Opinion · El desconcierto

El test del Tribunal Supremo

No hay presidente de gobierno que no se queje de la herencia recibida, pero seguro que ninguno con más razón que Pedro Sánchez. La herencia catalana, actualizada hoy por la sentencia del Tribunal Supremo, no sólo va a condicionar su próxima presidencia sino que también condiciona la campaña electoral que aún no ha comenzado. No es ninguna novedad política puesto que le viene condicionando desde que entró en la Moncloa en junio de 2018, tanto que se vio obligado a convocar las elecciones del pasado 28 de abril por la negativa de los grupos parlamentarios catalanes a votar los Presupuestos, pero sí lo es que hoy se vea cogido entre los dos fuegos del soberanismo catalán y de la derecha española.

Que el Prat reviva las recientes imágenes del aeropuerto de Hong Kong, de cara a la opinión pública europea, entra dentro de lo esperado tras conocerse la condena por sedición de los dirigentes soberanistas catalanes. Lo mismo ocurre con todas las restantes movilizaciones sociales en solidaridad con los ayer condenados. Al fin y al cabo, representan a la mitad de Cataluña y a sus instituciones. Esperar lo contrario hubiese sido como pensar que una sentencia judicial resuelve un problema político histórico. La cuestión catalana sigue estando donde estuvo antes de que la famosa indolencia de Rajoy la agravara hasta los extremos en los que llegó en el otoño de 2017.

Lo que era del todo imprevisible es la indignación soterrada de toda la derecha española contra el Tribunal Supremo. Devota de Pablo Llarena, ha acogido con estupefacción que la sentencia dé la razón a la abogacía del Estado, que haya desechado el delito de rebelión y que de los siete magistrados firmantes ninguno haya emitido ni un voto particular. Es tanta su ira contenida que hasta el diario monárquico ABC publicaba el pasado domingo una portada en la que, sobre una fotografía muy reciente del Rey Felipe VI estrechando la mano al magistrado Manuel Marchena con motivo de la recepción real del 12 de octubre, titulaba «El Supremo pacta sedición». Un mensaje con bala, aunque no tan directo como el de un célebre periodista que ha pedido incluso el  pronto ingreso en prisión de los siete jueces firmantes de la sentencia. La sencilla deducción de los que desde la derecha critican es evidente: el Jefe del Estado ha dado la vuelta a su discurso del 3 de octubre de 2017.

En línea con el agit-prop de la derecha judicial, que aspiraba a que la sentencia fuera precedida de un  tenso debate en la Sala de la Discordia, tanto Casado como Rivera propugnan la lectura más rígida de la sentencia, exigen ya que no obtengan beneficios penitenciarios y piden a gritos la pronta entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional ante la movilización social de los soberanistas catalanes. Por no hablar de la oposición total a un posible indulto, como el que se concedió al teniente general Alfonso Armada que dirigió el golpe de Estado del 23-F de 1981, y sin embargo lo niegan a quienes, lo dice el propio Tribunal Supremo, no han intentando ningún golpe en Cataluña. Porque de aquella ficción golpista del instructor Llarena no quedan ni las raspas tras el repaso del Tribunal Supremo.

Si las encuestas sobre el 10-N señalan tanto a Sánchez ganador como a Santiago Abascal en una tercera posición electoral, se comprende el interés de volver de nuevo a las andadas sobre la cuestión catalana. Cerrado el ciclo judicial, con el que intentaron terminar con cualquier posibilidad de diálogo político entre la Moncloa y la Generalitat, les inquieta que las izquierdas mayoritarias catalana y española, ERC y PSOE, puedan encauzar hoy el problema catalán que ni siquiera intentaron encauzar las derechas catalanas y españolas. Pedro Sánchez y Gabriel Rufíán podrían lograr hoy, quizás, lo que no lograron, porque ni lo intentaron, Mariano Rajoy y Artur Mas. Abortar esa posibilidad en el feto es el objetivo de esta algarabía de la derecha contra el Tribunal Supremo.

Nada inquieta hoy más a la derecha que un gobierno progresista de Pedro Sánchez encuentre una salida al laberinto catalán. Sería tanto como perder un seguro de vida político, con el que llevan más de un cuarto de siglo sobreviviendo, para impedir ahora la recomposición aplazada de la derecha política pendiente desde Fraga. Sin Cataluña, la estrategia de la involución se caería por su propio peso. De ahí la importancia de las próximas elecciones en las que todas las fuerzas progresistas se ven obligadas a dar el do de pecho para frenar tanta irracionalidad. Si hoy se cuestiona hasta el Tribunal Supremo, pese a que ha condenado por sedición a todos los dirigentes soberanistas, ¿qué no se cuestionarán mañana si los votos populares no les envían al llanto y crujir de dientes electorales el próximo 10 de noviembre? El test del Tribunal Supremo no  deja lugar a duda alguna.