Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD).

La ley de Quebec que permite que el enfermo pueda pedir y ser ayudado a morir a su propia voluntad ya ha cumplido nueve meses de vigencia. Tras este tiempo de experiencia un médico del Hospital Universitario de Quebec, médico de familia y paliativista, ha dado la señal de alarma o al menos reclamado atención. Hace unos días publicaba un artículo en el diario Le Devoir en que hace un balance crítico del procedimiento que se está llevando en el seguimiento oficial de la práctica de la ley. La ley exige una garantía a posteriori del hecho eutanásico en que interviene la ‘Comisión sobre los cuidados al final de la vida’ (CSFV en francés), encargada de vigilar los cuidados al final de la vida. El médico en su escrito considera que la intención de la ley al crear esta comisión era loable, sin embargo, estos meses de experiencia demuestran que sin duda su composición ha de ser reformada y su papel y modo de actuar ha de ser revisado ya que reduce el acceso del médico para ayudar a morir y se corre el riesgo de que muchos médicos se retiren de dicho proceso.

Como estos puntos obstaculizan el ejercicio del derecho del ciudadano a morir y ser ayudado, el médico al final de su larga exposición interpela a la ministra de Sanidad con tres peticiones: "1) reexaminar la ley para reevaluar la Comisión (CSFV) en su composición, mandato, funcionamiento y herramientas que utiliza; 2) utilizar inmediatamente su poder discrecional para destituir todo miembro de la comisión que entorpezca el funcionamiento previsto; 3) instaurar un mecanismo permanente de examen detallado de todas las solicitudes de ayuda rechazadas, no administradas o retiradas, retrospectivamente al 10 de diciembre de 2015".

Este es el esfuerzo de un médico comprometido con el objeto y sentido de la ley de ayuda a morir al haber experimentado durante este tiempo de vigencia que se dificultaba la solicitud y atención al enfermo y que por ello ya algunos médicos se han retirado de la atención de ayuda a morir dada la experiencia que estaban teniendo de las revisiones realizadas por la comisión. La composición de esta Comisión resulta un tanto ajena al mundo de la ayuda a morir al estar formada por 11 miembros nombrados por la ministra de Sanidad: 2 médicos, 2 abogados, 2 personas de la sociedad civil, 1 enfermera, 1 farmacéutico, 1 trabajador social, 1 representante de los centros sanitarios y 1 representante del sector de la ética. Esta composición -opina el médico- no garantiza ninguna apertura, conocimiento y experiencia en el ámbito de los cuidados al final de la vida e incluso los 2 médicos señalados parecen no tener ninguna experiencia concreta de evaluación y de acompañamiento en la ayuda a morir. Pero creo que lo más serio está en los dos siguientes puntos. Cuando se le urge a la ministra a que haga uso de su potestad de destituir, implícitamente se está diciendo que en la comisión hay quien estorba y pone trabas a la ley; y todavía más serio es el punto en que se urge que hay que volver a revisar y evaluar solicitudes de ayuda a morir que fueron rechazadas. Se está diciendo claramente que ha habido incompetencias y que por ello muchos enfermos han visto  vulnerados  sus derechos civiles y sanitarios.

La libertad siempre y ante todo

Es de esperar que el porcentaje de apoyo parlamentario a la ley perdure tal como cuando se aprobó en 2014 con 90 votos a favor y 22 en contra y que solo se verifique una revisión y ajuste de la comisión para que la ley se aplique debidamente sin resistencias. Un buen ejercicio de aplicación de la ley supone que los miembros de la comisión han de ser expertos que hayan asumido plenamente la ley y que no duden de su espíritu y contenido, y que por su profesión y experiencia sepan evaluar la situación del enfermo y la praxis médica. Pero parece ser que algunos miembros de la comisión no presentan ni han dado muestras de tales condiciones indispensables para una imparcialidad en el trabajo de seguimiento.  Esto ya supone una falta de neutralidad de la ministra de Sanidad en el nombramiento de tales miembros que actúan o pueden actuar como opositores de la ley. Por las declaraciones de algunos expertos alguien o algunos de los miembros de la comisión se habían manifestado con anterioridad contrarios a la ley. Y es obvio que la comisión creada por fuerza de la ley no tiene la función de poner palos en el desarrollo de su aplicación. Es sorprendente, al menos según mi criterio, que un experto en bioética -preguntado por un medio de comunicación- comentara que lo mejor hubiera sido que se hubiera aprobado una ley del final de la vida y, por otra parte, una ley de eutanasia. Si el enfermo es un ser autónomo con potestad para disponer de sus actos, una única ley ha de reconocer tal libertad para que el enfermo decida autónomamente tanto si quiere prolongar su vida con diferentes recursos sanitarios o si quiere morir y ser ayudado para llevar a cabo su decisión. Tan respetable es la decisión de sobrevivir lo que se pueda como decidir razonablemente el límite de la vida. No se puede pensar que el prolongar la vida es la ley general -moralmente correcta-  y que la solicitud del suicidio asistido o la eutanasia como ayuda para morir han de ser la excepción que confirme la regla. Solo hay una norma que ha de ser inviolable: respetar la libertad del enfermo. La ley que algunos quieren poner en tela de juicio lo dice claramente: "asegurar cuidados a las personas al final de la vida respetando su dignidad y su autonomía".  Pero no todos comprenden tal dignidad y autonomía por más que los debates sobre el tema comenzaran en 2009, la ley fuera aprobada en junio de 2014 y lleve en vigor más de nueve meses.