Aún cuando el salario mínimo de 900 euros se sitúa por debajo de los casi 1500 euros en una media docena de países de la Unión Europea, se ha iniciado una intensa batalla social por la mal llamada alta sociedad contra el acuerdo presupuestario firmado por PSOE y Podemos. Esa combinación facciosa de PP y Ciudadanos, mitad franquistas, mitad ultraneoliberales, le lleva a recuperar la afirmación de uno de los alcaldes del dictador en la década de los cincuenta: todo lo que sea darle más de 60 pesetas a un trabajador sería fomentar sus vicios. En ese revival de Franco que vive la derecha bajo la trinidad Casado, Rivera y Abascal– orientados por el caudillo Aznar– las subidas salariales son consideradas como pecado contra natura del sistema.

La presión de los grandes lobbies sobre la Moncloa es descarada. Dilatar la tramitación de los Presupuestos, demorar su aprobación, renegociar su contenido, dar la vuelta a lo pactado para retrasar su aplicación, es la táctica de una estrategia que busca convertirlos en papel mojado. Su artillería mediática no cesa de llevarse las manos a la cabeza; su infantería técnica ratifica, siempre desde una supuesta neutralidad tecnocrática, que es inviable subir el salario mínimo tanto como aumentar la fiscalidad en dos puntos de los 90.000 españoles que superan los 130.000 euros de renta anual. Siguiendo la línea del edil franquista, lo que es una virtud para los de arriba es vicio para los de abajo.

Como PSOE y Podemos necesitan el voto de sus aliados en la actual mayoría parlamentaria, los diputados vasco catalanes, esta presión contra Sánchez e Iglesias se vehiculiza a través del hombre del Ibex cerca del PNV– Josu Jon Imaz presidente de Repsol– y de la todavía ministra de Justicia sobre ERC y PdCat. Por dos razones opuestas: Imaz es tan apreciado por el nacionalismo vasco de los del PNV como Dolores Delgado despreciada por el nacionalismo catalán. ¿Cómo puede defender la teórica separación de poderes en el Estado español tras conocerse sus amistades peligrosos con el sector más delincuente del Ejecutivo? Parece como si una mano negra, de las que existen en el viejo PSOE tan presente en el nuevo PSOE, buscara que ERC votara en contra del acuerdo.

Simultáneamente, sus intelectuales orgánicos hablan a la vez de la socialdemocratización de Podemos o de la podemización del PSOE, buscando una bronca interna. La del sector prusiano del socialismo, contrario a la mala compañía de Iglesias; la del sector melón de los morados, más papista que el Papa socialista. O el PSOE se ha rendido a Podemos, o Podemos se ha integrado institucionalmente; nunca la realidad de dos partidos progresistas que han entendido bien que su competencia pasa por intentar recuperar el Estado del Bienestar roto por los siete años del gobierno Rajoy. Separar a Pedro de Pablo es la consigna, bien para volver a combinar a Pedro Sánchez con Rivera en el gobierno posterior a las urnas, bien para intentar sustituir mañana a Pablo Iglesias en la formación morada.

De no conseguir romper el pacto PSOE-Podemos mediante el veto nacionalista, que anteponga la cuestión de los presos políticos al acuerdo presupuestario, o de no lograr provocar una algarabía interna en Ferraz, esta batalla social de la alta sociedad se prolongaría hasta el cierre de las próximas urnas legislativas. No pueden admitir los 900 euros como salario mínimo porque relanzaría hoy la siempre aplazada reivindicación socioeconómica de la inmensa mayoría de los españoles. Como no se esperaban la buena relación de Pedro Sánchez e Iglesias, dada la muy mala relación histórica de estas dos familias ideológicas de la izquierda española, se han encontrado con el peor acuerdo de los que se podían encontrar.

No es extraño, por lo tanto, que los movimientos sociales respondan con la presión por abajo, en la calle, a la presión por arriba, en los despachos, instituciones y cloacas. Las acciones convocadas en las grandes urbes, el 24 de octubre, y en Madrid, el 27 de octubre, en defensa del acuerdo presupuestario PSOE-Podemos y de su inmediata aplicación es la mejor contribución popular al Gobierno Sánchez. La Moncloa necesita contar con el aliento ciudadano para responder a la agobiante presión de los que intentan impedir hoy la resurrección del Estado del Bienestar que daban por enterrado. Es una batalla que muy fácilmente pueden ganar Sánchez e Iglesias porque su acuerdo sólo afecta fiscalmente al 0,4% de los españoles que, eso sí, cuentan con casi todos los medios de comunicación para advertir sobre las graves consecuencias de luchar contra la desigualdad. Luego, la batalla social por abajo es clave para derrotar la batalla social de la alta sociedad.