Fernando Pedrós

Filósofo, periodista y miembro de DMD

Sinceramente, no esperaba ese proyecto de ley de los socialistas sobre la muerte digna. Una vez que el partido Ciudadanos había presentado una ley del mismo estilo –claro está, respetando el artículo del Código Penal que castiga la eutanasia– y que el grupo Unidos Podemos pretende debatir una ley que regule las conductas eutanásicas, el grupo parlamentario socialista podía haberse mantenido ajeno al tema, en tierra de nadie. Pero no, ha preferido enrolarse en la misma línea de los conservadores y seguir en la postura de siempre, pues nunca ha apostado en serio por regular la eutanasia.

Creo que solo hubo un atisbo en toda la historia del PSOE: el programa electoral de 2004 apuntó una propuesta de regulación de la eutanasia, pero pasaron dos legislaturas y no hicieron nada. La Fundación Alternativas –afín al socialismo–, en su labor de alumbrar trabajos de expertos que favoreciesen la deliberación de proyectos de ley, lanzó en 2005 un trabajo sobre ‘posibilidades de regulación de la eutanasia solicitada’. En el estudio se hacia un análisis de los valores constitucionales y las conductas eutanásicas y se daba un repaso orientativo a la legislación internacional con el fin de orientar y fundamentar el debate de un posible proyecto. Pero sin duda la propuesta electoral del programa socialista no pasó de ser un atrevimiento inconsistente puesto que, en mi opinión los socialistas, no creían que iban a ganar las elecciones y en esa tesitura toda propuesta podía valer dentro de un programa.

Y otro detalle más en la misma línea: mientras era ministro de Sanidad, Bernat Soria prometió una comisión de expertos para debatir la cuestión y solicitó una magna encuesta al CIS en que tres cuartas partes de la población pedía una regulación de la eutanasia. Pero al poco tiempo, por coherencia, colgó su cartera de ministro y volvió a su tarea de investigador. En una palabra, el PSOE volvía a su postura de siempre, la que dejó escrita de modo inflexible en el art. 143 del Código Penal mientras era ministro de justicia Alberto Belloch.

La norma penal contra la libertad

La historia del PSOE siempre ha reprimido las conductas eutanásicas a pesar de que los valores constitucionales de autonomía, de libre desarrollo de la personalidad y del respeto a la intimidad y a la libertad de conciencia y la eutanasia dan luz verde a la disponibilidad de la propia vida.

Hay un momento fuerte que marca la relación del PSOE y el tratamiento del suicidio y de la eutanasia. En ese momento –hace 23 años – sigue anclado el proceder conservador del partido socialista respecto a la libertad ante la muerte propia. La vicepresidenta de Derecho a Morir Dignamente (DMD), Juana Teresa Betancor –profesora de Bioética–manifestaba en una tribuna en El País (de marzo del 94) la postura de la asociación ante el largo silencio del gobierno y del ministro Belloch respecto a la reforma del Código Penal y la eutanasia: "Nada sabemos de la posición del Gobierno respecto a esta cuestión en el siempre pendiente nuevo Código Penal. Nos tememos que el reconocimiento legal del derecho humano a morir con dignidad ha sido colocado en lista de espera. Porque en política, como en la Seguridad Social, existen también listas de espera".

Betancor aludía a la necesidad de atender la demanda social manifiesta en las encuestas y, sobre todo, a la misma sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso Ramón Sampedro. En ella, tanto el tribunal en su sentencia como el fiscal urgían al gobierno a que atendiera a la nueva sensibilidad social y llenase el vacío legal existente respecto a la eutanasia modificando el artículo del CP. Esta sentencia fue aprovechada por la portavoz del Grupo parlamentario Mixto, Pilar Rahola, para debatir en un pleno de 1994 con el ministro Belloch. Si el auto dictado por la Audiencia declaraba que "no es función de los tribunales el suplir o rellenar vacíos u omisiones del ordenamiento jurídico", el ministro Belloch en su parlamento no encontraba ningún vacío pues para eso existía el Código Penal, postura que fue apoyada por el profesor Ollero, en ese momento portavoz del PP en el Congreso y que hoy el PSOE intenta que no sea nombrado presidente del Tribunal Constitucional por su mentalidad conservadora. Ollero terminaba su lección jurídica diciendo que "los ancianos van a tener que irse a otro país, a los hospitales, para poder estar tranquilos de lo que les pueda ocurrir". Únicamente el portavoz de IU, López Garrido, apoyó la libre autodeterminación del ciudadano para disponer en ciertas circunstancias la disponibilidad de su vida.

En una palabra, aunque desde 1984 DMD empezó la concienciación de la opinión pública, y en 1991 el Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por un numeroso grupo de catedráticos y profesores de Derecho Penal, magistrados y fiscales, emitió un ‘Manifiesto a favor de la disponibilidad de la propia vida’ y un estudio sobre la regularización de la eutanasia, a pesar de los muchos estudios de expertos y de los pasos reguladores de otros países, el PSOE mantiene inflexible su defensa del Código Penal que criminaliza la eutanasia como homicidio cuando hay que interpretarla antropológica y jurídicamente como el ejercicio de la autonomía del ciudadano acorde con la Constitución.