madrid

Existe en Francia un consenso real y profundo, al parecer compartido por la gran mayoría de los ciudadanos sea cual sea su orientación política. Según un sondeo IFOP (Institut français d'opinion publique) de octubre 2014: el 96% de los franceses aprueban la eutanasia si la pide el paciente que padece una enfermedad insoportable y en fase terminal. Así que parecía lógico que nuestro presidente declarase, en diciembre pasado, que había "llegado el momento de proceder al voto de una ley" sobre los cuidados al final de la vida, añadiendo que la ley en preparación sería "un gran paso". Francia es un Estado de Derecho, una República donde el poder emana del "pueblo soberano" cuyos representantes, los diputados reunidos en la Asamblea Nacional elaboran y votan las leyes... Así que podríamos pensar que su trabajo para elaborar una "ley sobre el final de la vida" sería muy sencillo...

Además el programa de 2012 en 60 puntos del partido actualmente en el gobierno decía en su punto 21: "introduciremos la posibilidad de beneficiarse de una asistencia medicalizada al final de la vida para que se termine con dignidad, en unas condiciones precisas y estrictas"... Ahora que lo releo, sí que me parece muy poco preciso este punto 21, pero en 2012, una gran mayoría de gente lo interpretamos como una puerta abierta hacia la redacción de una legislación equivalente a las que rigen en Bélgica y Holanda.

Pero, ¿cuál es la situación actual? Los dos diputados encargados de redactar la ley actualmente en discusión, Jean Leonetti (UMP, principal partido de la derecha... hasta hoy) et Alain Claeys (PS), diagnostican que en 2015 "el mal morir no es ninguna excepción en Francia" (Claeys), que "en el 80% de los casos el dolor del paciente terminal no encuentra una respuesta adecuada" (Leonetti) y Hollande añade que "la ley Leonetti (del mismo diputado pero votada en 2005 y actualmente en vigor) es una gran desconocida y está centrada en el papel del médico, lo que lleva en muchos casos a ignorar la voluntad del paciente". Todo parece indicar, pues, que hay un acuerdo profundo entre la ciudadanía y sus representantes para reformar la ley Leonetti de 2005, que nos ha llevado a esta situación deficiente reconocida por todos y que, además, genera grandes desigualdades regionales.

Pero en enero 2015, nueva declaración de François Hollande: "deseo que el texto se elabore sin polémicas, sin divisiones y conforme a la idea de que existe una vía que permite unir a toda la sociedad". Se trataba pues de encontrar un texto de "consenso", un proyecto "equilibrado" como lo definirían luego sus promotores, los diputados Leonetti (UMP) y Claeys (PS). ¡Pero si el consenso existe! ¿De qué tiene miedo el gobierno? Pues sencillamente el gobierno no puede olvidar las multitudinarias y agresivas protestas contra la ley del matrimonio homosexual, en gran parte orquestadas por la iglesia, y que los mismos que actuaron entonces se preparan para hacer lo mismo contra una ley progresista sobre el final de la vida. Son minoría, pero hablan fuerte y son hiperactivos, y el poder de convocatoria de la iglesia es bien real en la laica Francia.

En este contexto tuvo lugar el primer debate en la Asamblea nacional, en enero pasado, sobre la llamada "Ley Leonetti bis" por el periódico Libération, una "legislación de compromiso" que la ADMD francesa -que apoya otro proyecto de ley elaborado por los ecologistas, más conforme a la voluntad mayoritariamente expresada por los ciudadanos, pero rechazado por la Asamblea el 29 de enero- define como una "alternativa cínica" entre el encarnizamiento terapéutico y la sedación.

Según esta Ley bis, se reconocerá el derecho a una "sedación profunda y continua" hasta el momento de la muerte en el caso de enfermedad terminal si el paciente lo desea, y los médicos tendrán que tomar en cuenta en sus decisiones el testamento vital del enfermo en caso de existir (actualmente tienen únicamente la obligación de consultarlo). Bien. Es un pasito hacia adelante. Pero resulta que el testamento vital podrá no ser tomado en cuenta "si el médico lo juzgado inapropiado (¡así lo dicen!) o si desde su redacción ha aparecido en el mercado un nuevo principio activo susceptible "de mejorar el estado del paciente (adivinanza: ¿quién decide lo que significa "mejorar el estado del paciente"?).

El proyecto Leonetti-Claeys -que un diputado del Partido Radical define como "el mantenimiento irracional del statu quo"- será discutido en sesión plenaria los 10 y 11 de marzo y votado el 17 de marzo. ¡Atentos! ¡Parece que una vez más asistiremos al escandaloso espectáculo del poco caso que se hace de la voluntad de los ciudadanos en un país de esta Europa cada vez menos democrática!