La realidad es bastante testaruda. El voluntarismo puede ser útil en algunas ocasiones para llegar a la Moncloa, pero siempre es inútil para continuar como inquilino del Estado. Así el Gobierno de Sánchez acaba de derogar la derogación de la reforma laboral, rectificando con una segunda votación lo que había votado en la primera, al mismo tiempo que  borrado lo que el presidente del Gobierno ha calificado como "el fetiche del impuesto a las grandes fortunas", que había pactado con las fuerzas políticas que le invistieron justo antes de la quinta votación sobre la prórroga del estado de alarma. Un triple mensaje que envía a Antonio Garamendi , Angela Merkel e Inés Arrimadas.

Antes, durante y en la reciente cumbre empresarial de la CEOE, Garamendi había reiterado sobre  la necesidad de no derogar hoy la reforma laboral de Rajoy, incluso llegó a amenazar con romper todo diálogo social si no se desmentía el acuerdo con Bildu. De hecho, la ministra Yolanda Díaz se quedó fuera de juego, sin interlocutor con quien poder negociar, hasta que quedó claro que lo firmado  por Adriana Lastra con la izquierda abertzale era papel mojado. Luego, se imponía el esperpento, protagonizado por el  propio portavoz adjunto socialista Rafael Simancas. En cuanto al fetiche fiscal, ahora sustituido por una subida de impuestos que antes era complementaria, va de soi que el Gobierno no puede ni intentarlo si busca  un acuerdo para la reconstrucción.

La reciente elección de Ciudadanos como socio prioritario del Gobierno conlleva ineludiblemente modular la derogación de la reforma laboral de Rajoy, así como fetichizar al impuesto sobre las grandes fortunas. Pasar de una simple mayoría aritmética de izquierda a una mayoría política de centro izquierda exige consensuar dichas medidas por su repercusión económica. La derogación de la reforma laboral puede ser viable desde la izquierda, nunca lo puede ser desde el centro izquierda. La necesidad imperiosa de un  sólido pacto sociopolítico va acompañada de cesiones mutuas, obligadas por una correlación de fuerzas que divide en dos grandes bloques la sociedad española.

Más le vale a Pedro Sánchez decidir por sí mismo ambas rectificaciones, que verse mañana obligado a aceptarlas como dos condiciones del paquete de tributos que acompañará la ayuda de Angela Merkel.  De igual modo, con el doble aval político de la CEOE y de Ciudadanos, intenta consolidar su imagen gubernamental de cara a la Unión Europea. No es lo mismo acudir a Bruselas de la mano de Bildu y Esquerra Republicana que viajar con Ciudadanos y el PNV. Ni que decir tiene, por supuesto, que no parece que abunden los partidarios de los impuestos a las grandes fortunas, ni tampoco los de los  derechos laborales, en la nomenklatura bruxelense. Sobre todo, cuando Angela Merkel va a tener que arremangarse para lidiar con la Europa del Norte reticente a soltar dinero a la Europa del Sur.

Tampoco le queda otra opción a Sánchez, dado que Esquerra Republicana no parece entender muy bien que lo que fue posible de noviembre a marzo, el ultimátum permanente al gobierno progresista, no lo es desde mayo. No comprende que hoy no es posible vetar a Ciudadano como socio de gobierno, ni mucho menos pretender que la Moncloa intente esperar a las urnas catalanas para apoyar los Presupuestos. Ensimismada  en la cuestión catalana, que se agudizará in crescendo este próximo otoño, esta fuerza catalana infravalora la cuestión española y no capta la gravedad  de lo que supondría una alternativa involucionista. Al igual que en la II República, creen en la posibilidad de luchar por Cataluña sin tener en cuenta ahora la consolidación del gobierno de Pedro Sánchez, como no lo tuvieron entonces con el de Juan Negrín.

En el debate sobre los Presupuestos, que se producirá este próximo otoño, Pedro Sánchez tiene claro que Oriol Junqueras volverá a reincidir en el error cometido en la batalla sobre la pandemia del coronavirus, cuando aquel votó contra la prórroga del estado de alarma en compañía de Vox pese a la oferta sistemática de diálogo mantenida por la Moncloa. Oferta que previsiblemente se mantendrá, sin hacerse  el presidente del Gobierno ninguna ilusión con la idea de ERC se integre en la nueva mayoría de centro izquierda, que permitiría que la  XIV legislatura llegara con orden y concierto hasta 2023.  Es un escenario tan posible como improbable; pero esa incierta posibilidad, se concrete o no, es ya indiferente para el resultado de la batalla presupuestaria.