Han sido ya exhumados los restos de 2.840 personas de las fosas comunes del cementerio de San Rafael de Málaga,  de las 4.471 que están allí enterradas, víctimas de un exterminio seleccionado durante dos décadas (1937-1957). Entre ellos se encuentran los huesos de 349 niños menores de diez años, muertos de hambre, heridas o enfermedades. No se trata sólo de los descendientes de los enterrados, sino de los hijos de las mujeres encarceladas que morían en la cárcel de hambre o tifus, o de los niños que perecieron durante los intensos bombardeos franquistas.

La noticia es sin duda destacable porque nos encontramos ante el mayor enterramiento de víctimas del franquismo exhumado hasta ahora, con la posibilidad de que no pocos de los restos todavía pendientes de descubrir no se encuentren en San Rafael sino en el Valle de los Caídos, adonde habrían sido trasladados. En su mayoría son hombres, entre 20 y 40 años, con un tiro en el pecho y otro de gracia con arma corta.

Por una vez, no obstante, el horror que comporta la entidad de la masacre deja aflorar algo mucho más constructivo para nuestro presente histórico, y es la predisposición y buena armonía que las administraciones públicas han mostrado para llevar a cabo la reparación y dignificación de las víctimas. En este sentido es de destacar la actitud colaboradora del Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el Partido Popular, muy lejos de la discrepancia y oposición que mantienen sus dirigentes en relación con la Memoria Histórica.

Nuestra historia duele, dijo Francisca Córdoba, hija de la única de las víctimas hasta ahora identificadas. Sin odios ni rencores, pero sin amnesia, afirmó el promotor de las exhumaciones, Francisco Espinosa. Dicen que queremos otra guerra civil, pero yo sólo quiero encontrar a mi padre, comentó Juliana. Cuentan que hubo mucha emoción en el acto de lectura del informe, ante los descendientes de las víctimas, y que el alcalde de Málaga (PP), Francisco de la Torre, no pudo evitar unirse al aplauso de todos cuando la concurrencia se solidarizó con el juez Baltasar Garzón, al que el Tribunal Supremo imputa como delincuente por querer iniciar un proceso que repare el menosprecio, silencio y olvido de las miles de víctimas enterradas sin nombre ni memoria.

Entre los restos exhumados en Málaga abundaban los lápices, como una voz mineral de la cultura que quiso ser y fue masacrada. Esos lápices la vuelven a dejar escrita.