Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Ayer, varias diputadas del grupo parlamentario de Unidos Podemos presentaron al país y registraron en el Congreso la 'Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia'. Se esperaba, aunque no con tanta prontitud. Ya en el programa electoral de finales de 2015 la formación política Podemos había adelantado su intención de defender la autonomía de la persona en los momentos últimos de la vida y la voluntad política de diseñar una Ley de Libre Disposición de la Propia Vida. Y esa defensa y propuesta llegó ayer y con voluntad eficaz entró en el Congreso.

Hay que considerar la proposición de ley como un buen paso en la línea de liquidar la figura del homicidio como interpretación de la eutanasia y, por tanto, la derogación del artículo 143 del Código Penal, que tipifica la eutanasia como una modalidad de homicidio y priva a un enfermo cuya existencia le es insoportable el poder solicitar la ayuda del médico para morir. Nuestro país podía haber tenido hace años una ley al estilo de la que ahora se presenta, pero hemos tenido que llegar a estas fechas para empezar a hablar en serio de las conductas eutanásicas. Y solo si el Congreso da vía libre al proyecto de ley presentado y comienza un debate formal en sede parlamentaria de la cuestión eutanásica. Todo dependerá de la tarea común de los grupos parlamentarios que acepten un contraste franco de opiniones, una deliberación constructiva en busca de un consenso acerca de la libertad del ciudadano para decidir sobre su muerte, que es la etapa más crítica de su vida.

La tarea de saber escuchar un clamor

En este momento habría que recordar un mensaje que hace unos años se repitió constantemente: 'no nos representan'. Aquel grito no era una guerra antisistema sino una protesta contra la incoherencia de un sistema político hecho para representar a la ciudadanía a la que de hecho no representaba, y un caso claro de esta incoherencia ha sido –hasta ahora– el de la postura ante la libertad de disponer de la propia vida. Cuando un 75 por ciento de españoles estaba por una ley de eutanasia, en el Congreso solo un escaso número de diputados escuchaba ese clamor y presentaba iniciativas y propuestas de reforma del artículo 143 del Código Penal, mientras que la gran mayoría de los representantes del pueblo se declaraban contrarios –con un ‘no’ o con su silencio– a una ley que permitiera disponer de la propia vida y recibir ayuda para morir. Y todavía había quien en sede parlamentaria cínicamente afirmaba que "no había demanda social".

Se podían mencionar episodios pasados bastante numerosos sobre los sinsabores de la eutanasia fuera y dentro del Congreso, pero ahora lo que urge es que los partidos se comprometan a un diálogo parlamentario para poder sacar adelante la voluntad libre de los ciudadanos en situaciones de malestar trágico. No obstante, quiero recordar un resumen de las escenas que se vivieron en 1995 con la reforma del Código Penal y en concreto del artículo 143, que penaliza las conductas eutanásicas. El texto del artículo fue presentado por el gobierno socialista. Hubo, sin embargo, dos posturas radicalmente enfrentadas: la de Federico Trillo (PP), que solo aceptó la rebaja de penas por la eutanasia activa, y la de Diego López Garrido (IU), que pedía su despenalización absoluta. Frente a la afirmación del diputado López Garrido de que existía consenso social y margen constitucional para la despenalización, Emilio Olavarria (PNV) dudaba de tales afirmaciones, a pesar de la evidencia de los valores constitucionales y de que recientemente el Centro de Investigación de la Realidad Social (CIRES), en encuesta de junio de 1995, daba que el 63 por ciento de los españoles estaba a favor de la eutanasia activa. Carmen del Campo, diputada del PSOE, defendió una posición tímida e intermedia de su grupo. En breve, solo IU asumía una redacción del artículo en litigio acorde con la enmienda que había presentado la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Tras 21 años de esta situación parlamentaria habrá que esperar que esta ausencia de diálogo y de consenso parlamentario no se repita y no añadamos a la crónica de la eutanasia en España una nueva ocasión perdida.

Las miradas sin duda ahora estarán puestas en el comportamiento del PSOE, partido con un buen número de escañaos a sumar. En su último programa electoral decían que, de haber un consenso al respecto, abrirían el debate sobre la eutanasia. No es que tengan que hacerlo, el debate está ya abierto. Y ojalá que este lleve al convencimiento –como ha ocurrido en otros países– de que esa persona que solicita ayuda para morir es un sujeto reflexivo, que se lo ha pensado más de una vez, que vive una situación de deterioro físico o psíquico, que percibe su situación como insoportable e irreversible de modo que la muerte es la solución racional de su existencia. Su decisión es madura, racional, y nadie, ni una creencia religiosa ni el Estado, tiene potestad para infligirle un mal ni tampoco obligarle a continuar su vida si la considera un mal y quiere liberarse de ella.