Cuando el 1 de noviembre, recién formado el nuevo gobierno, escribí "El Gobierno provisional de Rajoy", un comentario sobre el segundo gobierno del PP, lejos estaba de pensar que dos meses más tarde se iba a confirmar su provisionalidad. No es que le amenace ninguna moción de censura o ruptura de la gran coalición vergonzante con el PSOE, todo lo contrario, sino que vuelve ahora a surgir la contradicción entre los intereses de Estado, los del Gobierno y los del Partido. Como hace justo un año, en que Rajoy doblegó aquel pulso estatal que pretendía sustituirle por el gobierno Rivera-Sánchez, en la Moncloa, se reproduce estos días en el PP aquella pugna, más o menos soterrada, entre los partidarios de una política de Estado o de una política de Gobierno, sobre si poner algún límite a la decisiva ayuda que el Partido Popular proporciona al Partido Socialista.

Bien a la vista está que el acuerdo de investidura– el PSOE daba la Moncloa al PP a cambio de que el PP le evitara pasar de nuevo por las urnas– ha tropezado con la gran piedra de los Presupuestos Generales del Estado. La Gestora, el poder burocrático aliado de los poderosos, ha aprobado el marco presupuestario al dar su voto al techo de gasto y a los objetivos de déficit público; pero no se atreve aún a ser coherente y aprobar los Presupuestos. Se comprende. Nada sería más letal para quienes defenestraron el 1 de octubre a Sánchez que presentarse a un Congreso del PSOE con los nuevos recortes sociales bajo el brazo, como el que acaba ahora de anunciarse sobre el incremento del copago a los pensionistas con ingresos altos. Aunque aritméticamente no sea imprescindible el apoyo del PSOE, si el PP cuenta con la mitad del parlamento, sí  que lo es políticamente. Por ello se entiende bien que la discusión en el PP gire sobre si los intereses del Estado, que aconsejan la máxima paciencia con los "buenos socialistas", están por encima de los del Gobierno.

Esta interrogante se suscita asimismo desde la CEOE y el Colegio de Economistas, bastante inquietos por la subida fiscal real habida en el impuesto de sociedades y el incremento de las altas cotizaciones en la Seguridad Social. Los empresarios se han posicionado en contra y sus asesores fiscales la califican sin tapujos de crear inseguridad jurídica. Tanta demagogia encierra, sin embargo, la denuncia de la Gran Coalición vergonzante PP-PSOE, porque mientras el ministro Montoro, al que describen paranoicamente como un topo socialdemócrata, les aprieta, nadie presiona al PSOE para que pase de aquel sí al marco presupuestario al sí a los Presupuestos. Si la Gestora incumple estos acuerdos, surge la pregunta, ¿qué sentido tiene pagar tan elevado precio por unos servicios que nunca terminan de prestarse?

La tensión in crescendo entre los intereses del Gobierno y del Estado se reflejan en el partido. La reciente filtración del dictamen de Estado sobre Trillo, aprobado en octubre y filtrado en la víspera de la Pascua Militar, es el penúltimo torpedo de los tecnócratas, la vicepresidenta, contra los azules, la ministra de Defensa. Estas dos abogadas del Estado expresan dos visiones distintas sobre si la política de Estado debe de estar siempre por encima de la política del Gobierno o, por el contrario, debe limitarse si va contra los intereses del partido del Gobierno. No parece muy probable que Rajoy opte por la señora baja o por la alta señora en el próximo Congreso del PP, necesita de ambas, pero sí tendrá que tratar de cerrar estas tijeras abiertas en su Gobierno con una respuesta que vuelva a articular los intereses del Estado, del Gobierno y del Partido.

El calendario no va a ayudar a Rajoy. El más que previsible fracaso de la política leguleya de la vicepresidenta en Cataluña, alrededor de un 80% de los catalanes apoyan el derecho a decidir de la sociedad catalana, va a tensionar tanto la relación entre la Moncloa y la Generalitat como la de estas dos mujeres que se disputan los favores políticos del presidente. Máxime, cuando la autoridad competente del PSOE, por supuesto ajena a la socialdemocracia, condicionará su apoyo a las previsibles medidas del Gobierno Rajoy contra el referéndum catalán. Apoyo total por el nacionalsocialismo cañí de Susana Díaz, matizado por las camisas viejas del socialismo y contestado por los socialistas catalanes y vascos. Cuando lo que Rajoy necesitaría, si se abren las urnas en Barcelona, es la unidad de un frente nacionalista español que vaya al choque de trenes con Puigdemont.

Así las cosas, la conclusión es  muy obvia. O antes de mayo el PSOE pasa del sí al marco presupuestario al sí directo o indirecto a los Presupuestos– como pasó de aquel "no es no" a la abstencion– o volverán a convocarse  pronto unas nuevas elecciones generales. Aquella abstención de otoño no fue más que el primer trago de un trágala político que va acompañado de otros dos tragos, sostener los recortes sociales del Presupuesto tanto como cuestionar la España plural, sin los cuales el PSOE será pasado por las urnas. Si los socialistas no reeditan el anterior acuerdo de Estado con el que dieron las llaves de la Moncloa al PP, es probable que Rajoy cierre electoralmente un nuevo pacto de Estado que pueda facilitarle mañana una mayoría muy amplia que le permita aprobar el Presupuestos de los recortes, así como el rechazo unánime a las reivindicaciones democráticas de Cataluña. Mayo será el mes en que el PSOE vaya definitivamente a remolque del PP o en el que el PP, mediante el voto popular, vuelva a soldar los intereses del Estado con los del Gobierno y el Partido Popular.