Ya puede añadir Pedro Sánchez un nuevo capítulo a su Manual de Resistencia. Su investidura de ayer le consagra como un hábil político capaz de vencer la carrera de obstáculos que ha sido su reelección como presidente de Gobierno. Que lo haya conseguido con la colaboración de Unidas Podemos y con la abstención de Esquerra Republicana, que anteriormente rechazaron pactar con el PSOE, indica su realismo, flexibilidad y capacidad de diálogo; vital en un Congreso de los Diputados tan fragmentado. Bien sumados a su intuición y valentía, fundamental para superar el crucial test de Oriol Junqueras planteado por los republicanos, explican que hoy continue en el palacio de la Moncloa.

Ahora le toca frenar en seco la embestida de las tres derechas que no le perdonan haber situado al PSOE al frente de una amplia coalición de toda la izquierda española, catalana y vasca. La ira de los diputados derechistas, contra los dos portavoces de Esquerra Republicana y Bildu, evidencia su enorme decepción. Esperaban que una vez más la cuestión nacional impidiera un nuevo gobierno progresista. Habría que remontarse a la audacia de Adolfo Suárez, cuando legalizó al PCE, para encontrar un precedente de hacer oficial en el parlamento lo que es real en las calles de Cataluña y Euskadi. La embestida de Casado, Abascal e Inés Arrimadas, sostenida por una pléyade de altos funcionarios, va a desarrollarse política, mediática, social y jurídicamente.

Tan potente es la arrancada de esta embestida que ha aplazado la composición del nuevo gobierno hasta una buena  coordinación de los nombramientos de  los altos cargos. Probablemente, alguno de los nombres sugeridos, propuestos o anunciados haya suscitado reacciones inquietantes recogidas por el ministerio afectado o, tal vez, haya sido el propio Sánchez el más preocupado por su repercusión en esta tensa coyuntura. Si  con mas de doscientos escaños González sufrió un problema análogo, mucho más con los que cuenta hoy el PSOE. Si entonces se dio marcha atrás, parece lógico que la Moncloa se tome una semana más. La impaciencia es  muy mala consejera y la imprudencia peor.

La proyectada desjudicialización de la política en Cataluña, que anuncia Pedro Sánchez, va a coincidir con una planificada e intensa judicialización de la política en España. Pablo Casado no oculta su intención de lograr el doble epitafio político y penal del presidente de Gobierno. La obstrucción judicial a la política gubernamental va a estar a la orden del día. Bien desde el Tribunal Supremo, bien desde el Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez va a tropezar con las togas patrióticas en las que puede terminar enredado a muy poco que se descuide. El objetivo político anunciado es acabar procesándole por prevaricación, según Pablo Casado, o por traición, según Abascal. No faltan Llarenas dispuestos a repetir en Madrid la judicialización de la política ensayada antes en Barcelona.

Sánchez ha ganado la batalla de la investidura, pero le queda por ganar la batalla de la renovación del Poder Judicial. Si el PSOE controla la Mesa del Congreso de los Diputados, a través de Meritxell Batet, el PP controla el Consejo General del Poder Judicial, a través de Carlos Lesmes, con el añadido, además, de que para cambiarlo es necesario el voto de los tres quintos de los diputados, mientras que para cambiar la mayoría parlamentaria solo es necesario la mitad más uno de los escaños. Lo que quiere decir que el poder judicial, sea en el Supremo o en el Constitucional, sigue y seguirá en manos del Partido Popular. En este contexto es imposible pensar que la derecha vaya a aceptar pactar la renovación del  Consejo General del Poder Judicial continuamente aplazada.

El conflicto de poderes entre el ejecutivo y el judicial está servido y lo estará aún más a medida que la Mesa de Diálogo sobre Cataluña, que se abrirá a finales de enero, vaya avanzando en su agenda jurídicopolítica. No es casual que Carlos Lesmes se disponga a cubrir las tres plazas vacantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se ocupa de los contenciosos políticos. Ese conflicto de Sánchez con Lesmes es hoy tan buscado como el del presidente del Gobierno con el Jefe del Estado, bien evidente en el intento de apropiación de la figura de  Felipe VI por parte de  Casado y Santiago Abascal. Es un mensaje envenenado para los diputados catalanes y vascos: cualquier acuerdo con el Gobierno de Sánchez no es un acuerdo con el Estado.

La embestida intenta frustrar la legislatura de Sánchez mediante la fórmula portuguesa, la dimisión del gobierno de Vasco Goncalves en Lisboa, o la fórmula francesa, el cese de los ministros comunistas en el gobierno de  François Mitterrand, tras una sistemática campaña mediática y constante presión política. En definitiva, o bien Pedro Sánchez dimite o bien prescinde de Junqueras e Iglesias. Si aquellos dos gobiernos –los únicos basados en la unidad de la izquierda en la Unión Europea a lo largo del último medio siglo– fueron derribados, por qué no derribar ahora este tercer gobierno progresista de  Sánchez, se preguntan Casado, Abascal y Arrimadas, obviando claro está un dato esencial: que ya no existe el Muro de Berlín.