Opinion · El desconcierto

La invisible mano constitucional del Ibex

Cuanto más hablan los ideólogos de los poderosos sobre la mano invisible del mercado, que regula la actividad económica, más se empeña la realidad en hacerla visible. Este 2016 que termina, la ha enseñado como pocas veces en nuestra historia. Sin la negra pezuña del PP y del PSOE no hubiera sido posible el timo de las cláusulas suelos del sector bancario, recientemente condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ni tampoco esas ayudas fiscales para la expansión internacional de Telefónica, Ferrovial, Santander, Iberdrola y Abertis, hoy anuladas por los jueces de Luxemburgo. Sucesivas decisiones judiciales bochornosas tanto para la economía española –dado que la banca engañaba a sus clientes mientras el Estado español inyectaba cuantiosas ayudas públicas en apoyo del sector financiero– como para toda la clase política bipartidista que subordina los intereses estatales a los de los poderosos.

Todas las instituciones quedan tocadas por el fallo sobre las cláusulas suelos. El Banco de España toleró este abuso y hasta el mismo Tribunal Supremo lo amparó judicialmente, al sentenciar que los banqueros solo debían devolver el dinero desde 2013 en que se se dio a conocer su sentencia contra esta práctica. Han sido sus compañeros jueces de la Unión Europea los que han dictaminado que el engaño anterior también debería ser sancionado. Nada menos y nada más que una cantidad, oscilando entre los 4000 millones  y los 7000 millones de euros,  a devolver ahora a los ciudadanos engañados. Todas las autoridades supervisoras empezando por los ministros de Hacienda, tanto del PP como del PSOE, y la más alta instancia judicial, designada por los sucios dedos de ambos partidos, sabían, conocían, encubrían y legitimaban este atraco.

Estas dos manos bien visibles de la mano invisible del mercado del Ibex, Partido Popular y Partido Socialista, han ido mucho más allá en el reciente escándalo de las quebradas concesionarias de las autopistas madrileñas. En este caso concreto, puede hablarse sin exagerar de abierta complicidad. Adjudicada la concesión a la concesionaria Accesos de Madrid en 1999 por el ministro Rafael Arias Salgado del PP, confirmada por el ministro Francisco Alvárez Cascos del PP, ayudada con unos préstamos participativos (168,5 millones de euros) por el ministro Pepiño Blanco, del PSOE, quien asimismo  autorizó a subir en un 18% la tarifa valle y a obtener una compensación si el tráfico no llegaba al 80% de lo previsto. Bajo Zapatero recibieron unos 600 millones de euros entre 2008 y 2011. Para cerrar el bucle en las últimas cuentas correspondientes a 2014, desde hacía dos años en concurso de acreedores, aparece como gerente Miquel Roca, el alter ego de Jordi Pujol.

Toca ahora al Estado español, que somos todos los españoles, indemnizar a todos sus accionistas con la llamada Responsabilidad Patrimonial del Estado, puesto que es obligación prevista en la adjudicación. Entre unos 5700 millones de euros que reclama la patronal y unos 1200 millones de euros que  hoy calcula el gobierno de Rajoy. Quiere ello decir que los Florentino Pérez, de ACS, los Luis del Rivero, de Sacyr, Mariano López Claver, de Caja Madrid y Salvador Alemany, de Abertis, que entre otros formaron el citado consorcio para explotar la concesión hasta el 2049, han hecho todo un excelente negocio redondo con la muy descarada complicidad del bipartidismo reinante. Lógico, porque la rentabilidad era doble. Las obras para construir y el peaje posterior de los automovilistas. Como muy buenos gestores y expertos ejecutivos, tras una deuda de unos 1200 millones de euros, hoy en manos de los potentes fondos buitres, se la pasan ahora a los muy asombrados  e inermes contribuyentes. Es decir, presentan un proyecto disparatado, financiado con inversión pública y amarrado con una indemnización análoga a la que dicen presentó el Gran Capitán a Fernando el Católico. Nada mejor que estos buenos neoliberales para defender la socialización de sus pérdidas.

Pero esta visibilidad de la mano invisible del Ibex no sólo ha sido y es económica, como hemos visto, sino que también ha sido y es política. Es particularmente grave el proyecto de privatización del Tribunal Constitucional, concretado en el reparto de los cuatro magistrados a designar entre el PP y el PSOE, puesto que lo deja en manos de los poderosos. La escandalosa subalterneidad del socialismo a la Moncloa le lleva a cometer este grave error que impedirá en el futuro cualquier recurso de inconstitucionalidad contra todas las decisiones de los partidos de los poderosos. Probablemente, el PSOE es arrastrado a esta privatización por el españolismo cañí del nacionalsocialismo andaluz, irracionalmente temerosos de las reivindicaciones catalanas, pero a nadie escapa que el derecho a veto que hoy se le entrega a la derecha contra Cataluña mañana puede volverse en contra del propio PSOE. Una vez, claro está, que este partido deje de ser la correa de transmisión de la derecha en la que se ha convertido desde el momento en que un golpe de estado en Ferraz ha dejado sin voz  ni voto a sus 160.000 militantes actuales.

Entre todo lo que hay que indemnizar a estos abiertos desalmados y el 135 de la Constitución, que ha llegado a constitucionalizar el pago de la deuda alemana, es muy difícil atender el gasto social. O hay para Botín and cia y la Merkel, o hay para la sanidad, la educación y las pensiones. Este turbio gobierno de coalición vergonzosa PP-PSOE se atiene a todas las obligaciones oligárquicas, un gobierno progresista se atendría a las obligaciones populares.Por ello matar en el embrión esta segunda alternativa es hoy prioritario para los protagonistas de este asalto a mano armada a la caja común de todos los españoles. De la misma forma que impidieron en su día el gobierno Sánchez e Iglesias y ocuparon más tarde el PSOE,  intentan ahora romper Podemos y defenestrar a quien como Iglesias ha sido y es el gran incordio político del Ibex. Será en el año que empieza, entre febrero y mayo, cuando culmine esta batalla iniciada antes de Navidad. De su próximo desenlace depende la convocatoria anticipada de elecciones generales para junio o septiembre.