Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Es muy posible que dentro de poco el Parlamento vasco inste al Gobierno de España a que se modifique el Código Penal para despenalizar el denominado ‘suicidio asistido’. Con fecha 27 de marzo Miren Gallástegui Oyarzábal, parlamentaria del Grupo Socialista, presentó en la Cámara autonómica una proposición no de ley por la que "el Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a modificar el art. 143 del Código Penal para despenalizar el suicidio asistido".

Son ya cinco las comunidades autónomas –Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias y Baleares- que han legislado sobre los derechos y garantías del enfermo en el proceso de morir y actualmente se encuentran en trámite las leyes de Galicia y el País Vasco. Cualquier ley autonómica al hablar y legislar sobre la muerte digna tiene que pararse ante el momento de la muerte puesto que el art. 143 del Código Penal (CP), cuyo alcance e imperio normativo trasciende a todo el Estado, prohíbe la ayuda a morir (por suicidio asistido o eutanasia) del enfermo que solicita la muerte. Este frenazo del CP se ha sentido también en la cámara vasca en el debate de su ley. Por ello el grupo socialista de la cámara ha reaccionado pidiendo que el parlamento vasco inste al gobierno del Estado una reforma del art. 143 y se legalice el suicidio asistido.

En el texto de la proposición no de ley se reconoce que la cámara en su inmensa mayoría de parlamentarios considera el derecho del ciudadano a una muerte digna, pero tropiezan con la norma superior del CP y por ello reclaman una modificación de esta norma aprobada hace veinte años. El discurso justificatorio de la proposición es claro y tajante. La cámara legislativa constata que "existe una demanda social y un consenso ético" de la mayoría de la ciudadanía a favor de la despenalización, y que "la disponibilidad de la propia vida es un derecho tan fundamental como el reconocimiento de la idiosincrasia propia de cada cual". Por ello se argumenta que los poderes públicos deben garantizar el derecho a una muerte digna y "garantizar la libertad de cada persona a decidir cuándo y cómo, es decir, el momento y la forma de poner fin a su vida, especialmente cuando se padece un deterioro irreversible y un sufrimiento insoportable".

Hay que valorar la importancia y relevancia de este paso que puede dar el parlamento vasco. Conocemos por la evidencia de los hechos cómo es la política de los diversos partidos del arco parlamentario estatal acerca de la muerte considerada como disponibilidad libre de la vida sobre todo en el caso de los enfermos en circunstancias trágicas. Las hemos vivido de manera cercana en el Congreso y solo unos partidos minoritarios han sido capaces de unidos presentar en diversas ocasiones proposiciones de ley o iniciativas parlamentarias para una reforma o al menos para plantear un debate sobre comportamientos eutanásicos válidos en otras naciones europeas, pero tajantemente prohibidas por nuestro Código Penal. Es hora ciertamente, tras veinte años de inmovilismo institucional, de desmontar el art. 143 que supone una perversión jurídica y por ello será bienvenida si de hecho el parlamento vasco insta al gobierno para afrontar esta tarea política.

Es más, hay que ponderar la iniciativa de los socialistas vascos al confesar con claridad que existe una demanda social y consenso ético en la mayoría de la ciudadanía para la despenalización al menos del suicidio asistido. Esta manifestación borra la vergüenza política de que los socialistas presentes en las dos anteriores legislaturas no hubieran tenido ni pudor ni reparo en escabullir e intentar acallar las iniciativas parlamentarias con el estribillo de que no existía demanda social para tal reforma. Ojala que esta iniciativa socialista sea amparada por el parlamento vasco y que su ejemplo fuera seguido por las otras cinco comunidades con ley de muerte digna. De este modo se abriría un nuevo tiempo para las conductas eutanásicas que llevan viviendo años de plomo y de olvido político.