Opinion · El desconcierto

La subasta penal de las tres derechas

Pablo Casado pide la Ley de Seguridad Nacional, Albert Rivera demanda el 155 y Santiago Abascal el 116, ante la acción violenta de grupúsculos extremistas que manchan la movilización social del soberanismo catalán contra la reciente sentencia que ha condenado por sedición a todos los líderes del procés. Es decir, el PP presiona por el nombramiento por decreto de una autoridad centralista que asegure la coordinación de las distintas Administraciones; Ciudadanos por la suspensión de la autonomía catalana, pese a las dudas de su aplicación por un parlamento ya disuelto; y Vox clama por la ley de alarma, excepción y sitio.  Casado, Rivera y Abascal han comenzado a subastar la peor respuesta penal a un problema político.

Es una subasta electoral. A menos de un mes de las elecciones, las tres derechas pugnan por llevarse los votos de un electorado común bastante irritado con el gobierno de Pedro Sánchez. Casado no puede distraerse si no quiere perder el ascenso que le señalan los sondeos, Rivera trata de no hundirse en la miseria que también le indican las encuestas, y Abascal galopa con el viento a su favor. Aquí lo que se cotiza es la mano dura con un mismo objetivo. Darle la vuelta a la sentencia, volviendo a transformar por la vía de los hechos la sedición en rebelión. Menos un Supremo que pacta condenas y más un Llarena que no se anda con remilgos. La pugna hasta el próximo 10 de noviembre es creciente: ¿Quién da más?

Abascal lleva ventaja. Ha convocado una manifestación en la plaza de Colón el sábado 26 de octubre a la que no tendrán más opción que acudir a remolque Casado y Rivera. Del mismo modo, rentabiliza ahora mismo las primeras querellas contra los soberanistas catalanes, mientras Rajoy asistía indiferente a la castración del Estatut de 2006 y Rivera jugaba al lerrouxismo en Cataluña. De momento, los de Vox han conseguido detener el viaje al centro del Partido Popular a la vez que obligado a Ciudadanos a cortarse la mano tendida a Sánchez. Porque los dos partidos institucionales, PP y Cs, nunca podrán decir lo que piensan, como lo hacen, sin ninguna atadura, quienes hasta ayer eran unos meros outsiders, Vox. Los responsables de  aquella enorme descoordinación policial de otoño de 2017 son, desde luego, los menos autorizados para hablar de la labor coordinada de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional en el otoño de 2019. Ninguna comparación puede ser más odiosa para Casado y Rivera.

Ninguno de los tres líderes propone hoy la más mínima respuesta política. Aquí no hay más que palo sin zanahoria. Ni por casualidad se les ocurre alguna idea para combatir la creciente desafección de algo más de la mitad de la sociedad catalana. Después de la Ley de Seguridad Nacional, el 155 o el 116, ¿qué? Si tras el 155 de Rajoy volvemos a estar como antes de su entrada en vigor, porque siempre han denunciado como traición cualquier intento de diálogo, cabe deducir que entraríamos en la conocida espiral acción-reacción de previsibles efectos devastadores para el sistema democrático. En la burbuja política en la que vive la derecha todo se reduce a la dialéctica España-AntiEspaña. Irresponsablemente se carga sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la cuestión catalana como si hoy la necesidad real de combatir los efectos ahorrase a estos tres políticos el trabajo de superar las causas políticas que los gestan.

Las tres derechas son como el perro del hortelano. Ni hacen política en Cataluña, ni dejan que nadie la haga. Bloquean por completo cualquier salida, que no solución, al histórico problema catalán. Sin un consenso derecha e izquierda ningún gobierno puede dar un solo paso en el diálogo político con toda la sociedad catalana. No es que carezcan de una visión de Estado sino que esta visión se aproxima más a la existente en la España preconstitucional que a la fijada en la Constitución de 1978. El no al Estatut, el no al diálogo, el no a la reforma constitucional, nos ha llevado al laberinto sin salida en el que nos encontramos. Y esta triste subasta de votos de las tres derechas encierra los peores augurios si un próximo gobierno progresista no puede resolver lo que una derecha española y una derecha catalana, lastradas por anteojeras patrioteras, han agravado seriamente a lo largo de la última década.

Esperemos que no se cumpla el lúcido pronóstico pesimista del alcalde de Valladolid, Oscar Puente– cuando la derecha madure, ya será tarde– porque nos va la vida democrática en ello. Una cosa es defender el orden público y otra muy distinta utilizar el desorden con fines políticos. Si en Francia la violenta acción de los gilets jaunes se ha resuelto bien con la legislación ordinaria, no se entiende que ahora mismo en Cataluña sea imprescindible resolverla con la extraordinaria del 155, el 116 o la ley de Seguridad Nacional.  Nada podría ser hoy más contraproducente, cuando son los Mossos los que defienden el orden constitucional, que subordinarlos a las policías estatales. Ni nada sería más perjudicial para el sistema democrático, cuando la izquierda catalana ni recoge la propuesta de un nuevo referéndum unilateral formulada ayer por el president Quim Torra, que una ficticia unidad de partidos estatalistas.

Los tres subasteros– Casado, Rivera y Abascal– sólo intentan impedir que de las urnas del 10 de noviembre salga un sólido gobierno progresista que, a lo largo de los próximos cuatro años, pueda sustituir la actividad policial por la actividad política en Cataluña. Si Sánchez junto con las restantes fuerzas progresistas lo lograse, el futuro de las tres derechas, en una sociedad como la española hegemonizada por el centro izquierda, sería muy incierto, mientras no superen los tics heredados que les dificultan adaptarse a la realidad de la Unión Europea. Aquellos mismos que en 1981 se parapetaban tras los militares, se parapetan en 2019 tras jueces y policías. Ayer y hoy con idéntico objetivo autoritario: la involución preconstitucional. Buscan borrar este octubre negro para la derecha– donde el Tribunal Supremo les ha negado amparo  tanto sobre el cierre del mausoleo de Franco como sobre  el delito de rebelión– en las urnas de noviembre con ayuda de los grupúsculos violentos que actúan en Cataluña. Los extremos se tocan en estrangular el pacto antes del voto.