Estación Término

‘Daños colaterales’ de una ley cobarde

Laurence Arseguet
Soci@ctivista de DMD Madrid

 

El próximo 5 de junio a las 11:00h el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará sobre el caso ‘Vincent Lambert vs. Francia’. Este caso ilustra los sinsentidos y sufrimientos a los cuales puede llevar una ley ambigua y cobarde como es la ley Leonetti de 2005.

 

Vincent Lambert quedó en coma en septiembre de 2008 después de un grave accidente de coche. Tres años después, el Coma Science Group de Lieja en Bélgica confirmó que se encontraba en estado de ‘conciencia mínima’, prácticamente sin posibilidad de mejoría en el futuro. Desde el accidente, está hospitalizado y alimentado a través de una sonda gástrica. Vincent Lambert no había redactado testamento vital ni nombrado una ‘persona de confianza’, como lo permite la ley de 2005. Su esposa, sin embargo, mantiene que siempre había expresado su rechazo al mantenimiento artificial de la vida biológica.

 

 

A principios de 2013, el equipo médico notó comportamientos de rechazo a los cuidados, lo que le llevó a poner en marcha el procedimiento de consulta colegial permitido por la ley, que de acuerdo con la esposa, se concluyó con la decisión de suspender la alimentación. Esto se hizo el 10 de abril, manteniendo una hidratación mínima. Los padres de Vincent Lambert, que viven lejos, se enteraron "de casualidad" e inmediatamente recurrieron ante el tribunal contencioso administrativo, y dieron publicidad al caso a través de blogs y web-sites católicos integristas. La madre pertenece a la Fraternidad de San Pío X. A partir de este momento, la familia de Vincent Lambert se dividió en dos grupos enfrentados, uno alrededor de la esposa, y el otro alrededor de la madre.

 

El 11 de mayo -¡un mes después de la suspensión de la alimentación!- el tribunal pide al hospital restablecer la alimentación, estimando que "la familia", como indica la ley de 2005, tiene que participar en la decisión: reprochan al equipo no haber consultado a los padres... Pero la ley no precisa quién compone la familia, ni si hay jerarquía entre los miembros. Y, por otra parte, es importante recordar que, dada la poca promoción dada a esta ley, es prácticamente desconocida por los franceses.

 

En el otoño de 2013, frente a lo que considera ‘encarnizamiento terapéutico’, el Dr. Kariger, jefe del servicio de cuidados paliativos en el que está Vincent Lambert, reúne dos veces a la familia para exponerle la situación y crea una comisión que reúne a todo el personal sanitario en contacto con el paciente, más 4 médicos externos al hospital. Seis médicos de los siete involucrados se pronunciaron a favor de suspender la alimentación. El 16 de enero de 2014 el tribunal se opone de nuevo a la decisión de los médicos, aduciendo que no están probados ni el ‘encarnizamiento terapéutico’ de parte del hospital, ni el ‘rechazo a vivir’ de parte del paciente. Al conocer la sentencia, incluso el Sr. Leonetti se declara "sorprendido" y opina que esta decisión judicial "puede debilitar la ley". La situación refleja un conflicto de poderes entre médicos y jueces, frente al cual su ley es inoperante.

 

El 6 de febrero de 2014 el hospital y la esposa presentan un recurso delante del Consejo de Estado. El Consejo pide un informe a tres médicos expertos en neurociencias: certifican la nula posibilidad de mejoría del estado del paciente; afirman no detectar el estado de ‘conciencia mínima’; constatan lesiones cerebrales graves e irreversibles y ausencia total de toda forma de comunicación funcional. Se consultan también la Academia Nacional de Medicina, el Comité Nacional de Ética, el Colegio de Médicos y al Sr. Leonetti. El 24 de febrero de 2014 el veredicto del Consejo de Estado valida la decisión del equipo médico de suspender la alimentación y la hidratación.

 

Los padres recurren entonces delante de el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que suspende la decisión del alto tribunal francés y ordena el mantenimiento de la alimentación. El próximo 5 de junio el Tribunal de Estrasburgo se pronunciará.

 

Bélgica, desde 2002, tiene una ley de eutanasia clara, que no ha dado lugar a ninguna situación comparable al horror que acabamos de evocar ni a la judicialización de ningún caso. Sin embargo, en Francia el ‘encarnizamiento propagandístico’ y la capacidad de movilización de los movimientos católicos integristas parecen paralizar a los legisladores.

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