El anunciado rechazo del recurso presentado por el PSOE contra la LOMCE, más conocida como ley Wert por el ministro del PP que la promulgó, por el Tribunal Constitucional, que se hará público hoy martes, confirma la actual involución política dirigida por la derecha española. Un puntapié jurídico contra el consenso social en el espacio educativo. El claro mensaje que Rajoy y Rivera envían a la oposición, a través de los magistrados constitucionales, es claro: que pierdan toda esperanza en cualquier pacto educativo. Puestos a tener que pactar, los estrategas del Partido Popular y de Ciudadanos prefieren hacerlo con la Iglesia Católica, que puede contribuir muy mucho a que hoy se vote, en expresión jesuítica del cura Camilo de la novela de Giovanni Guareschi, a los "partidos demócratas y cristianos";  o sea, al  PP y a Cs.

Del artículo 14 de la Constitución, que señala que los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por razón de religión o de sexo, no quedan ni siquiera las raspas en la ley Wert, ahora ratificada por el Tribunal Constitucional. Los criterios de la Iglesia Católica, en materia de enseñanza de religión o de segregación de sexos, se imponen sobre las restantes orientaciones de los ciudadanos españoles, que quedan relegados en función de los beneficios de la enseñanza privada. Toda una puñalada certera sobre la enseñanza pública bien envuelta en oportuna retórica democrática. Conviene no equivocarse. No se puede hablar de una vuelta al franquismo. Por el contrario, ahora asistimos, bajo una democracia parlamentaria, a que se vuelve a oficializar un estatus privilegiado a la Iglesia Católica.

De aquel lodo del 78, el estado aconfesional, estos lodos de 2018, el nacionalcatolicismo. Al no reconocerse entonces al Estado español como laico, el francés lo es desde 1905, se avanzaba de hecho hacia una confesionalidad solapada como la que ahora mismo se consagra constitucionalmente. Con un texto constitucional que obligaba a los poderes públicos a tener muy en cuenta"las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones", que ni siquiera se enumeraban, sólo hacía falta que llegaran a la Moncloa, en el momento adecuado, estos políticos eclesiásticos para darle la vuelta a la Constitución.

Una vez más el Tribunal Constitucional sirve como Tercera Cámara de los intereses de la derecha, cuando todos los magistrados del PP y PSOE, nombrados por ambos partidos, reflejan todos los postulados opuestos de los partidos que los eligieron. Así, la actual mayoría absoluta del PP en el Senado y  su mayoría relativa en el Congreso de los Diputados, se ven reforzadas con el absoluto control del Tribunal Constitucional. Tanto si están de acuerdo, como en lo referente a la cuestión nacional catalana, como si no lo están, sobre la controvertida interpretación de la libertad de enseñanza recogida por el artículo 17 de la Constitución del 78. Basta comprobarlo en  las hemerotecas. De hecho, fue uno de los preceptos más polémicos, si no el más, durante el proceso constituyente.

Es la consagración del nacionalcatolicismo de la derecha española. Ayer, sancionado en las sentencias sobre Cataluña; hoy, ensalzado con el privilegio educativo de la enseñanza católica. Esa concepción reaccionaria, basada tanto en el centralismo madrileño como en el clericalismo religioso, cabalga ahora con el viento a favor por los cuatro rincones de nuestra geografía y se configura como el principal eje ideológico de la mayoría de la sociedad. La sólida alianza entre  la rojigualda y el hisopo no es una novedad en nuestra historia, pero sí lo es que su actual hegemonía no vaya enmarcada hoy en un cuadro dictatorial. Desde la legalidad constitucional vigente, es impecable tanto el protagonismo democrático de un Rajoy revestido de Santiago Apóstol como el de Rivera encarnado en don Pelayo.

Previsiblemente, no veremos a Rajoy ni al monaguillo Rivera bajo palio, pero sí a la Iglesia Católica dándole al César lo que es del César, después de que desde la Moncloa se haya dado a Dios lo que, según el episcopado, es de Dios. Este imparable avance del nacionalcatolicismo conduce, más bien pronto que tarde, a que España sea la Polonia bis de la Unión Europea. Pese a que Berlín denuncia abiertamente esa involución de la derecha polaca, elogia la involución de la derecha española. Esa combinación del más pétreo nacionalismo hispano con el beaterío religioso, que es un pecado mortal en Varsovia, no llega ni a ser venial en Madrid. Nada le satisface más a la Merkel que el Trono vaya de la mano del Altar, en una España azotada por los vendavales de las revueltas sociales.