El Lehendakari Urkullu lo ha dejado meridianamente claro en su testimonio ante el Tribunal Supremo: actuó como mediador entre el presidente Puigdemont y el presidente Rajoy. Declaración que cobra mayor notoriedad, ya que se produce horas después de que el propio Rajoy afirmara lo contrario, también en presencia de los magistrados del Tribunal Supremo y ante las muchas preguntas reiteradas sobre la mediación del gobierno de Euskadi en el grave conflicto del Gobierno de Cataluña con el Gobierno de España. O sea, tomando prestado el adjetivo de Pablo Casado, Rajoy ha sido ayer tan felón como Pedro Sánchez, y el Partido Popular ha precedido en la felonía al Partido Socialista, incluso el mismo Aznar fue en su día un pionero en la felonía cuando recurrió al Obispo Juan Maria Uriarte para que fuera mediador de la Moncloa con ETA.

Recordaba Sánchez al propio Casado, durante el último pleno del Congreso de los Diputados, que la mentira tenía las patitas cortas. Efectivamente, apenas han sido unos días los que ha habido que esperar para ver como las falsedades del líder del Partido Popular, sobre la negociación secreta del Gobierno de Sánchez con el de Torra, eran desmontadas por el relato de Iñigo Urkullu. Desde junio hasta octubre de 2017, el dirigente vasco fue un mediador habitual. Casi cinco largos meses de negociaciones que estuvieron casi a punto de desembocar en un acuerdo para sortear la Declaración Unilateral de Independencia a la vez que el 155.

Tanto el artículo 155 de la Constitución como el texto del discurso de Felipe VI del 3 de octubre, no contaban precisamente con las simpatías del dirigente popular. Su actitud  sobre la aplicación del citado artículo, precisó Iñigo Urkullu, fue renuente, y discrepaba del contenido de la intervención televisada del actual Jefe del Estado, tal y como han publicado los medios de comunicación. Causa estupor que ni Rajoy ni su vice presidenta, Soraya Saez de Santamaría, asumieran aquella salvajada del 1 de octubre de 2017 en Barcelona, llegando a  afirmar que ignoraban quien dio la orden de cargar contra la gente que iba a votar, ni tampoco quien la de detener la carga.

Sin embargo, Felipe VI leyó en televisión, sin problemas, el texto del 3 de octubre y una autoridad desconocida, una X, ordenó apalear a pacíficos ciudadanos, mientras Rajoy aplicaba el 155. Ahora se argumenta que el conflicto se les fue de la mano a todos los dirigentes políticos, lo que es una certeza incompleta, ya que también se podría argumentar lo contrario, que todo fue de la mano de aquellos que seguían un guión bien trazado, lo que también podría ser  una certeza a medias. Sea como sea, la pregunta es ¿quién mandaba en el Estado español si tanto el presidente del Gobierno como su vicepresidenta asistían como meros espectadores ante lo que ocurría en Barcelona? No, desde luego, el Ejecutivo y el Legislativo si se juzga a la luz de la cuestión catalana.

Probablemente, habría que remontarse a Manuel Fraga, otro felón del Partido Popular, para entender la imposibilidad de dar hoy una respuesta real a la interrogante sobre quien dirige ahora la política española. Porque fue el ex-ministro franquista, fundador del Partido Popular, quien después de traicionar a Francisco Franco, al que sirvió eficazmente, quien potenció la ambigüedad de la Constitución de 1978, en lo que respecta a las nacionalidades y a la separación de poderes. Iñigo Urkullu manifestó claramente que el acuerdo entre la Moncloa y la Generalitat estuvo a punto de ser un hecho, sin que explicara el por qué de su doble fracaso en Madrid y Barcelona, que obedece, seguramente, tanto a factores subjetivos apuntados como a factores objetivos no sugeridos.

Tras la sobria intervención del Lehendakari Urkullu, la primera consecuencia que se desprende, cuando el juicio no ha hecho más que comenzar, es que ni el Tribunal Supremo, ni el Partido Popular, ni la Constitución de 1978 refuerzan hoy su imagen, justo todo lo contrario. Salir vencedores de esta causa general política contra el soberanismo catalán parece  imposible. El Poder Judicial, al celebrar en el Tribunal Supremo una vista oral que debió  haberse celebrado en la Audiencia Nacional, o en una primera instancia en los juzgados de Cataluña; el Partido Popular, al no saber negociar con la Generalitat; y por último, la Constitución de 1978, al revelarse como impotente para encauzar el problema catalán. Torpemente encapsulado entre puñetas y ensotanados, va a agravarse salvo que las próximas urnas encaucen una salida.