Estación Término

El Tribunal Constitucional de Colombia exige una ley de eutanasia

Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

 

El Congreso de Colombia ya no tiene alternativa. La Corte Constitucional le da simplemente 30 días para que trabaje un protocolo que aplique el derecho a morir dignamente. El corto plazo dado se entiende puesto que el Congreso lleva casi 20 años de retraso. En 1997 la Corte Constitucional despenalizó el homicidio consentido por piedad y ordenó al Gobierno que regulase la práctica de la eutanasia. El mandato del alto tribunal es tajante: "Deben fijarse algunas reglas relativas al procedimiento de la eutanasia como forma de garantizar ese derecho, y evitar que ante la ausencia de legislación aplicable se diluyan las garantías fundamentales de las personas que deciden tomar esa decisión".

 

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En algunos sectores ha sido recibida la sentencia con agrado, pero siempre con dudas sobre si de veras se va a reconocer en la práctica la eutanasia. La larga dilación del Congreso tiene un fuerte significado y no se sabe si la sentencia dada va a ser la solución pues en varias ocasiones se han presentado proyectos de ley que regularizaban la eutanasia y han acabo en nada. Uno de estos episodios fue en diciembre de 2012 en que el presidente del Senado tras una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal decidió diferir para mediados de 2013 la discusión del proyecto de ley de eutanasia que se debatía. No tuvo reparo en manifestar las razones: "como médico y como hombre creyente, creo que no es un tema que pueda debatirse o aprobarse a la ligera y la iglesia católica trabaja por respetar la vida y está en contra de la eutanasia".

 

Carmenza Ochoa, presidenta de la Fundación Pro Morir Dignamente habla bien de la sentencia de la Corte Constitucional, pero ve los muchos prejuicios sobre la muerte digna y más sobre la eutanasia y cómo las instituciones que atienden los servicios de salud son renuentes y continúan negando la licitud de la eutanasia. Además, el Congreso no ve la cuestión como tema prioritario...

 

Es chocante que en este país su Tribunal Constitucional defienda el derecho a la disposición libre de la vida -la eutanasia- y que no se puedan diluir las garantías fundamentales y frente a esta postura constitucional se enfrenten los fuertes prejuicios y las creencias religiosas, el freno de parte de la clase médica, la intromisión de la iglesia católica. Estas posturas nacen claramente del miedo a que la muerte nos quite lo que tenemos empezando por la satisfacción de la vida propia, pero se olvidan de que para otros que sufren y desean morir la muerte no es algo negativo, es una ansiada liberación que quita definitivamente los sufrimientos. No hay otra medicina que morir y ante este derecho no caben ni juicios ni prejuicios.

 

Es posible que el Congreso colombiano se vea obligado a regular la práctica de la eutanasia. Al menos, además de la satisfacción de un derecho para muchos enfermos, será una garantía para los médicos que asuman la petición del enfermo y no como ahora que desde 1997 la eutanasia se puede aplicar, pero al faltar una clara reglamentación, el médico que la practicase podía ser demandado por cualquier motivo. Dentro de un mes, si el Congreso cumple con el mandato de la Corte Constitucional, los médicos podrán evitar ser perseguidos y condenados judicialmente, mientras que otros médicos renuentes se cobijarán en la objeción de conciencia aunque deberán enviar a su paciente a otro médico que pueda ayudarle a morir.

 

La experiencia de la Fundación Pro Morir Dignamente es significativa de la situación de la eutanasia en Colombia. En palabras de la presidenta de la Fundación "al año acompañamos unas 30 solicitudes de enfermos terminales que quieren morir con eutanasia. Unas 12 aproximadamente, son aprobadas y se llevan a cabo". Es de esperar que en un mes el Congreso pueda acomodar el modelo de Holanda, Bélgica, Luxemburgo o bien el de Quebec para salir airoso en el plazo de tiempo marcado.

 

Puerto Rico, Estado Libre Asociado a EE UU, discute en su Cámara de Representantes por primera vez una ley que propone permitir que los médicos puedan prescribir a los enfermos terminales un fármaco que les ayude a tener una muerte digna, es decir, la aprobación del suicidio asistido tal como esta legalizado en cinco Estados de Estados Unidos. Entre las personas que recientemente han participado en la comisión parlamentaria de trabajo estaba la directora del Comité Legal de la organización Humanistas Seculares de Puerto Rico, Mariana Nogales, que defendió ante los parlamentarios que "las personas tienen derecho a determinar cómo van a morir, tanto aquellas que deciden continuar con su tratamiento, como las que determinan terminar con su vida".

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