Si el recién imputado Fernández Ordóñez es procesado, no será condenado y si es condenado, será indultado, tal y como acaba de pronosticar Joan Baldoví en el Congreso de los Diputados:  Me apuesto lo que sea a que el próximo indulto va a a ser Miguel Angel Fernández Ordóñez. Tardará poco o mucho, pero ya verán como gano la apuesta". Efectivamente, si fuese así, se uniría a los Armada, Vera, Barrionuevo, Alfredo Sáez o José María Servitge (un muy estrecho colaborador de Pujol) que disfrutan de su condición de delincuentes indultados. Basta ver como el Banco de España cierra filas con sus ocho directivos encausados, pese al serio daño causado al prestigio de una entidad estatal con el nombre de España, para deducir que las grandes familias que lo controlan desde 1939 se aprestan a quitar la venda de los ojos de la Justicia para que pueda ver que Fernández Ordóñez es un ciudadano por encima de toda sospecha.

No hubo transición en el Banco de España. Los mismos que mandaban con Franco siguieron mandando después de Franco y todavía, en pleno siglo XXI, continúan mandando. Así su actual gobernador Luis María Linde, en línea con todos los anteriores gobernadores, demanda retrasar la edad de jubilación a la vez que reducir las pensiones fingiendo desconocer que son numerosas las familias que solo cuentan con este ingreso. De todas las batallas perdidas por Alfonso Guerra en los gobiernos socialistas de Felipe González, quizás por ser un vicepresidente oyente, es la de la liberalización del Banco de España, como gustaban decir en el entorno guerrista, la que tuvo más graves consecuencias para el desarrollo democrático español. Los Boyer, Solchaga y Solbes doblaron el pulso del llamado guerrismo y el grupo Prisa se encargó de sepultarlo políticamente envolviéndole con el sudario de la basura de su hermano Juan.

El caso Bankia no es más que uno de los expedientes que demuestran la colusión entre las grandes familias y el turno de partidos existentes en España, hasta que la irrupción de Podemos pegó fuerte una patada al tablero de la II Restauración borbónica. Pese a que los inspectores alertaron sobre la estafa de Rodrigo Rato en Bankia– "ir a Bolsa sería socializar pérdidas"–, Francisco Fernández Ordóñez no solo autorizó la cotización de esta entidad muy quebrada, sino que estimuló a los diversos actores económicos a que compraran sus acciones. Zapatero desde la presidencia del Gobierno, la incompetente Elena Salgado desde la vicepresidencia y Rajoy desde la oposición, colaboraron por activa o por pasiva en la gestación de este escándalo financiero. Por supuesto, claro está, por razón de Estado. O sea, traduciendo al roman paladino, los bolsillos de las grandes familias.

Son ahora los portavoces de estas grandes familias, con máscaras liberales o socialistas, los que echan este muerto sobre las espaldas de las cajas de ahorros públicas o hablan sobre la inexistente incompetencia de los supervisores como Fernández Ordóñez o Julio Segura en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es bien cierto que el bipartidismo se repartió las entidades públicas y que la trama turnista del PP y el PSOE puso al frente a ineptos con carné o aficionados a tocar el piano delictivo como Narcis Serra, pero quienes se encargaban de supervisarlas eran estos dos altos funcionarios con capacidad profesional más que sobrada para saber lo que se estaba cociendo. Es en este último escalafón, donde abundan esos apellidos lustrados por el franquismo, donde por sumisión o cálculo, sus responsables no defendieron el interés general sino el  muy particular de las grandes familias.

Hace hoy justo una semana en la que Unidos Podemos pidió que se creara una comisión de investigación sobre el rescate de las cajas sin que el PSOE se sumara a esta propuesta por razones más que obvias. Pero de repente, tras la imputación del ex-gobernador socialista del Banco de España, los dos Hernandos del PSOE y el PP han descubierto ahora una alarma social que siete días antes se negaban a reconocer. Como siempre, vienen con la recortada y tratan de limitarla a Bankia para que no se revise lo sucedido con el saqueo de las restantes cajas, cuando no de impedirla, debido a que esta colosal estafa bipartidista se encuentra ya en los tribunales. Precisamente por ello, dado que la Justicia se levanta la venda cada vez que alguien de las grandes familias traspasa cualquier sede judicial, es más necesaria que nunca esta comisión de investigación parlamentaria.

Conviene no hacerse muchas ilusiones. En esa fosa de complicidades políticas bipartidistas, que tanto condicionan aún al resto de los poderes, no sólo se ha hundido al sistema de crédito, sino también la confianza en esta clase política tan bien conectada con las grandes familias. El dirigente de Compromís, Baldoví, tiene razón. Si no archivan la imputación, indultarán al imputado. Sólo cuando los ciudadanos se vaya percatando– como dice Boaventura de Santos en su ensayo sobre La difícil democracia– "que el destino sin esperanzas de la mayoría sin poder es causado por las esperanzas sin miedo de las minorías con poder," las grandes familias tendrán sus días contados. Hasta entonces, no habrá ninguna cuerda de presos para esos ciudadanos por encima de toda sospecha judicial.