Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

En estas fechas tras los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña estamos en un ambiente de conflicto de identidades nacionales, culturales, territoriales. Este problema -es cierto- queda más allá del espacio cultural de ‘Estación Término’, pero nos recuerda que en toda la geografía española existe el problema del alcance de la identidad personal del ciudadano. Si la persona tiene derecho y libertad para optar por diversas decisiones, también ante la frontera de la muerte el ciudadano no solo ha de tener derecho a determinar su voluntad personal en un testamento de reparto de bienes o decidir si quiere ser inhumado o incinerado sino sobre todo tiene que decidir sobre el cuándo y el cómo de su propio morir. Es una tarea que le incumbe solo a él. Pero, no: el ciudadano, cualquiera como tu y como yo, no tiene esta opción decisoria ante la muerte. Previamente a esta situación de pararse a pensar y decidir ante el límite de la muerte el Estado lo tiene todo decidido desde hace años en el Código Penal (CP). El ciudadano –quieras que no- en este tiempo del proceso de morir está obligado a dejarse llevar de la mano cual infante y permanecer bajo la tutela paternal del Estado que le dice ‘estimado ciudadano-súbdito, de morir, nada de nada. Y si se te ocurre que alguien te ayude a morir, será castigado con años de cárcel". Esta viene a ser la traducción práctica del art. 143 del CP. Al niño le da una bofetada el padre de mano ligera. El Estado castiga con unos años de cárcel al médico que le ha recetado al enfermo unas píldoras para morir o le inyecta una dosis letal puesto que se lo ha solicitado libremente y con causa racionalmente justificada.

Al enfermo o en general a quien considera que su vida no tiene sentido hay que reconocerle democráticamente su derecho a decidir. Nadie, ni el Estado, tiene una prerrogativa para obligar al ciudadano adulto a vivir al dictado despótico de otro. Hace años cuando en España se suprimió la pena de muerte, nos alegramos porque nadie ni el Estado puede jugar con la vida y existencia de una persona. Pero lo mismo habrá que decir en el tema que tratamos y, por ello, nadie puede jugar con la existencia de un ciudadano y es lo que hace el Estado con el Código Penal en la mano cuando el enfermo con causa quiere morir, el Estado se lo impide penalmente y, por tanto, le obliga a llevar una vida indigna, contra su voluntad y a veces en circunstancias trágicas de dolores y sufrimiento psíquico. Es más, cuando el Estado no le deja al ciudadano ser libre para decidir ante la muerte y le secuestra en esta fase de la vida una parcela importante de su autonomía, de hombre consciente de su situación y libre para decidir lo está rebajando al nivel zoológico de un simple animal.

Dentro de poco celebraremos los veinte años de la aprobación del art. 143 del CP. La diputada Pilar Rahola, portavoz del Grupo mixto, un año largo antes de la aprobación de la reforma de CP mantuvo un careo en el Congreso con el ministro de Justicia Belloch en el caso de las conductas eutanásicas partiendo del reto que había dejado un juez de la Audiencia de Barcelona en la sentencia sobre el caso Sampedro. El juez había afirmado en su escrito que no era su competencia sino labor de los legisladores cubrir los vacíos legales. Y así la diputada argumentaba al ministro y a todos los diputados que "el Estado español no puede inhibirse; a corto o medio plazo tendrá que encontrar la fórmula para resolver ese vacío legal que deja en absoluta indefinición a los que quieren optar por dimitir de la vida. (...) No legislar no llenar el vacío legal es entrar en un tétrico juego del avestruz". Pues en ese juego irresponsable ha estado inmerso el Congreso hasta hoy más de 20 años después. Esperemos que llegue la hora de abordar el problema como han hecho otros Estados en Europa y América.

El problema de la libertad ante la muerte no es de hoy, emergió con fuerza hace 30 años; DMD desde su fundación hace 31 años impulsó la sensibilidad sobre la muerte digna y el derecho a decidir. Y este problema hay que volver a sacarlo a flote, dejarlo ver en toda su crudeza... y será sin duda una realidad humana y social que cuestione fuertemente a todos sobre todo a los que hoy se les llama ‘partidos emergentes’.