Cabe preguntarse, en las condiciones en las que los ciudadanos vamos a votar en las triples urnas del 26 de mayo, si la voluntad de la soberanía popular va a ser respetada, visto lo visto lo que ocurre con la formación del nuevo gobierno. Si es cierto que elegiremos a los eurodiputados y a los diputados autonómicos de la gran mayoría de las autonomías, y concejales de los municipios, no lo es menos que los grupos de presión ya exigen nuevos ajustes, antes incluso de que Sánchez haya podido ser investido, pese a haber sido votado en las recientes elecciones generales. Los españoles asistimos perplejos al ejercicio del derecho a decidir de Botín y demás jerifaltes bancarios, a través de sus brazos mediáticos, que intentan ahora cortocircuitar cualquier gobierno de progreso y, sobre todo, impedir la elaboración de un programa progresista.

Por lo que vemos el artículo 1 de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, solo vale para Cataluña y Euskadi. Que sepamos hasta hoy no hay más limitación aceptada por el parlamento que la soberanía cedida a Berlín, vía Bruselas, pero la voluntad de la mayoría de los españoles, libremente expresada, vale más que las voluntades concretas de un puñado de financieros que, sin embargo, sin presentarse nunca a las elecciones, parecen ser más iguales que la totalidad de los restantes electores. Muy bien se pudo comprobar, durante el recuento de los votos del 28 de abril, como las plumas abotinadas insistían en que Sánchez debía ir de la mano de Rivera mientras que los socialistas gritaban en Ferraz, Con Rivera, no.

El acuciante problema de los españoles no es si Sánchez hace de Rey, Casado se descubre de centro o Rivera finge rebelarse contra el Ibex, sino la frágil situación socioeconómica que preside nuestras vidas. Cáritas, organismo no sospechoso, acaba de resumirlo de un modo concluyente: más de un 12% de los hogares familiares de los trabajadores han caído ya en la exclusión social, mientras que alrededor de un 40% se encuentra en  grave riesgo de verse pronto excluidos. Ese es el inquietante panorama que tiene por delante el PSOE después de barrer la basura de las tres derechas. No sería un problema si la Moncloa no se viese acosada por el derecho a decidir del Santander, La Caixa o el BBVA, o, lo que es lo mismo, por sus brazos mediáticos, desde el ABC a El País o La Vanguardia, y de Antena Tres a la Sexta.

No puede ser esa, por supuesto, la prioridad política de una Angela Merkel o de una Patricia Botín. Si la primera no se corta en exigir nuevos ajustes sociales a Sánchez, la segunda tampoco lo hace en manifestarse en favor del tipo de gobierno que puede aplicar esta cirugía social. Nada les interesa más que un gobierno propio, el que pudiera formar el PSOE con el partido de la banca, o, en su defecto, uno débil, timorato e incapaz de resistir los mandamientos bancarios o germanos. Sánchez lo sabe bien, dado que vuelve a vivir  bajo el estado de presión, mejor sería decir estado de excepción financiero, que confesara a Jordi Evole tras ser defenestrado. No ha sido todavía investido, sólo han transcurrido apenas una docena de días de su triunfo electoral, pero los decibelios del derecho a decidir de la banca atronan la Moncloa.

Los resultados del 26 de mayo, sean cuales sean, se enmarcan en este claro objetivo de los poderosos de aislar al PSOE y rematar a Podemos. De un lado, empujar a los barones socialistas y demás quintacolumnas del viejo socialismo a pactos con Ciudadanos; de otra parte, darle la puntilla a Iglesias volviendo a relanzar a Iñigo Errejón en programas de televisión de una cadena televisiva bien relacionada con Florentino Pérez, justo cuando la Junta Electoral Central acaba de prohibirle participar en debates televisivos como ocurrió con Vox. Es la misma estrategia. Ahogar a Sánchez restándole apoyos internos y externos. Los principales medios de comunicación, en manos de los bancos, se encargarán de explicarlo.

Este ciertamente insólito derecho a decidir del poder económico, que ha controlado y aún controla el Banco de España desde 1939, busca sumar otro representante de sus intereses en el próximo gobierno de Sánchez. Si Boyer, Solchaga y Solbes lo fueron bajo González, Rato bajo Aznar, Solbes y Salgado bajo Zapatero, y Guindos bajo Rajoy, ¿por qué no bajo Sánchez ? O sea, la continuidad de la misma política económica que ha multiplicado la desigualdad de los españoles y que, de no imponerse Pedro Sánchez, multiplicará asimismo el importante riesgo de exclusión del 40% de los hogares apuntado por Caritas. El dilema es claro. O un gobierno progresista impone un 155 simbólico a los que hoy violan el artículo 1 de la Constitución o se acabará en la involución democrática. Sánchez vive una coyuntura análoga a la que vivió Azaña cuando advertía que  o la democracia doblegaba a  Juan March o este banquero doblegaría a las instituciones democráticas. Ochenta años después aún no hemos superado las consecuencias de ese pulso perdido por el Estado español.